Gisela Ortiz tenía 19 años en 1992 cuando su hermano, Enrique, fue desaparecido, junto con otros ocho estudiantes y un profesor, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como “La Cantuta,” por un escuadrón de muerte militar. Conocí a Gisela en 1994. En aquel entonces, Alberto Fujimori estaba en la cima de su poder, con un Congreso servil y una Constitución hecha a su gusto tras su “autogolpe” de abril de 1992. Me impresionó su valentía y determinación. Durante más de tres décadas, Gisela ha sido una de las voces más claras e importantes del movimiento de víctimas en Perú, exigiendo verdad y justicia para quienes, como su hermano, fueron víctimas del terror del Estado. En la tarde del 21 de agosto, Gisela comparecerá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con otras víctimas, para denunciar una nueva ley de amnistía que podría liberar a militares y policías condenados o procesados por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en Perú. La Corte convocó esta vista para escuchar las voces de las víctimas y sus aliados de la sociedad civil, así como del Estado peruano, en relación con la ley.
Esta legislación es el último intento de obstaculizar los extraordinarios esfuerzos del Perú para llevar ante la justicia a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Durante casi una década, investigué el proceso de búsqueda de justicia por estos crímenes en el Perú. En este tiempo, me dediqué a la observación de juicios emblemáticos, como el celebrado entre 2007 y 2009 contra Alberto Fujimori, quien fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión por los asesinatos de la Cantuta y la masacre de Barrios Altos en 1991.
A lo largo de las últimas dos décadas, los tribunales peruanos han juzgado más de 150 casos, entre ellos masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, y cientos más están pendientes de juicio. El ejército y sus aliados conservadores llevan mucho tiempo impugnando estos esfuerzos. Se presentan como los héroes que salvaron la democracia peruana de la violencia de Sendero Luminoso, difaman a los y las abogados de derechos humanos que representan a las víctimas, y afirman que son ellos las víctimas de una persecución política e injusta.
La nueva ley de amnistía fue impulsada por un pequeño grupo de legisladores de derecha, que aprovecharon un receso del Congreso para aprobar la legislación en junio con solo un puñado de votos. Los grupos de víctimas, varias organizaciones de la sociedad civil y grupos internacionales de derechos humanos, entre ellos WOLA, expresaron su rechazo a lo que pronto se denominó la “ley de impunidad” y pidieron a la presidenta Dina Boluarte que se abstuviera de promulgarla. Del mismo modo, la presidenta de la Corte Interamericana, Nancy Hernández López, pidió a Perú que suspende inmediatamente la aprobación de la controvertida ley hasta que la Corte pudiera analizar sus efectos sobre las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En ambos casos, la Corte declaró responsable al Estado peruano, lo que contribuyó al enjuiciamiento y la condena del expresidente Alberto Fujimori, altos mandos militares y miembros del escuadrón de la muerte Grupo Colina.
El 13 de agosto, en una extravagante ceremonia pública, la presidenta Dina Boluarte, flanqueada por miembros de las fuerzas armadas, firmó la ley de amnistía. Abogados de derechos humanos como Gloria Cano y Carlos Rivera, que han representado a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, rechazaron la decisión de Boluarte, ya que esta socava el derecho de las víctimas a acceder a la justicia. Cano afirmó que, al firmar esta ley, Boluarte está desafiando abiertamente una orden judicial. Señaló la especial gravedad de esta acción, ya que la Corte ya había convocado una audiencia el 21 de agosto con el fin de examinar el asunto.
Lamentablemente, no es la primera vez que Perú ignora una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2023, la Corte ordenó a Perú que no aplicara un controvertido indulto de 2017 para liberar a Alberto Fujimori de prisión, pero el gobierno no hizo caso y lo liberó. (Murió varios meses después.) Según Rivera, estos desacatos “coloca [al Perú] —junto a Venezuela y Nicaragua— como países que repudian los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos”.
Hacer responsable al Estado
Entre 1980 y 2000, Perú vivió un brutal conflicto armado interno entre la insurgencia maoísta Sendero Luminoso y el Estado peruano. Una comisión de la verdad determinó que 70.000 personas fueron asesinadas, el 75% de ellas indígenas y campesinos. Se estima que 22.000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, entre ellas Enrique, hermano de Gisela Ortiz. Sendero Luminoso fue considerado responsable del 54% de estos abusos, mientras que el Estado peruano lo fue del 35%.
Integrantes de Sendero Luminoso fueron procesados por la justicia—aunque es importante decir que muchos de ellos fueron asesinados, en muchos casos de manera arbitraria, o desaparecidos durante el conflicto). Sin embargo, por muchos años, nadie tuvo que responder ante la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por parte del Estado. Durante el conflicto armado, pocos casos fueron investigados, y los que fueron investigados fueron remitidos por la Suprema Corte de Justicia de Perú a los tribunales militares, donde se desestimaron los cargos o se imponían sanciones administrativas leves. En 1995, la impunidad se convirtió en política oficial del Estado cuando el Congreso, bajo control de Alberto Fujimori, aprobó dos leyes de amnistía que impedían investigar a los agentes estatales por violaciones de derechos humanos.
La posibilidad de enjuiciar casos emblemáticos de graves violaciones de los derechos humanos, en particular los casos de abusos cometidos por el Estado, surgió sólo después de la transición de Perú a la democracia en 2001. Ese mismo año, la Corte Interamericana emitió una sentencia en el caso Barrios Altos, determinando que las leyes de amnistía de 1995 infringen las obligaciones internacionales de Perú y carecían de validez jurídica. Posteriormente, el Tribunal Constitucional de Perú confirmó esta decisión. En su informe final, publicado en 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó, entre otras cosas, la judicialización de casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos. Para ello, siguiendo las recomendaciones de la CVR, se crearon unidades especializadas en derechos humanos en el Ministerio Público y el Poder Judicial para atender estos casos, así como los de terrorismo. En 2006, se emitió la primera condena en contra de cuatro oficiales de policía por la desaparición forzada del estudiante universitario Enrique Castillo Páez. Desde entonces, se han llevado ante los tribunales peruanos más de 150 casos de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, aún quedan cientos de casos pendientes.
El largo camino hacia la justicia
Boluarte argumentó que la ley de amnistía era necesaria porque los militares y policías que “defendieron la patria” habían sido “injustamente acusados” y se habían enfrentado a “juicios interminables” que afectan tanto a ellos como a sus familias. Es cierto que en Perú, así como en otros lugares, los juicios en casos de graves violaciones de derechos humanos tienden a ser largos. Sin embargo, en el caso de Perú, se han alargado, retrasado y entorpecido de manera deliberada y continua, con el propósito final de debilitar los intentos de rendición de cuentas.
Los retrasos en las investigaciones y en la fase de juicio público son el resultado de políticas públicas durante los últimos 15 años han socavado la capacidad de los y las fiscales y jueces para hacer su trabajo de manera eficaz, lo que ha tenido un impacto negativo en la administración de justicia. Esta conclusión se basa en años de investigación sobre los juicios por derechos humanos en Perú, que comenzaron con el juicio de Alberto Fujimori entre 2007 y 2009. Durante un período de nueve años, mi equipo de investigación y yo llevamos a cabo un monitoreo de casos relacionados con masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales. Nuestra investigación reveló que un elemento crítico que a menudo no mencionan quienes están a favor de la amnistía para los militares y policías es la falta de voluntad política para apoyar el proceso de justicia en casos de derechos humanos.El gobierno de transición de Alejandro Toledo (2001-2006) apoyó la creación de las unidades especiales de derechos humanos del Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero los gobiernos posteriores mostraron menor entusiasmo, e incluso hostilidad, ante estas unidades. Durante el mandato de Alan García (2006-2011) y en los gobiernos posteriores, los recursos destinados a las unidades de investigación de derechos en el Ministerio Público fueron reducidos drásticamente, lo que limitó la capacidad de los fiscales para actuar con eficacia en los cientos de casos archivados. Las personas que participaron en estos procesos, especialmente los abogados de las víctimas, Gloria Cano y Carlos Rivera, fueron demonizados por funcionarios del Gobierno, que llegaron a acusarlos de colaborar con Sendero Luminoso. El Estado comenzó a pagar la defensa de militares y policías acusados de graves violaciones de derechos humanos, generando una condición de desigualdad con las víctimas que muchas veces no tenían acceso a abogados para representar sus casos. En 2010, el Gobierno de García intentó imponer una ley de amnistía, pero fue revocada tras las protestas nacionales e internacionales.
Por otro lado, la Corte Nacional Penal, que se formó en 2005 para juzgar casos de terrorismo y violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado, sufrió numerosas modificaciones que alteraron su enfoque inicial. Al verse obligados a asumir otros casos complejos, como el narcotráfico, el lavado de dinero y los conflictos sociales, los y las jueces tuvieron que hacer malabarismos con agendas sobrecargadas. Este fue otro elemento que ha provocado la prolongación de los juicios de derechos humanos.
Un ejemplo es el juicio por la masacre de Accomarca, que yo y mi equipo observamos desde su inicio hasta su fin. El juicio público duró seis años, desde la primera audiencia en noviembre de 2010 hasta el veredicto final el 31 de agosto de 2016. Otro juicio que observamos abordó los abusos cometidos en la base militar de Los Cabitos, en Ayacucho, en 1983, entre ellos detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual. El proceso judicial duró más de cinco años, desde su inicio hasta su conclusión.
Otro dato preocupante es que muchos de los condenados no acudieron a la vista de lectura de sentencia y siguen en paradero desconocido. Casi una década ha pasado desde que dos altos mandos militares fueron condenados como autores intelectuales de la masacre de Accomarca. Entre ellos está el general Wilfredo Mori Orzo, que en ese momento era el jefe de la Zona Militar de Ayacucho. Actualmente, ambos siguen cómo fugitivos de la justicia.
El círculo de impunidad
La presidenta Dina Boluarte, que asumió el cargo en diciembre de 2022 tras el fallido intento de golpe de Estado de su predecesor, Pedro Castillo, se ha mantenido en el poder a pesar de su impopularidad. Ha logrado mantenerse en el poder mediante una combinación de represión violenta de las protestas sociales y una alianza tácita con una coalición informal de bloques legislativos en el Congreso. En medio de las protestas durante los primeros meses de su presidencia que pedían nuevas elecciones, 50 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad y cientos más resultaron heridas. Nadie ha sido responsabilizado por los hechos. La represión estatal y la impunidad han tenido un efecto disuasorio sobre las protestas contra una presidenta impopular. Por su parte, el también impopular Congreso ha utilizado su poder para cooptar instituciones democráticas clave, incluido el Tribunal Constitucional, destruir los mecanismos de control y equilibrio, y socavar el Estado de derecho. Este deslizamiento hacia el autoritarismo ha sido ampliamente criticado por académicos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al apoyar la ley de amnistía, Boluarte busca consolidar su alianza con los legisladores de extrema derecha en el Congreso que respaldan a los militares y llevan mucho tiempo tratando de poner fin a los procesos penales contra oficiales acusados de cometer masacres, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.
Entre estos legisladores hay militares retirados que participaron en la guerra contrainsurgente. Algunos de ellos, como José Williams Zapata, fueron llevados a juicio. En su caso, fue procesado junto con más de dos docenas de oficiales y soldados por la masacre de Accomarca de 1985. Los superiores de Williams fueron condenados, al igual que los soldados que operaban bajo su mando, pero él fue absuelto y siguió su carrera política. Él, junto con el ex almirante de la Marina Jorge Montoya, se encuentran entre los defensores más acérrimos de la ley de amnistía. Williams dijo que la ley de amnistía representaba “un acto de justicia” para favorecer a militares y policías que “cumplieron con su deber”. No menciona que 30 de las 69 víctimas en Accomarca eran niños y niñas, y la mayoría de las demás, mujeres y ancianos, ni que varias mujeres fueron violadas sexualmente antes de ser asesinadas.
Días después de la promulgación de la ley de impunidad, el Tribunal Constitucional de Perú emitió un fallo que exime a los presidentes en ejercicio de ser investigados, lo que, al menos por ahora, pone fin a las investigaciones sobre Boluarte por la muerte de 50 personas a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas contra su gobierno en 2022 y 2023. Con ello, pareciera completarse el círculo de impunidad, que abarca los abusos del pasado hasta los actuales.
Aún hay posibilidades de que se haga justicia
Como ha señalado Gloria Cano, la decisión final sobre la aplicación de la ley de amnistía recae en los y las jueces peruanos. Dos militares condenados por la masacre de Cayara en 1988 ya han presentado una petición para que se aplique la ley de amnistía a su caso.Según la doctrina del control de convencionalidad de la Corte Interamericana, los jueces tienen la facultad de negarse a aplicar la ley. La adhesión de Perú al derecho internacional y a los tratados internacionales está reconocida en su Constitución. Varios jueces han aplicado este razonamiento en relación con otra ley aprobada el año pasado, que pretendía liberar a personas condenadas de violaciones de derechos humanos basándose en el argumento falaz de que los casos de crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma, están prescritos.
Es probable que la Corte Interamericana dicte una resolución en la que exija al Perú que anule la ley de amnistía o se abstenga de aplicarla. Mientras tanto, los y las familiares de las víctimas como Gisela Ortiz seguirán exigiendo su derecho a la verdad, la justicia y la memoria en los ámbitos nacional, regional e internacional. Y la sociedad civil nacional e internacional los seguiremos apoyando.
