Hace un año, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México. Llegó con la promesa de continuar y ampliar el proyecto de gobierno del partido oficialista MORENA, conocido como la “Cuarta Transformación”.
En efecto, en su primer informe de gobierno, presentado el pasado 1 de septiembre, Sheinbaum destacó la ampliación de los programas sociales y el aumento del salario mínimo, entre otros, como logros y ejes prioritarios, cumpliendo con la expectativa de continuidad y mostrando que las políticas de MORENA han traído avances en ámbitos tan importantes como la reducción de la pobreza.
El panorama en materia de seguridad sigue siendo sumamente complejo. Sheinbaum resalta una disminución de 25.3% en los homicidios dolosos de septiembre de 2024 a julio de 2025. Al mismo tiempo, la tasa de homicidios sigue en niveles altos, sobre todo en ciertas regiones especialmente afectadas por conflictos entre grupos criminales y entre estos y las fuerzas se seguridad, como es el caso de Sinaloa. Paralelamente, ha crecido el delito de extorsión y sigue aumentando la cifra de personas desaparecidas.
Por otro lado, la llegada de Sheinbaum planteó la pregunta de si la nueva mandataria buscaría mitigar o revertir algunas otras políticas impulsadas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, especialmente aquellas regresivas para la democracia, tales como la profundización de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y el debilitamiento de diversos contrapesos democráticos.
Un año después, podemos afirmar que la presidenta no se ha apartado del camino de López Obrador en dichos temas. Durante su mandato, han seguido avanzando procesos preocupantes como la creciente consolidación del poder político en detrimento de la separación de poderes.
Por otra parte, el primer año de Sheinbaum ha sido marcado por la implementación de medidas para responder a las presiones del gobierno estadounidense bajo el presidente Donald Trump, que abarcan temas desde los aranceles hasta las amenazas de acciones militares.
¿Cómo ha transcurrido el primer año de Sheinbaum en el poder? ¿Qué define su gestión inicial en materia de democracia y derechos humanos?
Aquí cinco puntos clave:
1. Elecciones judiciales: un resultado predeterminado que socava la independencia judicial
Tras la polémica reforma judicial impulsada por López Obrador para establecer la designación de todas las personas juzgadoras de los poderes judiciales por voto popular, en junio se realizaron las primeras elecciones judiciales. El proceso presentó diversos obstáculos para que la ciudadanía pudiera emitir un voto informado y para que las candidaturas pudieran competir en condiciones de igualdad.
En las últimas semanas del proceso electoral, se repartieron de manera masiva, en papel y en línea, ‘acordeones’ que indicaban a la ciudadanía por quién votar, distribuidos especialmente por estructuras asociadas al partido oficialista. Los nombres que aparecían en los acordeones principales coinciden exactamente con las 16 personas que resultaron electas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral. En resumen, se materializó el resultado previsto: el uso de la figura de una elección para facilitar la captura política de los tribunales.
A pesar de las irregularidades y los cuestionamientos a nivel nacional e internacional sobre los riesgos de la reforma para la independencia judicial, Sheinbaum no se ha apartado de la postura de López Obrador al respecto, sino que afirma que las elecciones judiciales fueron un éxito y que ahora México es “el país más democrático del mundo”.
2. Empoderamiento militar
En seguimiento a otra reforma constitucional de 2024 impulsada por López Obrador, y tras el envío por Sheinbaum de una iniciativa en la materia en junio, el Congreso aprobó reformas legislativas para incorporar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), convirtiendo oficialmente a la GN en una de las Fuerzas Armadas.
Esto se suma a la presentación por Sheinbaum de otra iniciativa que, tras modificaciones en el Congreso, derivó en legislación en materia de investigación e inteligencia que contempla el acceso en tiempo real de las instituciones de seguridad (civiles y militares) a los datos de la población en poder de instituciones tanto públicas como privadas. En un país notorio por el uso ilegal de malware por el Estado para espiar a activistas y periodistas, la creación de plataformas y esquemas de acceso a datos de esta naturaleza ha prendido alertas sobre los riesgos de espionaje sin controles por parte del Estado.
3. La relación bilateral con Estados Unidos: amenazas vigentes
Sheinbaum ha tenido que dedicar un porcentaje desproporcional de su primer año a reaccionar a exigencias, anuncios y políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025. Entre las más conocidas están las amenazas cíclicas e implementación parcial de aranceles, así como la posibilidad de que Estados Unidos realice acciones militares en México en el marco de la llamada ‘guerra contra las drogas’.
En agosto, se reveló que Trump había instruido al Departamento de Defensa estadounidense a actuar en contra de determinadas organizaciones criminales en América Latina consideradas ‘terroristas’ por su gobierno, una categoría que incluye a diversos cárteles mexicanos. En respuesta, Sheinbaum reiteró que México no permitirá acciones unilaterales en su territorio. (En otro texto, desde WOLA analizamos por qué la fuerza militar tampoco es una herramienta eficaz para reducir el negocio de las drogas ilegales.) Si hubiera alguna duda sobre si el gobierno de Trump verdaderamente pretendía usar la fuerza militar en la región, el 2 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses hundieron un barco cerca de la costa de Venezuela, matando a 11 personas y afirmando que se trataba de una acción contra el tráfico de drogas. Fue el primero de varios ataques parecidos.
En el tenso ambiente descrito, Sheinbaum ha apostado por mantener ‘la cabeza fría’ mientras realiza una serie de acciones para buscar evitar el aumento de aranceles y otras acciones dañinas desde EE. UU. Entre las acciones públicamente conocidas figuran: el despliegue de miles de elementos militares mexicanos adicionales a la frontera compartida; el envío a EE. UU., fuera del marco legal que rige la extradición, de decenas de personas mexicanas solicitadas por la justicia estadounidense; y esfuerzos por mostrar que las autoridades mexicanas están incautando más fentanilo. Un día después del primer ataque militar estadounidense referido arriba, los gobiernos de México y EE. UU. anunciaron que seguiría la cooperación bilateral entre los dos países en materia de seguridad mediante reuniones de un grupo de trabajo de alto nivel.
Mientras tanto, en materia migratoria, México sigue jugando el papel de ‘muro vertical’ visto en años anteriores: en este marco, el gobierno mexicano ha aumentado sus detenciones de personas migrantes, así como ha aceptado, bajo diversos mecanismos, la devolución de personas no mexicanas desde EE. UU.
4. Tiempo de mujeres: algunas asignaturas pendientes
Sheinbaum llegó al poder declarando que el país ha entrado en el “tiempo de mujeres” y tomó varias acciones encaminadas a impulsar esta prioridad. Logró la rápida aprobación de reformas constitucionales que consagran el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva. Asimismo, elevó a nivel de secretaría la oficina gubernamental dedicada a asuntos de mujeres, con lo que nació la Secretaría de las Mujeres.
Al mismo tiempo, el presupuesto federal de 2025 generó críticas por no contemplar los fondos necesarios para cerrar brechas e impulsar la igualdad de género. La falta de una perspectiva transformadora en el presupuesto en materia de género—que empezó mucho antes del sexenio de Sheinbaum—llevó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), órgano de las Naciones Unidas, a priorizar el tema entre sus recomendaciones al Estado mexicano en julio.
Otras recomendaciones del Comité y diagnósticos de la sociedad civil apuntan a la necesidad de mejorar las acciones o políticas del Estado en temas como: las violencias contra las mujeres y las niñas, la discriminación basada en el género, la división de las labores de cuidados, el acceso de las mujeres a la justicia y al debido proceso, la equidad de género en el ámbito laboral, el acceso a servicios de salud y los riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos, entre otros.
5. La crisis de las desapariciones
Hay más de 133,000 personas desaparecidas y no localizadas en México, una cifra que sigue creciendo. López Obrador, tras inicialmente impulsar acciones para mejorar la capacidad del Estado en materia de búsqueda e identificación, terminó por debilitar o deshacer algunos de esos mismos pasos.
La principal acción presentada desde el Estado en este ámbito en 2025 ha sido la creación de una Plataforma Única de Identidad, misma que dista de ser la respuesta enérgica e integral que requiere la crisis. Por otro lado, la salida en agosto de la anterior titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), quien fue criticada desde su nombramiento por no contar con el perfil necesario, ha sido vista como una posible oportunidad para que la CNB fortalezca su papel y su desempeño. En septiembre, el gobierno nombró a Martha Lidia Pérez Gumecindo, exfiscal especializada en desapariciones, como nueva titular de la CNB, a quien le tocará lidiar con las deudas pendientes de la institución.
Por su parte, las familias de las personas desaparecidas siguen buscando a sus seres queridos en condiciones precarias y a veces de alto riesgo: 12 personas buscadoras han sido asesinadas en los últimos cinco años.
El caso Ayotzinapa cumplió 11 años hace cinco días. El primer año de Sheinbaum no ha visto avances significativos hacia la justicia. En julio se dio a conocer el despido del anterior fiscal especial del caso, señalado por corrupción, “excentricidades y opulencia”. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos salieron de una reunión con Sheinbaum el 4 de septiembre decepcionadas por la falta de avances en el caso.
Tanto en el caso Ayotzinapa como en el universo más amplio de desapariciones, las familias siguen siendo un ejemplo permanente de lucha y dignidad, sin que el Estado haya terminado de estar a la altura de esta crisis tan dolorosa y destructiva para la sociedad.
