Claudia Sheinbaum, presidenta de México desde octubre de 2024, declaró en su discurso de toma de posesión que no llega sola al poder, sino que “llegamos todas”: es decir, que la elección de la primera presidenta en la historia del país representa un triunfo colectivo y significa que es, en palabras de Sheinbaum, “tiempo de mujeres”.
La elección de una presidenta no deja de ser histórica, especialmente considerando que menos de 30 países del mundo cuentan con Jefas de Estado o de Gobierno, según datos de ONU Mujeres. Señala la agencia de la ONU: “Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años”. La representación de mujeres en gabinetes nacionales, órganos legislativos y gobiernos locales también dista de cumplir con la meta de paridad de género adoptada por los Estados hace 30 años en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
Sheinbaum triunfó en las elecciones con el 60% del voto, rebasando el porcentaje de votación recibido por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (53%). Más allá de la presidencia, datos de años recientes muestran que México es uno de los países más cerca de alcanzar la paridad de género en la representación política en América Latina y el Caribe, gracias en gran parte a una serie de reformas legales en años recientes que hacen obligatoria dicha paridad.
Todo lo anterior nos podría llevar a concluir que México se caracteriza por creencias sociales progresistas en materia de equidad de género, por lo menos en el ámbito del ejercicio del poder y la toma de decisiones, y que la llegada de la primera presidenta se traducirá sin falta en avances para la agenda feminista en el país.
Sin embargo, el panorama no es tan sencillo. Se abre en México una oportunidad histórica de avanzar en los derechos humanos de las mujeres, pero todavía queda mucho camino por recorrer para desmantelar estructuras de discriminación y patrones de violencia basados en el género. Para avanzar en estas luchas, hacen falta políticas públicas que cuenten con recursos suficientes y un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad.
Las primeras acciones de Sheinbaum en materia de género
Entre las primeras acciones anunciadas por la presidenta Sheinbaum se encuentra una serie de medidas en materia de derechos de las mujeres. Estas incluyen reformas a diversos artículos constitucionales, que entraron en vigor en noviembre de 2024. Las reformas disponen, entre otras:
“El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.”
El Estado “tiene deberes reforzados” de protección hacia “mujeres, adolescentes, niñas y niños” contra las violencias.
Las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia deberán actuar con perspectiva de género, y las fiscalías deberán contar con fiscalías especializadas en violencias de género contra las mujeres.
Se establecerán “mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género”. Lo anterior, en relación al mandato, “A trabajo igual corresponderá salario igual.”
Sheinbaum también elevó a nivel de secretaría el órgano gubernamental dedicado a asuntos de mujeres, creando así la Secretaría de las Mujeres. Asimismo, el gobierno de Sheinbaum anunció la redacción y difusión de una Cartilla de los Derechos de las Mujeres “con la finalidad de que todas y todos conozcan los derechos plenos a los que una mujer tiene acceso”.
Para dejar atrás la desigualdad y la violencia de género, las reformas normativas y la creación de instituciones son pasos relevantes, pero no suficientes: entre otros, es importante que tales medidas estén acompañadas de políticas públicas y estrategias de implementación adecuadas que cuenten con infraestructura y presupuesto suficientes. Asimismo, para lograr los resultados deseados, será esencial tomar en cuenta al movimiento feminista, las organizaciones de la sociedad civil y las recomendaciones internacionales vigentes en la materia. Finalmente, garantizar los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género no son tareas que se limiten al gobierno federal, sino que requieren de acciones sostenidas también a nivel estatal y municipal.
Para darnos una idea del tipo y del tamaño de las tareas pendientes en la agenda de derechos de las mujeres en México, enseguida repasamos algunas áreas clave, aclarando que no se trata de una lista exhaustiva.
Los estereotipos de género: tema clave para desmontar la discriminación
Tal como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre los factores que perpetúan la discriminación por motivos de género se encuentran “el machismo, el patriarcado y la prevalencia de estereotipos sexistas”. En el mismo sentido, los estereotipos sobre los atributos o roles que deberían cumplir los hombres y las mujeres “no solo son manifestaciones de discriminación, sino también causas y consecuencias de la violencia dirigida hacia las mujeres y personas LGBTI”.
En otras palabras, las normas sociales sexistas no son una prioridad secundaria a la hora de combatir la discriminación y la violencia de género. Al contrario, motivan o subyacen las prácticas discriminatorias. Así, desmontar los estereotipos e impulsar proactivamente el reconocimiento tanto institucional como social de la equidad entre todos los géneros es vital.
Los retos en este tema, en México y en el mundo, no son menores. El Índice de Normas Sociales de Género 2023 (GSNI por sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que casi nueve de cada diez personas en el mundo están de acuerdo con por lo menos un estereotipo de género. En el caso de México, según esta fuente, casi el 73% de la población está de acuerdo con por lo menos una creencia que va en contra de la igualdad de las mujeres en el ámbito de la integridad física; 58% en el ámbito político; casi 33% en el ámbito económico; y casi 19% en el ámbito educacional.
A partir de un análisis de datos de Latinobarómetro 2023, la organización mexicana Data Cívica resalta que 35% de los mexicanos y 33% de las mexicanas piensan que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Esto contrasta con lo observado en los otros 16 países latinoamericanos incluidos en la encuesta, donde, en promedio, 27% de hombres y 17% de mujeres están de acuerdo con este estereotipo. Destaca Data Cívica que:
«De los países más poblados de la región, México es el único donde las mujeres no divergen significativamente con los hombres respecto a la idea de que ellos son mejores líderes que ellas. Además de esta falta de diferencia por sexo, México es (por mucho) el país donde más mujeres apoyan esta postura… […] […] Asimismo, México es el país donde más mujeres reportaron estar de acuerdo con la afirmación de que es mejor que la mujer se concentre en la casa y el hombre en el trabajo…»
El mismo análisis arroja que, a diferencia de lo que ocurre en algunos otros países, tampoco la posición política reportada por las personas mexicanas encuestadas (entre izquierda y derecha) predice variaciones significativas en creencias sobre la división sexual del trabajo y los derechos sexuales y reproductivos.
Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también dan cuenta de la persistencia en México de estereotipos sobre los roles de hombres y mujeres. En una encuesta levantada en 2021, el 28.5% de mujeres de 15 años y más no estaban de acuerdo con que una madre trabaje si no tiene necesidad de hacerlo. El 22.7% de las mujeres encuestadas opinaban que las mujeres no tienen el mismo derecho que los hombres a salir por la noche a divertirse, mientras que el 28.8% estaban de acuerdo con la afirmación, “Las mujeres que se visten con escotes provocan que los hombres las molesten”.
La discriminación y la violencia por motivos de género
Igual que las creencias sexistas, las prácticas de discriminación por motivos de género suelen estar presentes en todos los ámbitos de la vida. Se interrelacionan con otras identidades, tales como pertenencia a un pueblo indígena, situación socioeconómica, edad, estatus migratorio, condición de discapacidad y otras, para producir impactos diferenciados y agravados. La discriminación por motivos de género abarca tanto los actos discriminatorios contra mujeres, enfoque principal del presente texto, como la discriminación con base en la identidad y expresión de género en general, y se interrelaciona estrechamente con la discriminación por orientación sexual. Entre las formas de discriminación por razones de género se incluye la violencia.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada por el INEGI, recoge diversas violencias vividas por las mujeres de 15 años y más en los ámbitos escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja. Según la ENDIREH 2021, el 34.7% de las mujeres en México han vivido violencia física a lo largo de la vida, y el 10.2% del total de mujeres experimentaron tal violencia durante los 12 meses previos a la encuesta. Además, el 49.7% de mujeres han vivido actos de violencia sexual (23.3% en los últimos 12 meses).
En total, en los 12 meses previos a la encuesta, el 20.2% de mujeres experimentaron algún tipo de violencia en el ámbito escolar, el 20.8% en el ámbito laboral, el 22.4% en el ámbito comunitario, el 20.7% en la relación de pareja y el 11.4% en el ámbito familiar.
Entre las formas más extremas de violencia contra las mujeres están los feminicidios, es decir, los asesinatos de mujeres por razones de género. En promedio, casi diez mujeres son asesinadas en México cada día, y aproximadamente la cuarta parte de estos casos son considerados por las autoridades como presuntos feminicidios. Así, en 2024 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 797 presuntos feminicidios, aunados a otras 2,598 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso.
Frenar los feminicidios ha sido una de las exigencias centrales del movimiento feminista en México a lo largo de las últimas décadas, y un creciente número de estados han creado fiscalías especializadas para investigar estos y otros delitos de violencia de género. La creación de tales fiscalías ha aumentado la investigación de homicidios contra mujeres como feminicidios, pero en sí no es suficiente para superar las deficiencias que frecuentemente caracterizan la investigación penal en México, ni para garantizar la perspectiva de género y evitar la revictimización. Por otra parte, reducir la impunidad es una tarea relevante para reducir los feminicidios, pero debemos entenderla como un elemento entre varios necesarios para reducir la violencia, destacando la importancia de la prevención.
Por otra parte, en 2024 se reportaron 21,484 presuntas violaciones sexuales y 278,220 presuntos delitos de violencia familiar, formas de violencia que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Ambos tipos de violencia suelen ser subregistradas debido a que muchas víctimas no denuncian.
La violencia contra las mujeres no se comete exclusivamente en el ámbito privado ni familiar, sino también directamente por agentes del Estado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las mujeres detenidas son objeto de tortura sexual u otras formas de tortura con base en su condición de mujeres o madres. Lejos de acceder a la justicia, las sobrevivientes de la tortura muchas veces son injustamente encarceladas y tienen que luchar por recuperar su libertad al tiempo que se enfrentan a innumerables obstáculos para que la tortura sea investigada y sancionada. Mientras tanto, tanto ellas como otras mujeres encarceladas en México suelen vivir impactos agravados de la privación de la libertad por su condición de mujeres.
La crisis de desapariciones también impacta de manera diferenciada a las mujeres. Actualmente, más de 120,000 personas son reconocidas por el Estado como desaparecidas o no localizadas. Aproximadamente el 77% son hombres y el 23% mujeres. Sin embargo, si consideramos a las víctimas de 0 a 17 años de edad, cambia el panorama: del total de aproximadamente 17,000 personas en ese rango de edad, el 52% son niñas y adolescentes mujeres.
La crisis de desapariciones también genera otro impacto en las mujeres, pues son ellas—madres, hermanas, hijas—quienes han asumido de manera desproporcionada la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Realizar búsquedas no sólo impacta en el tiempo del que disponen para trabajar, para la vida familiar o para cualquier otra actividad, sino que puede significar arriesgar la vida. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los colectivos de familiares realizan búsquedas en zonas controladas por grupos del crimen organizado. Decenas de personas buscadoras han sido asesinadas, incluida una serie de víctimas en 2024.
La violencia contra las mujeres se interrelaciona con la violencia por motivos de identidad de género, expresión de género y/o orientación sexual. En ese sentido, tanto organizaciones nacionales como órganos internacionales han alertado sobre el alarmante número de asesinatos de mujeres trans reportados en México. Esto ocurre en un contexto regional de violencia letal contra las personas trans: el Observatorio de Personas Trans Asesinadas reporta por lo menos 255 asesinatos de víctimas trans en América Latina y el Caribe del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024. Brasil concentró el número más alto de casos con 106, seguido por México con 71 y Colombia con 25.
Lo mencionado hasta aquí dista de ser un análisis exhaustivo de las violencias de género. Aun así, esta breve mirada ilustra la necesidad de entender la centralidad de la violencia de género como tema no sólo de derechos humanos sino de seguridad en México, evitando reducir los conceptos de ‘seguridad’ y ‘violencia’ a fenómenos asociados únicamente al crimen organizado o la tasa global de homicidios.
Los cuidados y la división sexual del trabajo
Una de las desigualdades estructurales que más afecta el proyecto de vida de las mujeres—en México y en el mundo—es la división sexual del trabajo de cuidados, abarcando el cuidado a niñez, adolescentes, personas de la tercera edad, personas que padezcan alguna enfermedad y personas con discapacidad que requieran de cuidados. Las mujeres son quienes realizan la mayoría de estas labores no remuneradas, lo que suele limitar su acceso a oportunidades laborales remuneradas o bien generar dobles jornadas de trabajo fuera y dentro del hogar. Asimismo, limita su participación en otras actividades de la vida.
Tal como señala Oxfam México, la división sexual del trabajo de cuidados es una manifestación de estereotipos sobre la naturaleza y rol de la mujer:
«A la feminidad se le atribuyen rasgos emocionales que parecerían justificar sus labores hacia los otros como una disposición natural. En parte, la feminidad se construye a través de los cuidados. Esto ha sido posible por los imaginarios que existen en torno a esta lógica hegemónica, en la que cuidar a la familia constituye a la feminidad, y ellas ‘son para las y los otros’.»
En 2022, el INEGI realizó la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC). Los resultados indican que más del 75% de personas cuidadoras de 15 años o más son mujeres, quienes dedican un promedio de 37.9 horas a la semana a estas labores. Ante la pregunta de quién se consideraba persona cuidadora “principal”, el desequilibrio en la distribución de los cuidados aumentó: el 86.9% de personas cuidadoras principales eran mujeres.
La presidenta Sheinbaum se ha comprometido a crear un Sistema Nacional de Cuidados, empezando por centros de cuidado infantil. En diciembre de 2024, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que apoyaría al gobierno mexicano en ese esfuerzo. Será importante asegurar la accesibilidad de tal sistema a toda la población.
Lograr la equidad en las tareas del hogar también requiere acciones y reformas en el ámbito laboral, incluyendo redoblar esfuerzos por erradicar la discriminación laboral basada en el género. En la ENDIREH 2021, el 21.7% de mujeres asalariadas declararon haber sido objeto de discriminación laboral en los últimos 12 meses. Hacen falta reformas para eliminar la discriminación por motivos de género y orientación sexual en las licencias de maternidad y paternidad. Asimismo, como se mencionó arriba, la presidenta Sheinbaum reconoce la necesidad de combatir la brecha salarial de género.
Como señala la organización mexicana Intersecta, cerrar la brecha entre hombres y mujeres en el ámbito laboral va más allá del mandato de pago igual por trabajo igual: también requiere superar la infravaloración del trabajo de las mujeres (no sólo entre puestos “iguales” sino entre puestos diferentes pero de igual valor), eliminar la violencia de género en el lugar de trabajo y romper los techos de cristal. En este último tema, cabe mencionar que en el sector privado en México, los hombres siguen predominando por mucho en los puestos de mayor ejercicio de poder.
Derechos sexuales y reproductivos
Igual que en otros países de la región, el movimiento feminista en México ha logrado importantes avances en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, pero sigue la lucha por garantizar estos derechos en la práctica y a toda la población.
Tras décadas de activismo feminista, diversos litigios estratégicos y una serie de resoluciones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en años recientes, hoy se ha despenalizado el aborto en más de la mitad de los 32 estados del país, normalmente hasta las 12 semanas de gestación. A pesar de los avances, el aborto todavía se criminaliza en la legislación de diversas jurisdicciones.
La organización mexicana Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) destaca la relación histórica entre la criminalización del aborto, los estereotipos de género y la desigualdad, al explicar:
«En México persiste un fuerte estigma en torno al aborto, basado en la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres… Dicho estigma constituye la base para la criminalización legal y social del aborto, que afecta de manera concreta a mujeres y otras personas gestantes —por lo general, procedentes de contextos de violencia, marginación económica y falta de acceso a información reproductiva…»
En los estados donde no se ha despenalizado el aborto, los códigos penales contemplan ciertas causales en las que está legalmente permitido, tales como casos de violación sexual. Sin embargo, se han documentado obstáculos para acceder al aborto incluso cuando se actualiza alguna de las causales. Señala Human Rights Watch en su Informe Mundial 2025:
«Entre los obstáculos se incluyen el retraso o la negativa a prestar este servicio o brindar información al respecto, el cuestionamiento de la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, la imposición de requisitos arbitrarios que contradicen la legislación y normativa vigentes, y otros tipos de malos tratos por parte de los proveedores de atención médica. El miedo a enfrentar consecuencias legales también disuade tanto al personal sanitario como a quienes que buscan servicios de aborto.»
Seguir avanzando en la despenalización, la regulación de la interrupción del embarazo en las leyes de salud, el acceso real en condiciones de igualdad y el cumplimiento de los lineamientos aplicables son algunas de las tareas pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos en México. Por otro lado, recordamos que la agenda en este ámbito no se limita al aborto: abarca temas tan fundamentales como garantizar el acceso a la educación sexual integral, métodos anticonceptivos y servicios de salud de calidad durante y después del embarazo, entre otros.
La importancia de un presupuesto con enfoque de antidiscriminación
Los temas mencionados hasta aquí son sólo algunas de las agendas que ilustran por qué las reformas del gobierno de Sheinbaum en materia de igualdad sustantiva tendrán que ser el punto de partida para reforzar e implementar políticas de equidad de género amplias, integrales e interseccionales. Será esencial que las instituciones y programas relevantes cuenten con recursos e infraestructura suficientes, así como mecanismos de medición de resultados.
Tomando en cuenta lo anterior, el primer presupuesto anual presentado en el sexenio de Sheinbaum provocó preocupaciones al implicar reducciones en algunos rubros destinados a atender la violencia contra las mujeres, tales como los refugios para mujeres víctimas de violencia, dentro de un contexto más amplio de recortes presupuestales. Asimismo, gran parte de los recursos actualmente asignados a promover la igualdad de las mujeres corresponden a programas sociales, que no necesariamente fueron diseñados para reducir brechas de género como fin principal.
Al respecto, la Red por una Política Fiscal Feminista (RPFF) sostiene:
«[L]a manera en la que se ha conformado históricamente el Proyecto de Presupuesto de Egresos es contrario al avance de la igualdad sustantiva de género, mostrando que no ha sido una prioridad para el Estado mexicano. Los programas sociales y proyectos prioritarios han concentrado un porcentaje significativo del presupuesto y, aunque son necesarios para atender las necesidades inmediatas de la población, no abordan las raíces de las desigualdades estructurales en el país, incluidas las de género.
[…] El sexenio anterior presenció el debilitamiento de las políticas para la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género, en parte debido al desfinanciamiento hacia los programas e instituciones que debían garantizar su implementación efectiva. Por ello es fundamental reconstruir aquellas políticas que cumplen con el objetivo de promover la igualdad sustantiva de género, para lo cual es imprescindible que se cuente con dinero público suficiente y que este sea presupuestado de manera adecuada.»
Militarismo y punitivismo: la persistencia en el gobierno de Sheinbaum de políticas antifeministas heredadas de gobiernos anteriores
Finalmente, las políticas en materia de género en México no se implementan en un vacío: se insertan en un contexto nacional de políticas heredadas de gobiernos anteriores que son nocivas para los derechos de las mujeres. Un ejemplo es la militarización de la seguridad pública, modelo contraproducente en general y que produce impactos diferenciados en mujeres.
La militarización como paradigma ha sido denunciada, entre otras razones, precisamente por ser antifeminista. De hecho, se ha conformado una Red Feminista Antimilitarista de organizaciones en México para abogar en contra de la militarización y “contribuir en la construcción de nociones de paz y justicia verdaderamente incluyentes”. Por su parte, en 2023 la fraseEl pacto militar también es patriarcal fue presentada en una manta gigante que el colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte, compuesto de familiares de personas desaparecidas, desplegó en el monumento conocido como la Estela de Luz en la Ciudad de México para protestar contra el modelo militarizado.
Otro ejemplo es la aplicación (y ampliación reciente) de la prisión preventiva oficiosa (PPO). Bajo esta figura, las personas acusadas de una serie de delitos son encarceladas de manera automática durante sus procesos penales, sin que el ministerio público tenga que ofrecer alguna justificación de dicha privación de libertad. La PPO es incompatible con los derechos humanos. Además, la prisión preventiva en general tiene impactos desproporcionados en las mujeres y en otros grupos en situación de vulnerabilidad. Según las estadísticas oficiales mensuales de diciembre de 2024, en el fuero común (estatal), el porcentaje de la población encarcelada que carecía de sentencia—es decir, personas en prisión preventiva, ya sea oficiosa o no—era de 35.7% para hombres y 46.1% para mujeres. A nivel federal, el porcentaje era de 40.2% para hombres y 51.9% para mujeres.
Otra reforma heredada del gobierno anterior es la reforma judicial, misma que establece la elección por voto popular de las personas juezas, magistradas y ministras, a partir de listas de candidaturas construidas de una manera que propicia la captura política de los poderes judiciales. En un país democrático, los tribunales no se deberían regir por intereses políticos, sino por la Constitución y las leyes. Esto hace de los poderes judiciales actores clave en la garantía de los derechos de grupos históricamente discriminados y marginados. Así, cualquier reforma que reduzca la independencia judicial significa también un riesgo especial para los derechos de tales grupos, incluyendo a mujeres y personas LGBTQIA+. Aunado a lo anterior, si garantizar la perspectiva de género en la impartición de justicia a nivel nacional ya era una deuda pendiente, la reforma genera más incertidumbre que garantías sobre la prioridad que se dará al tema, así como sobre los posibles resultados de las elecciones en materia de paridad de género.
Conclusiones
Sin duda, es positivo que distintos ejes de la agenda de equidad de género sean nombrados y abordados a través de compromisos gubernamentales por el nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum, sobre todo en un contexto nacional en que persisten patrones arraigados de discriminación, estereotipos de género y violencias contra las mujeres.
La medida en que los compromisos del gobierno se traducirán en reducciones de violencias y discriminación está por verse y depende de varios factores. Por un lado, será difícil avanzar a nivel estructural sin revertir diversas políticas heredadas de gobiernos anteriores. Asimismo, persisten problemas institucionales de larga data, como las deficiencias en el actuar de las fiscalías, que presentan retos mayores para asegurar la rendición de cuentas por los delitos de violencia de género, así como por los delitos en general.
En cuanto a las políticas y medidas federales dirigidas específicamente a cerrar brechas de género, a combatir estereotipos, a erradicar la discriminación y a reducir las violencias, es esencial que el gobierno de Sheinbaum contemple que los programas y las instituciones involucradas cuenten con recursos, infraestructura y herramientas de medición adecuados, así como enfoque interseccional. Finalmente, la lucha por la equidad se fortalecerá en la medida en que el gobierno tome en cuenta y se aproveche del conocimiento, recomendaciones y experiencia del movimiento y de las organizaciones feministas.
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