Estados Unidos ha intensificado su presión militar sobre Venezuela, mientras el régimen de Nicolás Maduro mantiene una represión sistemática y comete graves violaciones de derechos humanos. Las personas venezolanas, dentro y fuera del país, quedan en medio de esta compleja tensión y de un sinfín de mensajes plagados de desinformación.
El gobierno de EE.UU. no tiene una justificación plausible para atacar Venezuela. Hacerlo constituiría una flagrante violación de la prohibición del uso de la fuerza, salvo que se trate de legítima defensa o se cuente con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
La historia de intervención militar de EE.UU. en Latinoamérica y el Caribe debe ser una alerta sobre las posibles implicaciones de una acción que no necesariamente va a conllevar a la transición democrática que las personas en Venezuela anhelan y por la que se expresaron con contundencia y de manera pacífica en las elecciones del 2024. Acciones de este tipo no solo podrían poner en riesgo a soldados estadounidenses, sino que erosionan aún más la relación de EE.UU. con otros países en el hemisferio.
Debido a los enormes riesgos que esta estrategia acarrea para las personas venezolanas, para Estados Unidos y para el resto de Las Américas, es crucial que las decisiones que se tomen desde Estados Unidos estén basadas en hechos y en consideraciones sopesadas, centradas en los derechos de las y los venezolanos y en su búsqueda de una transición democrática. Con ello en mente, WOLA ofrece este recurso para disipar la desinformación y proveer bases sólidas para una política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela.
- Bajo un régimen autoritario, la situación de derechos humanos en Venezuela está crítica
Venezuela sigue bajo un régimen profundamente autoritario encabezado por Nicolás Maduro, cuyo control se basa en la represión sostenida, las detenciones arbitrarias y las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 —en las que Maduro se declaró vencedor pese a la evidencia contundente de que perdió—, el gobierno intensificó su arremetida contra la disidencia.
La Corte Penal Internacional mantiene una investigación abierta sobre Venezuela, y la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas ha concluido que existe una “política estatal (…) de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno”, así como a las personas percibidas como oposición. La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha documentado los casos de al menos 1.074 personas que permanecen privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos, incluidas personas que padecen enfermedades graves sin recibir tratamiento alguno. 97 de estas personas son ciudadanos extranjeros (49 extranjeros y 48 personas con doble nacionalidad). Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), hay 18 periodistas y trabajadores detenidos, y la libertad de expresión atraviesa su peor momento.
A través de socios locales, WOLA tiene conocimiento de al menos 176 personas sometidas a desaparición forzada, incluyendo a personas que han sido recientemente detenidas y se desconoce su paradero, como a personas que ya se encontraban detenidas y que han sido trasladadas a otros centros de detención sin orden judicial ni notificación a familiares sobre cuál es el nuevo centro de reclusión.
Comprender este contexto de violaciones de derechos humanos es clave en un momento en el que Maduro se presenta a sí mismo como “víctima” y aprovecha las acciones militares de EE. UU. para intensificar el cierre del espacio cívico.
Maduro reportó haber firmado un decreto, que no es público, en el que declara un “estado de conmoción externa”. Además, ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aplicar el máximo nivel de vigilancia ciudadana mediante VenApp, una aplicación móvil utilizada para reprimir a la sociedad civil tras las elecciones de julio de 2024. A esto se suma una propuesta para despojar de la nacionalidad a una lista de personas venezolanas, siguiendo los pasos de las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y Daniel Ortega en Nicaragua.
2. Venezuela está plagada de economías ilícitas y la corrupción está enquistada en las instituciones. Sin embargo, algunas alegaciones de EE. UU. no están soportadas por evidencia
Algunos de los argumentos sobre los que se ha basado la administración de EE.UU. para desplegar su fuerza naval en el mar Caribe y llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales no están respaldados por la evidencia. Tal como hemos señalado en el pasado, con base en informes de las propias agencias del gobierno de EE.UU., es posible determinar que Venezuela no es una fuente de fentanilo ni el principal lugar de origen de la cocaína que transita por el corredor del Caribe hacia los Estados Unidos.
La administración de EE.UU. ha empleado de forma confusa referencias al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles como si se tratara de términos intercambiables, y ha empleado hipérboles y medias verdades sobre estos grupos. Tampoco es cierto que haya existido un ataque contra EE.UU. que dé sustento al argumento de legítima defensa.
Lo más sorprendente es que las violaciones de derechos humanos, corrupción y vínculos con economías ilícitas por parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro son tan graves, que no requieren de estas exageraciones que, por el contrario, deslegitiman la lucha de una población que busca un cambio democrático. Esto, sin embargo, no justifica una acción militar en Venezuela por parte de EE.UU.
Venezuela ocupa el lugar 178 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con un puntaje de 10/100. Si bien el petróleo se ha mantenido como la principal fuente de ingresos para Venezuela, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática en el país, sumado a la imposición de sanciones al sector petrolero, ha fortalecido la corrupción y el flujo financiero proveniente de economías ilícitas, como la minería ilegal y el tráfico de drogas. Durante años, agencias del gobierno de EE.UU., centros de pensamiento y organizaciones locales han documentado cómo actores provenientes de Venezuela utilizan complejos sistemas transnacionales y empresas fantasma para ocultar los activos provenientes de dichas economías y de la corrupción. Tribunales independientes han investigado y condenado a oficiales y familiares de autoridades venezolanas por sus vínculos con el narcotráfico.
Tal como han documentado Transparencia Venezuela e Insight Crime, las economías ilícitas y en particular el narcotráfico, permean las instituciones venezolanas. El tráfico de drogas desde Venezuela opera en gran medida en las zonas fronterizas colombianas. Durante años, la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de EE.UU. (GAO) ha señalado que la corrupción e impunidad en Venezuela contribuyen a que exista un ambiente permisivo con grupos armados y dificultan los esfuerzos antinarcóticos en Colombia. Insight Crime ha calificado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo binacional de origen colombiano, como el grupo criminal más relevante en Venezuela y ha documentado cómo este ha ganado el control del territorio en algunas zonas de la frontera de Venezuela con Colombia, especialmente en el estado Apure.
3. EE.UU. está incurriendo en ejecuciones extrajudiciales en el Caribe
Debido a la grave situación de derechos humanos y a la profunda crisis económica y humanitaria en la que se encuentra sumido el país, el liderazgo opositor en Venezuela mira las acciones militares en el Caribe desde los lentes de la posibilidad de una transición democrática, luego de haber intentado múltiples rondas de negociación, protestas, métodos de lucha no violenta, presión por parte de la comunidad internacional, y participación en elecciones, a pesar de la falta de condiciones libres y justas.
Sin embargo, se pierden de vista los potenciales impactos negativos de esta estrategia no solamente en Venezuela, sino mucho más allá. Primero, podría servir como justificación para criminalizar aún más a la población migrante y refugiada venezolana en EE.UU., y dar sustento a la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, hasta ahora detenida por las cortes.
Segundo, se sienta un precedente peligroso en un momento en el que ya existen amenazas de uso de la fuerza letal contra presuntos narcotraficantes en otros países, como es el caso de México.
Tercero, ante un potencial fracaso de la estrategia y con Maduro aún en el poder, el cierre del espacio cívico y la represión interna serán aún peores, lo que prolonga en el tiempo el sufrimiento de las personas en Venezuela y las condiciones que dan origen a la migración forzada de ese país, que se ven agravadas por el impacto de las sanciones sectoriales de EE.UU.
Cuarto, EE.UU. tiene una historia muy negativa de intervenciones militares en la región latinoamericana y un ataque en el territorio venezolano podría eventualmente generar más rechazo regional y permitir a Maduro presentarse como víctima de una agresión, a pesar de su largo récord de violaciones de derechos humanos.
Quinto, las acciones militares no han estado bajo la autorización ni supervisión del Congreso, lo que contribuye a socavar el estado de Derecho en un contexto de creciente erosión democrática en EE.UU.
4. El uso del término “terrorismo” debe ser usado con responsabilidad
Las autoridades competentes de la administración de Trump no han proporcionado información sobre quiénes eran las personas a bordo de las embarcaciones atacadas militarmente en aguas internacionales. Como lo han explicado expertos independientes de la ONU, incluso si se comprobara que estas personas se encontraban incursas en una actividad delictiva, la respuesta debía ser su interdicción y detención, no su asesinato.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, rechazó el argumento de EE.UU. con base en el cual los ataques que han dejado un saldo de 70 personas muertas estarían amparados bajo el derecho internacional humanitario, que rige los conflictos armados. EE.UU. no está en un conflicto armado con Venezuela ni con grupos de ese país. Türk explicó que la lucha contra las drogas es un asunto de orden público, en el que el uso letal de la fuerza está sujeto a los límites que impone el derecho internacional de los derechos humanos. En ese caso, la fuerza letal sólo puede emplearse como último recurso y como mecanismo de defensa cuando exista una amenaza inminente a la vida.
5. Las implicaciones de las acciones de EE.UU. van mucho más allá de Venezuela
No existe una definición vinculante de qué constituye “terrorismo” en el derecho internacional. Sin embargo, bajo los estándares internacionales de derechos humanos, el término se limita a actos criminales cuya intención es asesinar, herir o tomar rehenes, con el fin de intimidar a la población o coaccionar a un gobierno u organización a hacer o abstenerse de hacer algún acto. Los objetivos que persigue el terrorismo son políticos o ideológicos y tienen un efecto directo en el ejercicio de los derechos humanos, en la democracia y en la paz.
Justamente la falta de una definición clara del término “terrorismo” ha permitido que, en nombre de la lucha en su contra, se cometan violaciones de derechos humanos. Desde WOLA, por ejemplo, hemos resaltado la complejidad de la decisión de la administración de Trump de designar a varias organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras (FTO). Emplear este término para organizaciones que no persiguen fines ideológicos sino económicos, como es el caso del Tren de Aragua, diluye la gravedad de tal connotación. Designar a un grupo como terrorista puede expandir los poderes el Estado para vigilar, detener y hacer uso de la fuerza, a menudo a costa de libertades civiles. Como bien lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe sobre terrorismo y derechos humanos, la falta de definición del término “no significa que ésta no constituye una forma de violencia indescriptible o que los Estados no estén sometidos a restricciones, en el marco del derecho internacional, en la configuración de sus respuestas a la violencia.”
Más aún, bajo las leyes estadounidenses, la designación como organización terrorista internacional (FTO por sus siglas en inglés) o como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) no constituye una autorización del uso de la fuerza ni una declaración de guerra. Dichas designaciones permiten deportar a miembros del grupo, procesar a individuos que proveen apoyo material al grupo, confiscar bienes y congelar cuentas bancarias.
¿En qué debería consistir la política exterior de EE.UU. hacia Venezuela?
La población venezolana tiene derecho a vivir en libertad y debe contar con el apoyo internacional necesario para reconstruir su institucionalidad democrática. Las vías que se busquen para ello no deben ir en detrimento de la democracia en EE.UU. Por un lado, según datos oficiales públicamente disponibles, Estados Unidos pasó de invertir 37 millones de dólares en programas de democracia y derechos humanos en Venezuela en 2024 a cancelar la asistencia en 2025. El Congreso debería financiar programas de democracia y derechos humanos para Venezuela dentro de la asistencia exterior de Estados Unidos para el año fiscal 2026 y apoyar a los organismos internacionales que investigan violaciones de derechos humanos y exponen a los responsables dentro del régimen de Maduro.
Al mismo tiempo, es más necesario que nunca que el gobierno estadounidense diseñe una política exterior robusta, coherente y con una mirada de largo plazo frente a Venezuela. Es importante trabajar de forma conjunta con otros países democráticos, ejercer presión sobre el régimen de Maduro por vías legales (por ejemplo, a través de la lucha anticorrupción), y crear otro espacio de negociación que conduzca a la desescalada de la represión interna y a la apertura democrática en Venezuela; no una negociación que perpetúe el estatus quo. En nuestro informe más reciente sobre Venezuela (julio de 2025), presentamos recomendaciones más precisas para la administración de Trump y el Congreso.
