La prisión política en América Latina continúa siendo una de las consecuencias más graves del deterioro democrático que viven varios países. Cuba, Nicaragua y Venezuela encabezan la lista con el mayor número de presos políticos registrados. Nicaragua registra al menos 73 presos políticos, en Venezuela hay 1,074 casos documentados y en Cuba hay 543 personas privadas de libertad en relación con protestas que han ocurrido desde el 11 de julio de 2021. También otros países, como Guatemala, registran casos de detenciones arbitrarias, como lo que ha ocurrido con los defensores indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán y un preso de conciencia, el periodista José Rubén Zamora.
Desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador en marzo de 2022, se han registrado miles de detenciones arbitrarias. Entre los detenidos, diversos informes han identificado a personas que fueron arrestadas por ejercer su libertad de expresión, participar en manifestaciones o criticar abiertamente al gobierno. Estas acciones han sido ampliamente consideradas como indicios de persecución política y criminalización de la disidencia.
¿Qué distingue a los presos políticos de hoy de los del pasado de El Salvador? ¿Y qué revela esto sobre el estado de la democracia bajo el Presidente Nayib Bukele? Las respuestas requieren examinar cómo Bukele ha transformado el encarcelamiento político del pasado autoritario de El Salvador en una herramienta moderna de control y lo que esto significa para el futuro democrático del país.
A continuación se describe la situación de la prisión política en El Salvador y se presentan una serie de recomendaciones para la comunidad internacional y organismos de derechos humanos:
Caso de la Abogada Ruth Lopez
Se llevaron a Ruth López un domingo por la noche.
Tras meses de campañas de desprestigio y amenazas, el 18 de mayo de 2025, en San Salvador, miembros de la Policía Nacional detuvieron a la destacada abogada de derechos humanos Ruth López; durante 36 horas ni su familia ni su equipo legal sabía dónde estaba, lo cual para diversos entes internacionales constituyó una desaparición forzada estando bajo custodia del Estado.
López dirigía la Unidad Anticorrupción de Cristosal, una organización de derechos humanos que permanentemente ha denunciado corrupción, falta de transparencia en el uso de fondos públicos, manipulación electoral y el abuso de poder por parte del gobierno de Bukele. Como resultado de su invaluable labor, fue incluída en la lista de la BBC de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2024
Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia y es una de al menos otras 35 personas salvadoreñas detenidas actualmente por motivos políticos: periodistas, abogados, exfuncionarios, líderes comunitarios y personas defensoras de los derechos humanos encarceladas no por delitos, sino por desafiar la consolidación del poder del Presidente Bukele.
Aunque el encarcelamiento político no es algo nuevo en El Salvador, un país marcado por una guerra civil y varios regímenes autoritarios, la ola actual representa otro desarrollo peligroso: el desmantelamiento sistemático de los últimos pilares que sostienen la democracia salvadoreña.
Prisión Política en El Salvador
La historia de América Latina ha estado marcada por el uso de la prisión política como un mecanismo de control, concentración de poder y consolidación de regímenes autoritarios. La historia de El Salvador está particularmente marcada por esta práctica. Durante la brutal guerra civil que vivió el país entre 1980 y 1992, la represión política fue sistemática. Miles de personas fueron encarceladas por sus creencias o afiliaciones políticas. Otros miles fueron desaparecidos o asesinados por escuadrones de la muerte y fuerzas de seguridad nacional.
Los acuerdos de paz de 1992 deberían haber marcado el fin de esta era. Durante décadas, a pesar de las profundas desigualdades, la corrupción persistente y la violencia continua perpetrada por las pandillas, El Salvador mantuvo la arquitectura básica de la democracia: elecciones competitivas, un poder judicial independiente, libertad de prensa y espacio para que la sociedad civil operara y expresara su disidencia.
Con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia en 2019, El Salvador vuelve a enfrentar un capítulo oscuro de su historia. Aunque ahora no hay escuadrones de la muerte ni masacres ni cadáveres abandonados en las carreteras por fuerzas nacionales, la democracia atraviesa una encrucijada y deterioro, desde la falta de independencia de poderes hasta un espacio cívico constantemente atacado.
Y ha vuelto el encarcelamiento político, no como una reliquia del pasado, sino como una herramienta refinada de control autoritario moderno.
Primer mandato: disolver a la oposición política por “corrupción”
Durante su primer mandato, el Presidente Bukele tenía claro que, para avanzar en su agenda de control absoluto de la institucionalidad, necesitaba desarticular a la oposición política o cualquier voz disidente que expusiese su abuso de poder o simplemente a quienes amenazaran su imagen y popularidad. En su primer mandato (2019-2024), inició con una narrativa sofisticada en contra de las dos principales fuerzas políticas históricas del país, FMLN y ARENA. Durante esta época, se persiguió principalmente a exfuncionarios y funcionarias de gobiernos anteriores. En estos casos, la mayoría de los delitos imputados eran los relacionados exclusivamente con la corrupción, como el peculado, el cohecho y la falsedad material. En ningún momento se incluyeron criminalidad organizada o asociaciones ilícitas.
Además, desde 2021, Bukele preparó la infraestructura necesaria para que el sistema judicial no tuviera independencia ni fuera capaz de garantizar imparcialidad al momento de investigar y sancionar la criminalidad. Esto se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que la mayoría de los casos de corrupción investigados han sido en contra de sus opositores políticos, pero nadie de su propio partido, Nuevas Ideas, a pesar de numerosas denuncias ciudadanas y periodísticas de corrupción a gran escala dentro de su propio gobierno.
En el 2021 también se creó el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), que ha venido documentando cómo la prisión política ha sido una herramienta clave para el Presidente Bukele y su círculo de poder. En este contexto es importante resaltar que en su primer mandato, el régimen de excepción, que entró en vigor en marzo de 2022, no estaba tan consolidado y los patrones de amenaza, intimidación y persecución penal eran distintos a los actuales.
Segundo mandato: uso del régimen de excepción con fines políticos y persecución de las voces críticas como “criminalidad organizada”
Con la consolidación del régimen de excepción como una herramienta legal y política, el sistema de justicia y las fuerzas de seguridad bajo el mando del Presidente Bukele adaptan una estrategia para perseguir a las voces críticas. Ya con las reformas electorales impuestas y la oposición política sacada completamente del juego electoral, Bukele se reelige en febrero de 2024 e inicia una ola de ataques y acoso contra actores clave del espacio cívico: personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y líderes sociales. La estrategia en este período se centra en acusar a estas personas de asociaciones ilícitas, un delito específico para la criminalidad organizada y para los grupos como las maras o pandillas. Esto es porque es la única manera de utilizar el régimen de excepción en sus casos y, por ende, limitar las garantías del debido proceso.
Estos patrones de acoso y persecución se manifiestan de diversas formas: campañas de desinformación y ataques coordinados en redes sociales para desacreditar a quienes critican al gobierno; seguimientos e intimidaciones por parte de la Policía Nacional; hostigamiento legal a través de la aplicación discrecional de la Ley de Agentes Extranjeros; persecución penal mediante acusaciones infundadas; y, en muchos casos, el exilio o desplazamiento forzado de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes sociales que se ven obligados a abandonar el país para salvaguardar su seguridad.
De acuerdo una actualización mas reciente de COFAPPES, a septiembre de 2025, hay 35 personas prisioneras por motivos políticos, entre ellas los presos de conciencia Ruth López, abogada y defensora de derechos humanos; Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambiental; y José Ángel Pérez, pastor evangélico y líder comunitario, quienes fueron detenidos por su participación en una protesta pacífica contra el desalojo forzado de la comunidad El Bosque.
Otro preso político es el defensor Fidel Zavala, vocero de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), quien fue arrestado el 25 de febrero de 2025 durante un operativo en el que las autoridades salvadoreñas allanaron la sede de la organización. Su caso ha generado profunda preocupación porque Zavala ha presenciado y denunciado actos de tortura y malos tratos en centros penitenciarios bajo el estado de excepción.
Aparte de las personas detenidas, COFAPPES señala otras 35 personas perseguidas por motivos políticos que ya han sido sentenciadas o absueltas y actualmente se encuentran en libertad, entre ellas los cinco líderes comunitarios y defensores ambientales del caso Santa Marta–ADES. Estos fueron inicialmente detenidos en enero de 2023 y posteriormente sometidos a un proceso judicial plagado de irregularidades, basado en acusaciones no fundamentadas por un supuesto homicidio ocurrido en 1989. Aunque el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque los absolvió de manera unánime en octubre de 2024, dicha decisión fue anulada semanas después por la Cámara Segunda de lo Penal de Cojutepeque. En abril de 2025, el Tribunal de San Vicente emitió nuevas órdenes de captura en su contra, tras su negativa a comparecer ante un proceso sin garantías de debido proceso. El 24 de septiembre de 2025, el tribunal los declaró inocentes de los cargos de nuevo.
En El Salvador hay 25 prisiones. Según entrevistas realizadas por WOLA, a diferencia de las personas que son detenidas de manera masiva y en centros para maras y pandillas, o en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, los prisioneros políticos se encuentran, en su mayoría, en el Centro de Detención de Santa Ana, lugar donde también se reporta la detención de personas extranjeras, incluyendo a ciudadanos de los Estados Unidos.
Muertes en prisión
En su último informe sobre El Salvador de junio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló las graves condiciones de las personas privadas de libertad. Hizo énfasis en las “condiciones inhumanas de detención; restricciones en la atención médica y el acceso a medicamentos; la falta de acceso a los datos sobre el paradero y situación de las personas detenidas; la aplicación de medidas de aislamiento e incomunicación”. Esto aplica a la mayoría de la población carcelaria y también a los presos políticos. Ante la falta de atención médica, varias personas presas han fallecido. En total, organizaciones de derechos humanos han documentado el fallecimiento por diversas causas de al menos 430 personas encarceladas bajo el estado de excepción.
Entre quienes han fallecido bajo custodia estatal se encuentra José Leonidas Bonilla Torres, sindicalista detenido el 26 de abril de 2022, quien falleció el 5 de septiembre del mismo año por falta de atención médica; su familia recibió su carta de libertad en el momento de su sepelio.
Mario Alberto Mijango Menjívar —quien fue arrestado antes del gobierno de Bukele por su participación en la negociación de una tregua entre el gobierno del FMLN y las pandillas de El Salvador durante el gobierno de Funes— falleció en la cárcel en julio de 2022 por cáncer, después de que le negaron la libertad humanitaria.
Franklin Gabriel Izaguirre, sindicalista que permanecía detenido bajo el régimen de excepción desde junio de 2022, padecía diabetes e hipertensión y falleció en septiembre de 2023.
Alejandro Muyshondt, exmiembro del organismo de inteligencia del Estado en el gobierno de Bukele durante 2019-2023, sufrió torturas y falleció en un hospital público. Su caso es emblemático porque expertos forenses contratados por Human Rights Watch tuvieron acceso a la necropsia, la cual señala claramente actos de tortura física contra él. Él fue detenido el 9 de agosto de 2023 y mantenido incomunicado durante casi seis meses, mientras su familia no recibía información sobre su paradero.
El 4 de diciembre de 2023, una jueza negó a su madre el acceso a su historial médico, alegando “seguridad nacional”. El análisis independiente de más de 2.000 páginas de registros médicos reveló graves irregularidades, como la falta de evidencia radiológica y de laboratorio, la ausencia de pruebas que confirmaran hemorragia cerebral o falla multiorgánica, y un alto nivel de desorganización que impidió la transparencia del proceso. Además, la investigación no cumplió con el Protocolo de Minnesota de la ONU y la familia nunca recibió el informe oficial de la autopsia.
Estas muertes ocurren dentro de un sistema caracterizado por un hermetismo extremo y la negación sistemática del contacto familiar. A los familiares se les impide rutinariamente visitar a sus seres queridos detenidos u obtener información sobre sus condiciones durante el encarcelamiento. Cuando ocurren fallecimientos, las familias enfrentan barreras adicionales para acceder a información básica sobre las circunstancias que rodearon estas muertes, quedando sin respuestas e imposibilitadas para exigir una rendición de cuentas a las autoridades. Este manto de secretismo no solo agrava el duelo de las familias, sino que efectivamente protege del escrutinio público las condiciones de detención y los tratos potencialmente ilegales.
El costo humano y social
Como en cualquier caso, detrás de cada detención política hay una familia sumida en la incertidumbre. Parejas que no saben dónde están sus maridos. Madres y padres a quienes se les niega información sobre el estado de salud de sus hijos. Hijos que crecen sin sus padres, marcados por el estigma de tener un «criminal» en la familia.
Durante los primeros días de la desaparición de Ruth López, su familia no tenía respuestas: ¿Dónde estaba? ¿Estaba viva? ¿La estaban torturando? Esta angustia no es exclusiva de su caso. Es la realidad cotidiana de miles de familias salvadoreñas cuyos seres queridos han sido absorbidos por un sistema penitenciario caracterizado por el hermetismo extremo y la negación sistemática de información.
Además, la persecución de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios envía un mensaje claro a toda la sociedad salvadoreña: la disidencia tiene un precio muy alto. Cuando figuras reconocidas internacionalmente como Ruth López pueden ser detenidas y desaparecidas temporalmente, el mensaje para el ciudadano común es aún más contundente.
Este clima de miedo ha provocado que decenas de personas defensoras, periodistas y activistas se vean obligadas a huir al exilio. Por cada preso político, hay cuatro personas que han tenido que abandonar el país, según el registro de COFAPPES, del que WOLA tuvo acceso. El silenciamiento de estas voces no solo debilita el tejido social salvadoreño, sino que erosiona los últimos espacios para asegurar la rendición de cuentas y transparencia democrática.
En momentos así, la respuesta de la comunidad internacional es crucial, aunque navega terrenos cada vez más inciertos. Los mecanismos tradicionales—presión diplomática, resoluciones de organismos internacionales, sanciones selectivas—siguen siendo necesarios, pero operan en un mundo donde el autoritarismo goza de mayor aceptación y las alianzas democráticas se han debilitado. El desafío no es solo denunciar las violaciones de derechos humanos en El Salvador, sino hacerlo en un contexto donde múltiples democracias retroceden simultáneamente y la arquitectura internacional de derechos humanos enfrenta ataques sistemáticos.
No obstante, rendirse ante esta complejidad no es opción: cada caso documentado, cada presión ejercida, cada gesto de solidaridad contribuye a mantener vivo un estándar de dignidad humana que, de otra forma, corre el riesgo de desvanecerse por completo.
Recomendaciones
Organización de Estados Americanos
- En el marco de la Carta Interamericana, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debe evaluar y discutir acciones para evitar el deterioro democrático de El Salvador y condenar el uso de la prisión política como una herramienta de consolidación del poder.
- Los órganos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano deben redoblar esfuerzos en hacer llamados para el respeto de las garantías del debido proceso consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos y otorgar medidas cautelares a personas cuya vida e integridad física se encuentren en peligro, como lo han hecho recientemente en los casos de Ruth López y Enrique Anaya.
Naciones Unidas
- Los distintos órganos de las Naciones Unidas deben utilizar todas las herramientas a su disposición para garantizar que ninguna persona sea privada de libertad por ejercer pacíficamente sus derechos. Específicamente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) debe evaluar periódicamente el respeto al debido proceso y la situación de presos políticos. Asimismo, las Naciones Unidas deberían instar a que El Salvador acepte visitas de la Relatoría sobre la Tortura, Relatoría sobre Independencia de Magistrados y Abogados y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.
Cruz Roja Internacional
- Refuerce su presencia y monitoreo en los centros de detención de El Salvador para verificar las condiciones y el respeto a los derechos fundamentales de las personas detenidas, incluyendo a las y los prisioneros políticos. Asimismo, puede documentar y alertar sobre posibles patrones de abuso de autoridad y corrupción en los centros de detención.
Gobiernos extranjeros:
- Los países dentro y fuera de la región pueden ejercer visibilidad y presión diplomática, instando al diálogo y ofreciendo canales de negociación para la liberación de presos políticos, como ha ocurrido en países como Nicaragua.
- Condicionar la cooperación internacional a El Salvador incorporando y aplicando cláusulas de derechos humanos
Estados Unidos
- El Congreso de Estados Unidos debe aprobar la legislación recientemente introducida que busca sancionar a las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Asimismo, puede promover una mayor auditoría al gobierno de Trump para que informe sobre la cooperación con El Salvador.
- El Congreso debe evaluar la asistencia y cooperación en materia de seguridad que proporciona a El Salvador y, aparte de condicionar parte del apoyo a mejorar el debido proceso y al combate a la impunidad, incluir condiciones relacionadas con la liberación inmediata de personas detenidas por motivos políticos o sin cargos fundados.
- El gobierno de Trump debe considerar imponer sanciones individuales a funcionarios responsables de violaciones graves a derechos humanos.
- Usar herramientas diplomáticas para fomentar el diálogo, la transparencia y promover el respeto al debido proceso y al derecho internacional de los derechos humanos para todas las personas privadas de libertad, especialmente aquellas presas por motivos políticos.
