El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos intervino para frenar, de forma temporal, una decisión de un tribunal federal en California que bloqueaba la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unas 350.000 personas venezolanas bajo la designación de 2023. Esta intervención dejó en pie —al menos por ahora— la decisión de la administración Trump de poner fin a esa protección migratoria.
¿Qué es el TPS?
El TPS (Temporary Protected Status) es un mecanismo creado por el Congreso en 1990 que permite al gobierno de EE. UU. otorgar protección temporal frente a la deportación a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis humanitarias graves.
Aunque no concede residencia permanente, el TPS permite a sus beneficiarios:
- Solicitar permisos de trabajo renovables,
- Permanecer legalmente en EE. UU. durante el tiempo en que esté vigente la designación.
En marzo de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. otorgó por primera vez la elegibilidad para el TPS a las personas venezolanas debido a la “grave emergencia humanitaria” y las “violaciones de derechos humanos” en el país, entre otros problemas.
¿Qué cambió en 2025?
A inicios de año, la administración Biden había extendido el TPS para personas venezolanas hasta octubre de 2026. Sin embargo, en febrero, la administración Trump —tras retomar funciones— sostuvo que el programa no respondía al interés nacional y declaró que “ciertas condiciones que motivaron la designación de TPS para Venezuela en 2023 podrían persistir; sin embargo, se han observado mejoras significativas en varias áreas como la economía, la salud pública y la criminalidad, lo que permite el retorno seguro de estos nacionales a su país de origen”.
No hay evidencia que sustente que existen “mejoras significativas” en esas áreas, que hagan de Venezuela un país seguro para el retorno. La Encuesta de Hogares 2024 de HumVenezuela pone en evidencia una “crisis estancada”. Aunque 500.000 personas salieron de la condición de necesidad humanitaria en comparación con el informe de 2023, otras 900.000 cayeron en situación de necesidad humanitaria severa. Además, aumentó el número de personas con hambre y se comprobó que el 46,7 por ciento de la población sigue sin acceso a medicamentos debido al colapso del sistema de salud. Aunque algunos indicadores, como la inflación, muestran señales de mejoría, el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advierte sobre una eventual contracción económica, producto de las nuevas sanciones impuestas por la administración de Trump sobre el petróleo venezolano.
Más allá de consideraciones humanitarias, los últimos meses en Venezuela han estado marcados por un recrudecimiento de represión estatal. Informes de organizaciones nacionales e internacionales documentan una ola de represión estatal inédita que se dio posteriormente a las elecciones de julio de 2024, con un pico de casi 2.000 presos políticos. Esta persecución política —calificada como crimen de lesa humanidad por al Misión de Determinación de Hechos en Venezuela de la ONU— agrava el contexto de inseguridad y falta de garantías para los venezolanos retornados del exterior. Por ejemplo, en un gesto intimidante, el ministro del Interior, Diosdado Cabello —ampliamente considerado el arquitecto del aparato represivo del Estado— ha estado recibiendo a personas repatriadas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Dadas estas circunstancias, entre otras, un tribunal federal en California bloqueó la decisión de la Secretaria Noem alegando que revocar el TPS causaría un daño irreparable a los beneficiarios. Pero esta protección judicial fue suspendida temporalmente por la Corte Suprema el 19 de mayo, en respuesta a una solicitud urgente presentada por el gobierno. Esto permite que la revocatoria del TPS siga su curso mientras se resuelve el caso de fondo.
¿Qué significa esto para los y las venezolanas con TPS?
El impacto inmediato es la incertidumbre. Aunque la revocatoria puede seguir avanzando, el litigio no ha terminado. El caso ahora está en apelación ante el Noveno Circuito y podría llegar nuevamente a la Corte Suprema si esta acepta revisarlo formalmente. Mientras tanto:
- No está claro a partir de cuándo las personas perderán su estatus y autorización de trabajo.
- La información publicada en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es confusa, pues no está claro desde cuándo las personas perderán su estatus y autorización de trabajo.
- Los abogados que lideran la defensa han presentado una moción de emergencia para proteger a quienes ya hicieron el proceso de re-registro y recibieron permisos válidos hasta octubre de 2026.
Cabe destacar que esta decisión de la Corte Suprema no impide que se impugne el aviso emitido el 3 de febrero de 2025 por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que busca invalidar documentos clave como:
- Permisos de trabajo (EADs),
- Formularios I-797,
- Formularios I-94.
Todos estos documentos habían sido extendidos hasta el 2 de octubre de 2026 bajo la designación vigente.
¿Por qué importa?
La revocatoria del TPS podría tener consecuencias devastadoras:
- Afectaría a decenas de miles de familias que hoy viven y trabajan legalmente en EE. UU. y pondría en riesgo de deportación a personas que no pueden regresar a Venezuela, un país en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos y hay un grave contexto de persecución política.
- Provocaría pérdidas económicas millonarias, toda vez que se trata de 350.000 personas que trabajan y pagan impuestos en EE. UU.
Como ya advertimos desde WOLA en febrero: Al eliminar rutas de regularización migratoria, EE. UU. abandona a personas venezolanas”.
Para más, consulta el análisis completo de WOLA sobre el TPS.
