El 2 de septiembre, el presidente de EE.UU. anunció desde la Sala Oval de la Casa Blanca que una embarcación cargada de drogas había sido hundida en el mar Caribe por un ataque de misil y que 11 personas habían muerto en la operación. La falta de información sobre el ataque lanzado por militares estadounidenses ha conllevado a cuestionamientos sobre la legalidad y proporcionalidad del uso de la fuerza letal en ese caso. A su vez, el gobierno autoritario venezolano ha mantenido un entorno de represión sostenida, llevando a cabo nuevas detenciones y desapariciones forzadas, y ha incrementado la presencia militar y de milicias civiles en el país. Como se explica a continuación, estos hechos se enmarcan en un contexto de incremento de la tensión entre EE.UU. y Venezuela y de un despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que van más allá de esfuerzos de controlar al narcotráfico.
Ya desde el año 2005, el gobierno de EEUU había denunciado que Venezuela no estaba cooperando en la lucha contra las drogas y en 2009 la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) señaló que esta falta de cooperación, sumada a una atmósfera permisiva en Venezuela, limitaba la capacidad de Estados Unidos de evitar el flujo de narcóticos provenientes de Colombia hacia Venezuela. El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela y la gran corrupción, han permitido el florecimiento de economías ilícitas con la anuencia, complicidad y participación de quienes ostentan el poder. Incluso, en 2016 un juez del distrito de Nueva York condenó a 18 años de prisión a dos sobrinos de Cilia Flores, primera dama de Venezuela, por tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. De modo que los vínculos del gobierno de Venezuela con el narcotráfico y los señalamientos al respecto de parte de Estados Unidos, no son nuevos ni son un asunto partidista.
En la era de la política del espectáculo, la administración de Trump ha usado una mezcla de realidad y teatro, para ejercer mayor presión sobre el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. El 8 de agosto, el New York Times reportó que el presidente Trump había autorizado al Pentágono a emplear fuerzas militares en la lucha contra las drogas. Poco antes, el 25 de julio, el Departamento del Tesoro había designado al Cartel de los Soles como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés). El nombre del Cartel de los Soles es empleado para denotar el entramado de relaciones entre funcionarios del gobierno venezolano y narcotraficantes. Al inicio de la administración de Trump, la banda criminal venezolana Tren de Aragua fue designada como Organización Internacional Terrorista (FTO, por sus siglas en inglés). Aunque con implicaciones jurídicas distintas y sin que esas figuras autoricen expresamente el uso de la fuerza militar, este marco ha servido para justificar discursivamente el despliegue de la Armada estadounidense en el mar Caribe.
Es claro que la decisión de combinar designaciones que ubican al gobierno autoritario de Venezuela en el marco de una organización terrorista, el incremento de la recompensa a 50 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Nicolás Maduro bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP), y el despliegue militar en el Caribe, refuerza la estrategia estadounidense de situar la crisis venezolana en el terreno de la seguridad nacional. Si bien la medida genera presión sobre un gobierno autoritario y que carece de legitimidad democrática, el análisis de la situación de Venezuela no debe hacerse en el vacío, sin considerar las lecciones aprendidas sobre el saldo que ha dejado la guerra contra las drogas en la región.
La secuencia de medidas adoptadas por Estados Unidos ha generado interrogantes en torno a los alcances y posibles derivaciones del despliegue naval. No es posible anticipar con certeza cuáles serán los próximos pasos de Washington y cómo reaccionará Nicolás Maduro, más allá del discurso y de un intento de demostrar fuerza al sobrevolar con aviones militares las embarcaciones americanas. Con base en la información disponible hasta ahora, intentamos responder a algunas preguntas clave sobre la situación.
¿Cuáles son los vínculos del gobierno autoritario en Venezuela con economías ilícitas?
La designación del Cartel de los Soles ha reavivado un debate sobre su naturaleza organizativa y estructura. Diversos análisis cuestionan si se trata de un cartel con lógicas propias o de una red flexible de actores estatales y no estatales involucrados en actividades criminales. Este debate desvía la atención de un elemento esencial: la existencia de profundos vínculos entre altos funcionarios del gobierno venezolano y diversas economías ilícitas, incluyendo tráfico de drogas, combustible, minería ilegal y contrabando de oro, rodio y coltán.
Transparencia Venezuela, una organización que recientemente se vio obligada a establecerse en el exilio debido a la persecución política, estimó que para el año 2022, las economías ilícitas generaron un aproximado de $9.402 millones de ingresos. Casos como los del ex militar Clíver Alcalá Cordones y el ex diplomático y antiguo director de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal Barrios, condenados a prisión por narcotráfico en EEUU, han develado los vínculos de las autoridades venezolanas con el narcotráfico.
¿Por qué es problemático el enfoque que relaciona narcotráfico con terrorismo?
La definición de terrorismo contenida en la Orden Ejecutiva 13224, emitida por el Presidente Bush luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y que es la base legal para la designación del Cartel de los Soles como SGDT, incluye actividades violentas o peligrosas para la vida humana, la propiedad o la infraestructura, con la intención de intimidar a la población civil, influir en la política de un gobierno mediante coerción o afectar su conducta a través de actos de destrucción masiva, asesinato, secuestro o toma de rehenes.
La inclusión de carteles de la droga bajo esta definición ha sido objeto de debate. Como WOLA ha señalado, calificar como terroristas a organizaciones criminales debe evitarse por diversas razones, empezando por que los cárteles tienen objetivos económicos y no ideológicos, y la definición misma de lo que constituye un cártel de drogas es difusa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que algunas normas sobre terrorismo, empleadas en la lucha contra las drogas, suelen ser imprecisas, excesivamente amplias y pueden distorsionar la definición de delitos, generando ambigüedades que dificultan diferenciar entre crímenes comunes y actos terroristas, y que pueden resultar en la violación del principio de legalidad.
En el caso venezolano, el debate es aún más complejo, ya que a diferencia de los grupos criminales en México o Colombia, el gobierno de EE.UU. ha señalado a Nicolás Maduro como la cabeza del cártel. De modo que aunque diversos funcionarios en EEUU han señalado que no tienen interés en realizar “cambios de régimen” ni entrar en nuevos conflictos bélicos, la acusación formal a Nicolás Maduro abierta por tribunales en Estados Unidos desde 2020, sumada a las medidas adoptadas por el ejecutivo, abre la puerta a acciones punitivas y potencialmente militares.
¿Cuáles son las implicaciones para la oposición política en Venezuela?
Aunque la presencia militar estadounidense en el Caribe podría, al menos temporalmente, limitar el funcionamiento de algunas rutas para estas economías ilícitas que operan desde Venezuela, las acciones apuntan también a socavar a un gobierno sin legitimidad democrática. Esto, sobre todo desde que en 2024 las instituciones cooptadas en Venezuela desconocieron los resultados electorales y se consolidó un gobierno autoritario, caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos y por un sistema de impunidad que facilita el funcionamiento de redes criminales.
Para la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, la aproximación de “máxima presión” desde Washington ha sido interpretada, en parte, como un éxito. La designación del Cartel de los Soles y el despliegue militar disipan algunas dudas que había al inicio de la administración Trump sobre un enfoque meramente transaccional en la relación bilateral y con estas medidas se dificultan los intentos de “normalización” internacional del régimen de Maduro. Sin embargo, el despliegue militar de EE.UU. también ha contribuido a generar nuevamente un mayor acercamiento del gobierno de facto de Maduro a gobiernos como Brasil y Colombia, con los que hubo un distanciamiento en 2024 por sus llamados a la transparencia electoral, y quienes ahora se suman a un llamado de respeto a la soberanía territorial de Venezuela.
Para la oposición es importante que se generen defecciones dentro de la coalición gobernante mediante presión externa y aislamiento. Hoy hay al menos 170 casos documentados de militares que se encuentran privados de libertad y la represión reduce los incentivos para que otros actores rompan con el régimen. En este sentido, además del “garrote” de la amenaza militar, resultan necesarios canales de comunicación que ofrezcan incentivos de protección a quienes estén dispuestos a abandonar la estructura de poder, a la par de mecanismos de justicia transicional que garanticen derechos de las víctimas y faciliten una salida negociada y sostenible.
Por otro lado, no es posible ignorar que se mantienen contradicciones en la política exterior de Trump con respecto a Venezuela. Mientras se ejerce una gran presión sobre Maduro, también se han adoptado medidas que tienen el efecto contrario, así como otras que ponen en riesgo a las personas venezolanas que han huído de Venezuela. El congelamiento de la ayuda extranjera ha tenido un grave impacto sobre la sociedad civil independiente en Venezuela; el fin de las rutas legales para personas venezolanas en EEUU y el sostenimiento de los vuelos de deportación desconoce el riesgo que enfrentan en el país de origen; y la concesión de la licencia petrolera a Chevron, se hizo sin que se hayan adoptado mecanismos para sortear el marco normativo que facilita la opacidad en Venezuela.
La estrategia de presión de EE. UU. no está exenta de riesgos. La sociedad venezolana ha recurrido en los últimos años a casi todos los mecanismos de resistencia: protestas sociales, huelgas, varias rondas de negociaciones, presión internacional y participación en procesos electorales, incluso sin garantías. No hay garantías de que las medidas actuales del gobierno de Trump conduzcan a un cambio político y acerquen al país a una transición democrática, y como hemos resaltado anteriormente, podrían ser usadas como un pretexto por parte de Maduro para más represión. Incluso, podrían generar un doble efecto negativo: mayor fatiga internacional respecto a la crisis venezolana y erosión de la credibilidad y efectividad de EE.UU. como actor central en la región con la capacidad de incidir en el caso venezolano.
¿Existe la posibilidad de una escalada militar en la región?
Si bien no es posible predecir las decisiones que tomará la administración Trump, pueden plantearse algunos escenarios. El despliegue de la Armada estadounidense en el Caribe representa una operación costosa y de alto perfil, difícil de sostener en el tiempo. El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que se trata de una operación antinarcóticos. Aunque la medida puede entenderse como disuasiva, no se descarta la posibilidad de que evolucione hacia acciones militares más directas. La naturaleza y alcance de estas eventuales acciones son, sin embargo, inciertas.
Queda por verse cuál será la reacción de la región y si las posturas políticas se traducen en acciones militares. Mientras que los gobiernos de República Dominicana, Perú, Paraguay, Argentina y Ecuador han adoptado pronunciamientos y medidas que apuntan a la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista, algunos países del Caribe, Brasil y Colombia se han movido en la posición opuesta, denunciando las acciones de EEUU como injerencistas.
El escenario de una escalada gradual de tensiones resulta bastante probable en este contexto, entendido como un proceso continuo que podría ir desde la presión militar destinada a intimidar, pasando por ataques selectivos, hasta esfuerzos más agresivos orientados a derrocar al régimen por la vía militar, que parece menos probable, aunque no descartable. El hundimiento de una embarcación civil posiblemente con un misil en el Caribe, anunciado por el propio presidente Trump, y el posterior sobrevuelo de las embarcaciones estadounidenses por parte de aviones militares venezolanos, parecen ubicarse en un punto intermedio entre los dos primeros niveles, lo que sugiere un posible impulso sostenido hacia una mayor escalada de la tensión, pero que también dependerá de las acciones que adopte Maduro y de cómo se posicione la comunidad internacional.
¿Cómo amenaza la resiliencia de las redes criminales la sostenibilidad de una transición democrática a largo plazo?
Uno de los mayores desafíos en el caso venezolano es la resiliencia del entramado criminal que sostiene al gobierno autoritario que gobierna desde Caracas. La búsqueda de una transición democrática debe tomar esto en cuenta. La salida de figuras centrales como Nicolás Maduro o el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, no necesariamente supondría la desarticulación automática de estas redes; y la posibilidad de que se produzcan reacomodos que puedan prolongar su influencia dependerá de las características de una transición y de la capacidad de un gobierno entrante de recobrar el control sobre las fuerzas de seguridad y orden.
En el territorio venezolano operan otros actores vinculados a economías ilícitas: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones disidentes de las FARC, así como sindicatos mineros, colectivos armados y estructuras de crimen organizado, incluyendo al Tren de Aragua y el pranato. La densidad de este ecosistema criminal plantea un reto considerable para cualquier escenario de transición. Si se diera un escenario de transición, retomar el control del territorio de estos grupos, no será tarea fácil y requerirá la colaboración de las comunidades afectadas, el trabajo de personas expertas, recursos, y apoyo internacional coordinado.
Conclusiones
El despliegue naval estadounidense y las designaciones bajo el marco de terrorismo forman parte de una estrategia más amplia que combina herramientas jurídicas, financieras, diplomáticas y militares para incrementar la presión sobre quienes ostentan el poder en Venezuela.
Sin embargo, estas medidas conllevan riesgos importantes: si no logran avances hacia la democratización, pueden fortalecer la narrativa de resistencia del gobierno de Maduro, incrementar la fatiga internacional y complicar aún más el camino hacia una transición. Maduro, en este escenario, ha incrementado la militarización del país y con ello la represión y persecución política.
No existe una solución mágica o sencilla para la situación venezolana. El verdadero desafío no es únicamente provocar un cambio de liderazgo, sino desmontar un entramado criminal enraizado en el Estado venezolano. Ignorar esta realidad podría derivar en soluciones parciales o insostenibles. De allí la importancia de ofrecer incentivos apropiados para lograr defecciones de quienes ostentan el poder, porque la presencia militar estadounidense por sí sola no es garantía del colapso del gobierno madurista.
En última instancia, la presión internacional solo tendrá sentido si se traduce en un proceso que combine incentivos efectivos para fracturar la coalición gobernante con garantías de justicia y reparación para las víctimas. El futuro de Venezuela dependerá de la capacidad de articular ambos elementos, evitando tanto la perpetuación del régimen como la reproducción de las dinámicas criminales y corruptas que lo sostienen.
