Con el presidente Bernardo Arévalo iniciando su segundo año de mandato, Guatemala se enfrenta a un panorama político desafiante. Su primer año estuvo marcado por una mezcla de esperanza y frustración, mientras su administración intentaba impulsar cambios enfrentándose a una fuerte oposición política, obstáculos institucionales y recursos limitados. Aunque se han logrado avances en áreas como la justicia social y el combate a la corrupción, las altas expectativas a menudo han chocado con las complejas realidades del gobierno. En este artículo de preguntas y respuestas, analizamos los principales temas y desafíos que enfrenta la presidencia de Arévalo en su esfuerzo por navegar por un complejo entramado de obstáculos políticos, económicos y judiciales. La Directora para Centroamérica, Ana María Méndez Dardón, responde cinco preguntas clave sobre el primer año de Arévalo en el cargo y comparte su análisis sobre las relaciones bilaterales entre EE. UU. y Guatemala en el momento en que Trump se prepara para asumir la presidencia de los Estados Unidos.
¿Cuál es la percepción pública de Arévalo después de su primer año de gobierno?
En primer lugar, creo que el destacado desempeño de Bernardo Arévalo en la primera vuelta de las elecciones, que le permitió asegurar la victoria en la segunda vuelta en agosto de 2023, fue totalmente inesperado, particularmente para las élites tradicionales y las redes ilícitas en Guatemala. Por ello, estos grupos utilizaron el sistema judicial, especialmente el Ministerio Público, para intentar bloquear la toma de posesión de Arévalo en enero de 2024. Sin embargo, la ciudadanía, especialmente los grupos indígenas, protestaron en apoyo de la democracia, lo que creo fue el factor clave que permitió que asumiera el cargo el 14 de enero de 2024.
En septiembre de 2024, Arévalo ocupó el cuarto lugar entre los presidentes más populares de América Latina, con una aprobación del 54 por ciento. Desde entonces, algunos medios han reportado que su popularidad ha disminuido. Ya no es tan popular, y creo que la gente está frustrada. Muchos están decepcionados, particularmente algunos miembros de organizaciones de la sociedad civil, así como periodistas, ya que esperaban un estilo de liderazgo más audaz.
Por ejemplo, Arévalo no utilizó su autoridad para remover a la muy controvertida Fiscal General Consuelo Porras. Así que la gente se desilusionó rápidamente porque pensaban que esa debería haber sido la primera decisión que tomara al asumir el cargo en enero pasado. Su decisión se debió a una ley específica que lo bloqueaba y a una opinión legal obligatoria emitida por la Corte de Constitucionalidad, que establecía que, si bien la Constitución le permite tomar dicha decisión, existe una ley que requiere un debido proceso para la remoción del fiscal general. Ante esto, Arévalo consideró importante respetar el estado de derecho y las normas democráticas.
Otra razón de la frustración es que algunas personas esperaban una narrativa más populista, especialmente en temas de seguridad y corrupción, que son muy populares en la región en este momento. El presidente Bukele de El Salvador, por ejemplo, es muy popular también en Guatemala. Lo que estamos viendo es que las personas están dispuestas a aceptar un liderazgo con tendencias autoritarias en cuestiones de seguridad, algo que no coincide con el estilo de Arévalo.
¿Qué desafíos ha enfrentado Arévalo en términos de gobernanza? ¿Cómo ha afectado la debilidad del sistema judicial de Guatemala, incluida la designación de magistrados y el poder de Consuelo Porras, a su agenda de reformas?
Uno de los mayores problemas que enfrenta Guatemala, incluso Bernardo Arévalo, es la falta de independencia judicial, tanto en el Ministerio Público como en las altas cortes.
Actualmente, hay nueve investigaciones abiertas contra Bernardo Arévalo lideradas por el Ministerio Público bajo la dirección de María Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por EE. UU., la Unión Europea y 42 otros países por corrupción significativa y por socavar la democracia y el estado de derecho.
Cuando el expresidente Alejandro Giammattei estaba en el cargo, nombró a Consuelo Porras como Fiscal General tras un proceso de selección altamente irregular. Desde entonces, ella ha desmantelado la institución de muchas maneras. Por un lado, ha promovido la persecución y criminalización contra voces disidentes, incluidas las de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personal del poder judicial independiente que desempeñaron un papel clave en el enjuiciamiento de casos de corrupción y abusos a los derechos humanos. Por otro lado, un reciente informe de la sociedad civil en Guatemala demuestra su falta de eficiencia en en lo relativo a crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y otros delitos. Básicamente, el Ministerio Público no solo se ha convertido en una herramienta de represión, sino que también bloquea el acceso a la justicia para la población guatemalteca por delitos comunes, como la extorsión.
El año pasado, el Congreso eligió nuevos magistrados para la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Hubo mucha atención internacional hacia este proceso; Arévalo solicitó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una misión de observación, y esta fue desplegada. Sin embargo, redes ilícitas se infiltraron en el proceso e influyeron en las decisiones. La sociedad civil señaló irregularidades, pero fueron ignoradas. A pesar de la apertura de Arévalo a la supervisión internacional, el Congreso eligió candidatos que han sido criticados por su falta de idoneidad y parcialidad, lo que pone en riesgo la independencia del poder judicial.
En el Congreso, el partido de Arévalo, Semilla, también se encuentra en minoría (23 de 160 escaños). Han intentado aprobar una agenda progresista sobre justicia y derechos humanos, además de una Ley de Competencia para fortalecer la transparencia y la equidad en los mercados guatemaltecos, beneficiando a consumidores y productores. Sin embargo, otras leyes propuestas, como una que permitiría a Arévalo destituir a Porras, fueron bloqueadas. Para lograr avances, representantes de Semilla han tenido que negociar con varios partidos políticos, algo que ha sido criticado por la sociedad civil, especialmente porque algunas personas de Semilla se han alineado con partidos políticos tradicionales conocidos por su vinculación con la corrupción.
Finalmente, un desafío notable ha sido la alta rotación en el gabinete de Arévalo. Varios ministros han renunciado, y ha habido mucha inestabilidad, especialmente con el Ministerio de Comunicaciones. Esto demuestra una debilidad en su gabinete y en las personas asesoras que lo rodean.
¿Cómo ha buscado su administración equilibrar las demandas del sector privado y los movimientos sociales, particularmente en cuanto a los derechos indígenas y el acceso a la tierra?
El sector privado en Guatemala ha tenido un enorme poder sobre los asuntos políticos más importantes del país. Su apoyo a la agenda de Arévalo sobre crecimiento económico, buen gobierno y lucha contra la corrupción es esencial. Sin embargo, Arévalo ha desafiado esta influencia en la toma de decisiones a través de varias medidas, como el reciente aumento del salario mínimo en un diez por ciento para actividades agrícolas y no agrícolas, y en un seis por ciento para los sectores de exportación y maquila.
Actualmente, el sector privado está descontento con estas y otras medidas. Por ejemplo, en febrero del año pasado, Arévalo firmó un acuerdo con grupos indígenas de Guatemala que, en mi opinión, fue histórico e importante. El acuerdo establece una política innovadora para abordar la falta de acceso a la tierra y crea un espacio de comunicación permanente, sin embargo, las élites tradicionales del sector privado no están satisfechas con esto.
Desafortunadamente, algunas personas del sector privado y la gran asociación empresarial conocida como CACIF han bloqueado cambios estructurales en varios momentos históricos de Guatemala. Lo hicieron en 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, y en 2015, tras las manifestaciones masivas contra la corrupción que llevaron a la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina. En el actual contexto de falta de independencia judicial, tampoco han expresado preocupaciones sobre la Fiscal General.
Arévalo se encuentra ahora en medio de esta situación, intentando abordar temas como la injusticia social y, al mismo tiempo, equilibrar las demandas del sector privado sin confrontarlos. Navegar entre estas fuerzas es extremadamente complicado en un país como Guatemala.
¿Qué ha hecho Arévalo para abordar la seguridad ciudadana y la violencia en Guatemala? ¿Ha tenido algún éxito?
La agenda nacional de seguridad del gobierno de Arévalo tiene un enfoque positivo, es integral, se centra en los derechos humanos y la democracia, y promueve la seguridad ciudadana. El Ministro de Gobernación destacó que la tasa de homicidios disminuyó un 3.9 por ciento en 2024, y se implementó una fuerza especial para abordar la extorsión. Sin embargo, otras medidas del plan necesitarán tiempo para implementarse por completo.
La complejidad de la situación de seguridad en Guatemala, junto con el historial de violaciones y abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado, hace que superar este legado sea un desafío. Un aspecto que me sorprendió personalmente fue que Arévalo anunció esfuerzos conjuntos entre la policía y el ejército para abordar la inseguridad, lo que considero un error dado el historial del ejército en violaciones a los derechos humanos.
A nivel comunitario en áreas rurales, los grupos indígenas en Guatemala han sido un ejemplo positivo de cómo contrarrestar la violencia implementando sus propios sistemas de seguridad. Creo que Arévalo tendría más éxito si considerara estos modelos de seguridad. En general, su plan es integral e incluso aborda la seguridad ambiental, algo único en la región.
¿Cómo ha sido la relación bilateral entre EE. UU. y Guatemala este último año? ¿Cómo cambiará esta relación con la llegada de la segunda administración de Trump?
La relación bilateral entre la administración Biden y Bernardo Arévalo ha sido buena en términos de la agenda y cooperación bilateral que han intentado impulsar. Fomentar el crecimiento económico para prevenir la migración irregular y promover la seguridad para los guatemaltecos fueron prioridades clave de la administración Biden.
Bajo el mandato de Biden, la estrategia ha consistido en abordar las causas originarias de la migración y promover el crecimiento económico. Representantes de Guatemala y EE.UU. han mantenido dos diálogos de alto nivel centrados en el desarrollo económico y la seguridad y varias otras reuniones de alto nivel. Pero, en mi opinión, un tema al que no se ha prestado mucha atención en Guatemala es la desigualdad. Aunque promover el crecimiento económico ha sido el principal objetivo de EE.UU., no ha sido capaz de democratizar realmente la economía. Así que el problema es la desigualdad y el hecho de que las élites económicas de Guatemala tienen mucho poder. El gobierno de Biden también está muy comprometido con los derechos humanos y la democracia, pero la mayoría de las élites económicas no lo están. Veremos cómo evoluciona esto con la administración Trump.
Para algunos republicanos, Bernardo Arévalo es visto como un buen aliado, y ha demostrado, por ejemplo, que está comprometido con la democracia y los derechos humanos, no sólo en Guatemala, sino en la región, como en Venezuela. Arévalo también recibió a las 135 personas nicaragüenses que fueron expulsadas de Nicaragua – eran presos políticos. Así que creo que Guatemala podría ser un aliado clave para la administración Trump, pero veremos cómo se desarrollan las negociaciones entre los dos gobiernos sobre cuestiones clave, como la migración.
El Acuerdo de Cooperación de Asilo, más conocido como el “acuerdo del tercer país seguro,” se firmó con Guatemala durante la primera administración de Trump, con Jimmy Morales como presidente. No creo que Arévalo firme algo similar, pero habrá mucha presión sobre Guatemala en temas de migración y en cuestiones como los vuelos de deportación.
Lo que creo que sucederá es que habrá un cambio importante en cuanto al enfoque en las causas profundas de la migración, las cuales no serán una prioridad para la administración Trump como lo fueron para la de Biden. Esto es muy problemático porque es importante seguir trabajando en justicia, derechos humanos y seguridad, ya que estas son las principales causas de la migración.
Todavía no sabemos cuál será la posición de la administración Trump ni qué sucederá con las iniciativas que habían sido lideradas por la vicepresidenta Harris para involucrar al sector privado en la promoción de inversiones en la región. Una de ellas fue el Llamado a la Acción, que involucró a grandes empresas como Nespresso, que se comprometieron a invertir y crear empleos en Guatemala.
Basándonos en el primer mandato de Trump, tenemos casi un 100 por ciento de certeza de que no dará prioridad a la justicia, el estado de derecho y los derechos humanos, lo cual es un gran error en mi opinión. Desde una perspectiva económica, creo que Guatemala se verá afectada negativamente por las deportaciones masivas propuestas por Trump, dado que la economía guatemalteca depende de las remesas que envían las personas migrantes guatemaltecas. Así que no es sólo el aspecto humano de la deportación masiva.
Por último, tendremos que reconocer que algunas personas corruptas, entre ellas Consuelo Porras, han puesto en marcha un sofisticado grupo de presión en Washington D.C. utilizando una narrativa que ha captado la atención de algunas personas del partido republicano. Esta relación repercutirá en el futuro de las relaciones bilaterales y en la capacidad general de Arévalo para poner en práctica su agenda o incluso para terminar el resto de su mandato, ya que el golpe de estado denunciado por Arévalo sigue siendo una amenaza, especialmente si el partido republicano continúa apoyando a Consuelo Porras.
Si quiere saber más no se pierda nuestro último episodio del podcast de WOLA (En inglés) From Promise to Pressure: Bernardo Arévalo’s First Year in Power in Guatemala
