El 17 de septiembre, una enmienda a la Ley de Reautorización del Departamento de Estado, que incluía la ‘Ley PANA’ — Ley de Preservación de la Rendición de Cuentas sobre los Activos Nacionales — fue aprobada por unanimidad durante la presentación y revisión de legislación del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. La Ley PANA establece un Fondo para la Restauración de Venezuela, permitiendo que el dinero recuperado de personas corruptas venezolanas a través de procedimientos legales y administrativos en los Estados Unidos sea protegido y devuelto a las personas venezolanas para un conjunto claro de propósitos, siguiendo los estándares internacionales sobre recuperación de activos.
¿Qué es exactamente la Ley PANA y por qué ha recibido el apoyo bipartidista? ¿Cómo podría la creación de un Fondo para la Restauración de Venezuela ayudar a fortalecer la democracia, proteger los derechos humanos y promover la transparencia en un momento de profunda crisis para los venezolanos? Respondemos a estas y otras preguntas más abajo.
Estados Unidos es un destino clave para el dinero robado proveniente de Venezuela
La recuperación de activos es un procedimiento utilizado para identificar, localizar, incautar, perseguir, recuperar y repatriar activos obtenidos por medios corruptos, compensando así al país que ha sido víctima de estas actividades. Las agencias federales emplean mecanismos legales de confiscación civil, penal y administrativo para recuperar los activos adquiridos mediante conductas criminales, lo que contribuye a desmantelar las operaciones criminales y a proteger el sistema financiero estadounidense de la explotación por parte de actores extranjeros corruptos.
La corrupción socava el estado de derecho y debilita las instituciones diseñadas para proteger los derechos humanos, facilitando el abuso de poder, la impunidad y el acceso selectivo a la justicia. Desvía los recursos públicos de servicios esenciales como la salud, la educación y la protección social, lo que perjudica de manera desproporcionada a los grupos marginados y exacerba la desigualdad. Venezuela es un caso emblemático de gran corrupción en el hemisferio occidental, en el que la emergencia humanitaria compleja y el colapso de los servicios públicos están directamente relacionados con el desmantelamiento de las instituciones democráticas, lo que ha provocado la migración forzosa de casi 8 millones de personas desde Venezuela.
Según Transparencia Venezuela, hay 254 casos de corrupción que involucran a políticos venezolanos en 31 países, aumentando a $64,6 mil millones de dólares en activos como yates, vehículos, relojes, aviones privados, oro, caballos, bienes inmuebles, efectivo y cuentas bancarias; Estados Unidos es uno de los principales destinos de estos activos. Según Iniciativa de Recuperación de Activos de Venezuela (INRAV), una organización independiente de la sociedad civil que ha abogado por la legislación estadounidense en esta materia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto 72 casos legales, que resultaron en órdenes de confiscación por un valor estimado de $4 mil millones de dólares. La gran mayoría de estos activos han sido confiscados en los estados de Florida y Texas. Es importante señalar que Estados Unidos suele retener una parte de los activos recuperados para cubrir los gastos incurridos en su confiscación, por lo que no está claro cuánto dinero quedará disponible tras cumplir con estos requisitos legales.
Para qué es y para qué no es el fondo
Si se aprobara este proyecto de ley, se crearía el Fondo para la Restauración de Venezuela en el Departamento del Tesoro y sería administrado por el Departamento de Estado, según las reglas establecidas por el Congreso y las reglas internas de gobernanza del fondo que determinen estas agencias. PANA establece cuatro propósitos específicos para los que se puede utilizar el fondo: i) fortalecer la gobernanza y las instituciones democráticas; ii) defender los derechos humanos internacionalmente reconocidos del pueblo venezolano, incluida la documentación de los crímenes de lasa humanidad y las violaciones de los derechos humanos; iii) apoyar a los medios de comunicación independientes, y iv) combatir la corrupción y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. El fondo no sustituye a la ayuda extranjera.
Estados Unidos es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y co-organizó el Foro Global sobre Recuperación de Activos (GFAR) en 2017, que lideró al desarrollo de los Principios para la Disposición y Transferencia de Activos Robados Confiscados. Estos sirven como guía para devolver los activos robados en beneficio de los pueblos de las naciones perjudicadas por la corrupción. Si se promulga, PANA se implementaría de conformidad con normas estadounidenses e internacionales.
Salvaguardas contra la discrecionalidad y el papel de la supervisión congresional
Una vez que las agencias federales han recuperado los activos, tienen cierto margen de discrecionalidad sobre cómo se utilizan los fondos. Por lo tanto, la PANA establece medidas de protección, limitando los fines para los que se pueden utilizar los fondos y garantizando que estos activos se devuelvan a las y los venezolanos. PANA también incluye un requisito de reportaje para el Secretario de Estado, quien debe presentar al Congreso información sobre los fondos depositados en el Fondo para la Restauración de Venezuela y proporcionar un resumen de los gastos. Actualmente, el proyecto de ley no exige al Departamento de Estado que consulte con miembros de la sociedad civil venezolana para determinar cómo asignar los fondos de acuerdo con los propósitos establecidos en la legislación. Sin embargo, existe la oportunidad de que esto se añade —y debería añadirse— si el Senado aprueba la legislación.
El Fondo cuenta con el apoyo bipartidista
La idea de crear un fondo de esta naturaleza ha contado con el apoyo bipartidista. De hecho, la primera vez que un proyecto de ley incluyó lenguaje relativo a los esfuerzos para recuperar los activos robados al pueblo venezolano fue en la Ley VERDAD de 2019. En 2021, la PANA se presentó por primera vez en el Senado y, posteriormente, en 2023, el senador Ted Cruz, junto con un grupo de co-patrocinadores, la presentó de nuevo como una iniciativa liderada por miembros del partido republicano.
En 2022, PANA también se introdujo como una iniciativa liderada por los demócratas en la Cámara de Representantes. Del mismo modo, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, los senadores Ben Cardin y Tim Kaine anunciaron que introducirán la ley VERDAD para la rendición de cuentas de Maduro. Esta propuesta legislativa también incluía la creación de un fondo para mantener los activos confiscados en casos judiciales relacionados con Venezuela, que se utilizaría para ayuda humanitaria. Durante la revisión de la Ley de Reautorización del Departamento de Estado (min. 4:54:49), el miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks (demócrata por Nueva York), y la presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental, María Elvira Salazar (republicana por Florida), apoyaron públicamente la Ley PANA.
La transparencia y los esfuerzos contra la corrupción son fundamentales
La única razón por la que hoy en día hay casi 4 mil millones de dólares en órdenes de decomiso contra actores corruptos venezolanos en Estados Unidos es que las instituciones estadounidenses se han comprometido firmemente con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el 5 de febrero de 2025, la Fiscalía General emitió un memorándum en el que se indicaba que “el Grupo de Trabajo KleptoCapture, el Equipo de Cleptocracia del Departamento y la Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia deberán ser disueltos» y que se dará prioridad a las investigaciones dirigidas contra los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales. Como han advertido expertos en el campo como Alexis Loeb, el desmantelamiento de estas unidades del Departamento de Justicia tiene graves consecuencias: «el blanqueo de los ingresos procedentes de la corrupción a través de la economía estadounidense crea riesgos para la seguridad y fuerzas que distorsionan el mercado”, y la experiencia acumulada por estos equipos anticorrupción no puede sustituirse ni reconstruirse fácilmente.
A fin de combatir la corrupción procedente de Venezuela, también cabe señalar que, en marzo, el Departamento del Tesoro anunció la suspensión de la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) con respecto a las empresas nacionales que presentan informes. Transparencia Internacional advirtió que esto convertiría a Estados Unidos en «un imán para los delincuentes extranjeros, desde cárteles de la droga hasta estafadores y organizaciones terroristas», permitiéndoles eludir las leyes contra el blanqueo de capitales al establecer sus operaciones dentro de Estados Unidos.
Socavar el pilar económico de apoyo de un gobierno de facto responsable de graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela y proteger los activos incautados en Estados Unidos como resultado de la corrupción y devueltos a las personas venezolanas son formas poderosas en las que Estados Unidos puede apoyar a la ciudadanía de ese país. Esto solo puede lograrse si se respeta el estado de derecho en Estados Unidos y si las leyes para combatir la corrupción también se aplican con firmeza a nivel nacional.
¿Qué sigue?
Ahora que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes ha avanzado un proceso complejo y controvertido para autorizar y reestructurar diversas autoridades dentro del Departamento de Estado, el proyecto pasará a la cámara plenaria para su consideración. Dado que se avecina un posible cierre del Gobierno, no está claro cuándo tendrá lugar la votación. Si la Cámara de Representantes lo aprueba, la legislación pasará al Senado. Es poco probable que el Senado adopte la versión de la Cámara de Representantes, por lo que ambas cámaras deberán conciliar sus diferencias a través de una comisión mixta.
Aún queda un largo proceso por delante, y esta legislación es solo una pequeña parte de un proyecto de ley mucho más amplio. Sin embargo, es la primera vez que la Ley PANA está tan cerca de convertirse en legislación, y la votación durante la revisión muestra que la idea de un Fondo para la Restauración de Venezuela cuenta con el apoyo bipartisano. Ya sea mediante este vehículo u otro en el futuro, está claro que existe respaldo para los mecanismos que garantizan que el dinero procedente de la corrupción sea devuelto a las personas perjudicadas por estas acciones criminales.
