La operación militar estadounidense ilegal y unilateral en Venezuela del 3 de enero de 2026, la captura y extracción del presidente de facto Nicolás Maduro, seguida del anuncio del presidente Trump de que Estados Unidos “administraría” Venezuela, incluido el control de sus ventas de petróleo, culminó un año turbulento en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina.
En el primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, su administración arrasó con las instituciones del orden internacional liberal que Estados Unidos ayudó a construir durante ocho décadas. Al recortar drásticamente la asistencia exterior estadounidense, poner fin a USAID, debilitar el Departamento de Estado, criticar y retirarse de decenas de organismos internacionales y utilizar de manera ilegal la fuerza militar letal, la administración Trump está priorizando una definición estrecha de los intereses estadounidenses y denigrando la cooperación multilateral. Según la legislación estadounidense, la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia son objetivos fundamentales (aunque aplicados de manera inconsistente) de la política exterior de Estados Unidos; sin embargo, esto claramente ya no es así.
Más allá de las repercusiones globales de estos drásticos cambios de política, América Latina se ha convertido, sin duda, en un foco central de las acciones de la administración, tal como lo expone el “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Quizá nada lo ilustra con mayor claridad que una publicación reciente del Departamento de Estado en X: “Este es NUESTRO hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada.”
Mientras el primer mandato de Trump se caracterizó por una política exterior transaccional, el segundo también ha incluido el uso de la coerción, mediante amenazas de aranceles, sanciones y acciones militares, para presionar a los gobiernos a fin de que impulsen las prioridades propias de la administración. En América Latina, esto se ha centrado en detener la migración y el tráfico de drogas ilícitas, mientras que la administración también busca controlar el acceso a la región y limitar la “influencia externa” de países situados en el “otro lado del mundo”, principalmente China. La administración no solo pretende que los gobiernos del Hemisferio Occidental vean a Estados Unidos como su “socio de primera elección”, sino que, además, “desalentará (por diversos medios) su colaboración con otros”.
Varios gobiernos y líderes políticos latinoamericanos se han mostrado socios dispuestos de la administración Trump en estos objetivos, tanto ideológicamente, al promover una agenda antiderechos, como por su desdén hacia los controles y equilibrios sobre el poder ejecutivo. Muchos otros, en cambio, han procurado equilibrar la necesidad de interactuar con la administración Trump para evitar repercusiones negativas, al tiempo que protegen sus propias prioridades y su soberanía.
Existe una larga lista de acciones emprendidas durante el primer año de la administración Trump que han tenido un impacto desproporcionado en América Latina. A continuación, WOLA destaca cuatro desarrollos clave que afectan a la región en este periodo.
- Socavando la promoción de los derechos humanos y la democracia en el exterior
El cierre de USAID, junto con la cancelación de la mayor parte de la asistencia exterior de Estados Unidos, ha tenido efectos devastadores a nivel mundial. La administración aún no ha proporcionado información pública sobre el monto final de la asistencia y los programas eliminados en todo el mundo. Un análisis propio de WOLA, basado en un memorando que la administración envió al Congreso en marzo de 2025, sugiere que más del 84 por ciento de la asistencia de USAID a América Latina y el Caribe fue eliminada, junto con recortes sustanciales en el financiamiento de otros programas administrados por diversas oficinas del Departamento de Estado.
Aunque algunos programas de salud pública, asistencia humanitaria y desarrollo económico permanecen, la gran mayoría del financiamiento destinado a derechos humanos, democracia, Estado de derecho, diversidad y equidad, así como al apoyo a personas migrantes y solicitantes de asilo en distintos puntos de la región, prácticamente ha desaparecido. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado vio canceladas 389 de sus 391 subvenciones destinadas a promover la democracia. Analistas han afirmado que el 80 por ciento del financiamiento estadounidense para la democracia a nivel mundial ha sido recortado. Las organizaciones locales se han visto obligadas a cerrar,poner fin a programas y despedir personal, mientras que las organizaciones internacionales han enfrentado el mismo destino.
Mientras el equipo de Trump buscaba desmantelar la ayuda exterior de Estados Unidos en 2025, el Congreso, controlado por el Partido Republicano, guardó silencio en gran medida. Sin embargo, la legislación sobre asistencia exterior para el año fiscal 2026, que actualmente avanza en el Congreso, prevé más de US$50 mil millones en ayuda exterior estadounidense, 19 mil millones más de lo solicitado por la administración, pero 9,3 mil millones menos que los niveles aprobados para el año fiscal 2025. El financiamiento aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado en pleno, pero el proyecto de ley fue acordado de manera bipartidista por los Comités de Asignaciones de ambas cámaras.
El Departamento de Estado intentó eliminar el Fondo para la Democracia y no hizo mención alguna a programas de derechos humanos en su solicitud presupuestaria, pero el proyecto de ley que avanza en el Congreso incluye más de US$205 millones para un Fondo de Derechos Humanos y Democracia en el Departamento de Estado, y 315 millones para apoyar a la Fundación Nacional para la Democracia (NED). El informe de la Cámara de Representantes que acompaña la legislación, considerado el lenguaje directivo del proyecto de ley, señala que el Comité de Asignaciones “cree firmemente que la defensa de la democracia y los derechos humanos es fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Aunque un aumento en la asistencia exterior de Estados Unidos sería bienvenido, sigue sin estar claro cómo, o incluso si, un nuevo paquete de ayuda exterior aprobado por el Congreso llegará a implementarse. Persisten preguntas sobre la capacidad del Departamento de Estado para administrar los fondos, a la luz del cierre de USAID y de los recortes de personal y la reestructuración interna del propio departamento, que prácticamente eliminaron al personal encargado de los programas de derechos humanos y democracia. Tampoco está claro cómo se asignarían los fondos, dado el desdén de la administración por la promoción de la democracia y los derechos humanos. De hecho, ni siquiera es seguro que los nuevos fondos de asistencia exterior lleguen a gastarse, ya que la Oficina de Administración y Presupuesto ha demostrado estar dispuesta a retener o retrasar la ejecución de las leyes de gasto aprobadas por el Congreso.
La democracia apenas se menciona en la Estrategia de Seguridad Nacional y un memorando del Departamento de Estado de julio de 2025 insta a su personal a “evitar pronunciarse sobre la imparcialidad o integridad de un proceso electoral, su legitimidad o los valores democráticos del país en cuestión”. Funcionarios de la administración han emitido mensajes contradictorios sobre si la restauración de la democracia siquiera forma parte de sus objetivos en Venezuela, por no hablar de la necesidad de la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Maduro.
Del mismo modo, en lugar de defender normas universales de derechos humanos exigibles en virtud del derecho internacional, la administración se centra en asegurar “derechos naturales otorgados por Dios”. El debilitamiento de los estándares y la minimización de determinados tipos de violaciones de derechos humanos también resultan evidentes en los nuevos informes anuales de derechos humanos, simplificados, del Departamento de Estado. Estos informes eliminan referencias a la diversidad, la equidad y la inclusión, así como secciones sobre la corrupción gubernamental y el análisis de los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad y la comunidad LGBTQ+, así como aquellos relativos a gobiernos que niegan la libertad de circulación y de reunión pacífica. Las directrices emitidas en noviembre para los informes de 2025 también exigen incluir caracterizaciones como abusos la provisión de subsidios para el aborto, la realización de cirugías de transición de género, así como los “abusos de derechos humanos causados por la migración masiva”, incluidas “políticas que castigan a ciudadanos que se oponen a la migración masiva continua y documentan delitos y abusos de derechos humanos cometidos por personas de origen migrante”, tal como lo estipuló el Departamento en una publicación en X.
- Interferencia en los procesos electorales en América Latina
A medida que la administración Trump se ha apartado de la promoción de la democracia a nivel mundial, sus acciones a lo largo del último año demuestran que no tiene ningún problema en intentar influir en los resultados electorales para favorecer a determinados candidatos o partidos, ni en guardar silencio cuando aliados socavan aun más las normas democráticas. Cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, aprobó en julio de 2025 reformas constitucionales que incluyeron la eliminación de los límites a la reelección, permitiendo a Bukele postularse indefinidamente y consolidando legalmente un régimen autoritario, el Departamento de Estado afirmó que corresponde a los legisladores salvadoreños “decidir cómo debe gobernarse su país”.
Esto contrasta de manera contundente con el llamado de Trump al pueblo hondureño para que eligiera a su candidato preferido en las elecciones presidenciales de noviembre de 2025, tras recortes significativos en la asistencia estadounidense destinada a fortalecer las instituciones electorales del país. En la semana previa a las elecciones, Trump no solo indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado por un jurado federal en Estados Unidos por conspirar para importar cocaína al país, sino que además respaldó públicamente a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional de Hernández, como presidente de Honduras, subrayando las repercusiones para la futura asistencia estadounidense si Asfura no resultaba vencedor. Cuando los resultados fueron ajustados tras las elecciones del 30 de noviembre, Trump advirtió en una publicación en Truth Social que habría “un alto costo que pagar” si Asfura no triunfara. Tras semanas de tensión en Honduras, y pese a no haberse resuelto todas las impugnaciones legales, Asfura fue declarado presidente del país el 24 de diciembre de 2025, con el 40,27 por ciento de los votos, superando a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien obtuvo el 39,53 por ciento y a quien Trump había calificado de “casi comunista”, así como a la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada.
Previamente, cuando la administración Trump otorgó un rescate financiero de US$20 mil millones al presidente argentino Javier Milei para ayudar a estabilizar la economía, Trump afirmó que el apoyo estaba condicionado a que el partido de Milei ganara las elecciones legislativas de octubre de 2025. Tras la contundente victoria del partido de Milei, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, afirmó que los resultados “son un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de paz mediante la fuerza económica está funcionando”.
La administración también impuso medidas punitivas contra Brasil, incluyendo aranceles y sanciones individuales contra funcionarios judiciales brasileños, principalmente debido a lo que percibió como una persecución política contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. En julio de 2025, la Casa Blanca afirmó que las acciones contra Bolsonaro socavaban “la capacidad de Brasil para celebrar una elección presidencial libre y justa en 2026”, y que “el trato del Gobierno de Brasil hacia el expresidente Bolsonaro también contribuye a la ruptura deliberada del Estado de derecho en Brasil, a la intimidación con motivaciones políticas en el país y a violaciones de derechos humanos”. Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 por su papel en el liderazgo de un intento de golpe de Estado destinado a anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.
Con las elecciones legislativas y presidenciales clave que ocurren este año en Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú, cabe esperar que la administración Trump muestre un gran interés en sus resultados, así como que algunos candidatos busquen el favor de Trump si consideran que ello puede favorecer sus propios objetivos políticos.
- América Latina soporta el peso de los ataques de la administración contra las personas migrantes
Como la región con la mayor población de migrantes indocumentados que residen en Estados Unidos, muchos de ellos beneficiarios de vías legales temporales, América Latina se ha visto profundamente afectada por los esfuerzos de la administración Trump para impulsar deportaciones masivas y despojar de estatus legal a un número creciente de personas. En su primer año, la administración Trump suspendió el acceso al asilo en la frontera estadounidense; puso fin al programa de libertad condicional humanitaria para personas cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas; canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas haitianas, hondureñas, nicaragüenses y venezolans; y eliminó los procesos de libertad condicional de reunificación familiar para personas de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Aunque todas estas medidas están siendo impugnadas ante los tribunales, casi todas siguen vigentes por ahora.
En diciembre, la administración suspendió todas las solicitudes de asilo pendientes y anunció que revisaría decisiones migratorias anteriores relativas a personas procedentes de 19 países sujetos a distintos niveles de restricciones de viaje anunciadas por la administración en junio de 2025, entre ellos Cuba, Haití y Venezuela. También en diciembre, la administración amplió la prohibición de viaje a 20 países adicionales y endureció algunas restricciones, prohibiendo el ingreso a Estados Unidos, parcial o totalmente, desde Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Haití y Venezuela, entre otros.
Para alcanzar su objetivo de deportaciones masivas, la administración ha intensificado la maquinaria de deportación de Estados Unidos, impulsada por una inyección de financiamiento sin precedentes a través de la ley presupuestaria aprobada por el Congreso en julio de 2025, llevando a cabo campañas de deportación masivas, crueles e inhumanas en varias ciudades estadounidenses. Más del 90 por ciento de las personas migrantes detenidas en los últimos meses no tienen condenas penales. Como documentaron WOLA y la Women’s Refugee Commission durante trabajo de campo realizado en el verano de 2025, las personas migrantes no solo están expuestas a múltiples abusos durante su detención, traslado y deportación, sino que además están siendo devueltas a países que a menudo carecen de la capacidad necesaria para apoyarlas, sin los recursos estadounidenses que antes financiaban la recepción y la reintegración, así como el procesamiento de solicitudes de asilo y otros esfuerzos de regularización.
La administración también ha ampliado el uso de las expulsiones a terceros países. Aunque estas están permitidas por la legislación estadounidense en determinadas circunstancias, actualmente un número mucho mayor de personas migrantes y solicitantes de asilo está siendo enviado a terceros países, la mayoría en casos en los que no pueden ser devueltas a sus países de origen o con el fin de presionar a la persona migrante para que acepte su expulsión del país. Amnistía Internacional informó que, en los primeros seis meses del año, la administración deportó a más de 8.100 personas migrantes a un tercer país. Entre el 20 de enero y el 15 de noviembre de 2025, la administración deportó a 10.967 personas no mexicanas a México, según la respuesta del gobierno mexicano a una solicitud de información presentada por la organización de defensa de los derechos de las personas migrantes IMUMI, incluidos casos de personas que expresaron temor a sufrir daño si eran enviadas allí.
Un número alarmante de solicitantes de asilo, así como de personas cuyos países de origen no presentan impedimentos para recibirlas, también está siendo sometido a esta práctica. No está claro qué información, si es que se proporciona alguna, se comunica a los países receptores sobre personas respecto de las cuales los jueces estadounidenses han emitido decisiones legales que prohíben su retorno a los países de origen por motivos de seguridad. Esto incrementa el riesgo de “refoulement en cadena”: la devolución de una persona a su país de origen, donde enfrenta una alta probabilidad de muerte o persecución, desde un tercer país, una práctica que ya está siendo documentada en varios casos.
En América Latina —con excepción de México, que comenzó a recibir a personas migrantes no mexicanas bajo las políticas de “Quédate en México” y “Título 42” durante la primera administración Trump— la administración ha alcanzado algún tipo de acuerdo de cooperación en materia de asilo, acuerdo de “tercer país seguro” u otros arreglos para la recepción de personas migrantes (no siempre solicitantes de asilo) con: Belice, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay.
Esto es aparte del acuerdo y pago de marzo de 2025 a El Salvador para recibir y trasladar a su prisión de máxima seguridad, el CECOT, a 252 personas migrantes y solicitantes de asilo venezolanas, independientemente de que existiera o no evidencia de que hubieran cometido algún delito en los Estados Unidos. Allí fueron mantenidas incomunicadas, golpeadas, torturadas y sometidas a violencia sexual y otros tratos inhumanos durante cuatro meses. En julio, fueron devueltas a Venezuela, un país del que algunas habían huido en busca de asilo, como parte de un intercambio de presos entre la administración Trump y el régimen de Maduro. En diciembre de 2025, un juez federal resolvió que la administración Trump debía garantizar a las personas el debido proceso en Estados Unidos, ya fuera devolviéndolas al país o llevando a cabo audiencias judiciales.
- Llevando la “guerra contra las drogas” a nuevos extremos
Ahora está claro que, aunque la destrucción de embarcaciones fue presentada como una supuesta nueva estrategia para reducir el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos, el amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe desde septiembre de 2025 también buscaba preparar una operación en Venezuela. Hasta la fecha, los 32 ataques ilegales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental han resultado en la ejecución extrajudicial de al menos 124 personas. La administración ha dejado abierta la posibilidad de realizar ataques militares adicionales contra embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
Como WOLA ha señalado anteriormente, además del carácter ilegal de estos ataques, cinco décadas de enfoque estadounidense en el control de la oferta de drogas en el exterior y en la interdicción no han logrado reducir la disponibilidad de drogas ilícitas en Estados Unidos ni debilitar al crimen organizado. Además, si las embarcaciones destruidas sin ningún tipo de debido proceso efectivamente transportaban drogas, como afirma la administración Trump, lo más probable es que se tratara de cocaína, y podrían haber tenido como destino Europa. No existe evidencia de que el fentanilo de fabricación ilícita —la principal droga detrás del aún alarmantemente alto número de muertes por sobredosis en Estados Unidos— se produzca o se exporte desde Venezuela ni desde ningún otro país de Sudamérica.
Más bien, México ha sido blanco de la mayor parte de la presión estadounidense para frenar el ingreso de fentanilo al país, incluyendo mediante la designación de seis grupos del crimen organizado mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs, por sus siglas en inglés) y la imposición de aranceles. La presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado numerosas acciones a lo largo del año para evitar medidas punitivas adicionales, entre ellas: incrementar la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, extraditar o trasladar a 133 integrantes de cárteles mexicanos a ese país, desplegar efectivos de la Guardia Nacional en los estados del norte de México, realizar incautaciones de drogas y armas y reforzar el énfasis en las detenciones de alto impacto, entre otras medidas. Tras la visita del secretario Rubio a México en septiembre, ambos gobiernos emitieron un comunicado en el que reafirmaron su compromiso con la cooperación en materia de seguridad, mientras que la presidenta Sheinbaum ha consistentemente insistido en la necesidad de respetar la soberanía de México en cualquier acción de Estados Unidos, incluso después de una llamada con el presidente Trump en los días posteriores a los ataques militares estadounidenses en Venezuela.
Otros países tampoco han podido evitar las medidas punitivas de Estados Unidos. Por primera vez desde finales de la década de 1990, la administración descertificó a Colombia por considerar que no hacía lo suficiente para controlar el narcotráfico y sancionó al presidente colombiano Petro y a otras personas por su presunta participación en el “tráfico ilícito mundial de drogas”, sin presentar pruebas. Tras meses de crecientes tensiones, los dos presidentes conversaron y restablecieron relaciones cordiales el 7 de enero. Como forma de evitar futuras represalias por parte de Estados Unidos, Petro se comprometió a retomar la fumigación aérea con glifosato contra los cultivos de coca y a la extradición del narcotraficante Andrés Felipe Martín, entre otras medidas.
En toda la región, la administración ha equiparado el crimen organizado con el terrorismo, deshaciendo una distinción vigente desde antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pese a que los dos fenómenos son distintos y requieren enfoques diferentes. Mientras que en febrero de 2025 había cuatro grupos latinoamericanos en la lista del gobierno estadounidense de Organizaciones Terroristas Extranjeras, actualmente son 19.
Tras eliminar más de 200 proyectos de asistencia estadounidense destinados a frenar el flujo ilícito de drogas hacia el país, la administración solicitó apenas 125 millones de dólares en financiamiento mundial para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado para el año fiscal 2026, aunque el Congreso propone 1.400 millones de dólares, una cifra similar a los niveles de financiamiento actuales. Más allá de las prioridades presupuestarias, las acciones emprendidas hasta ahora, incluidos los ataques letales contra embarcaciones, sugieren un énfasis en el espectáculo militar combinado con un enfoque tradicional centrado en detenciones, erradicación de cultivos e incautaciones de drogas, en lugar de un apoyo más profundo y eficaz a la reforma de la justicia y de las fuerzas policiales, al Estado de derecho y al combate a la corrupción, que han caracterizado parte de la programación del INL en los últimos años.
En el ámbito interno, no está claro cómo la administración avanzará en los objetivos que expuso en sus Prioridades de la Política Nacional de Drogas, como reducir el número de muertes por sobredosis en Estados Unidos y proporcionar servicios eficaces de tratamiento y recuperación. Desde enero, la administración ha reducido en más de la mitad el personal de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA), dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que administra subvenciones para servicios de salud mental y adicciones. De igual modo, la ley presupuestaria de julio de 2025 eliminó casi un billón de dólares en financiamiento a lo largo de la próxima década para Medicaid, la principal fuente de tratamiento para los trastornos por consumo de sustancias en Estados Unidos.
Conclusiones
El nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado representó la primera vez que una persona de ascendencia latinoamericana había ocupado ese cargo, lo que señaló un renovado interés por la región. Sin embargo, el primer año del gobierno de Trump ha dejado en claro que este interés se basa en afirmar el dominio de Estados Unidos, en lugar de en la cooperación bilateral, aunque desequilibrada, que había caracterizado la política exterior estadounidense anteriormente. Ya sea mediante la «diplomacia de las cañoneras» o las amenazas económicas, la administración pretende que Estados Unidos «sea preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite imponernos con confianza donde y cuando sea necesario en la región».
La reciente votación en el Senado para abordar la Resolución de Poderes de Guerra sobre la necesidad de autorización del Congreso para la realización de acciones militares en Venezuela, aunque seguida de una decepcionante derrota (50–51) en la que el vicepresidente JD Vance tuvo que emitir el voto decisivo, fue una señal poco común de preocupación por la extralimitación de facultades del Ejecutivo por parte de algunos republicanos. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos meses, incluidas al menos 124 ejecuciones extrajudiciales en ataques contra embarcaciones y la operación militar en Venezuela, dejan claro que el Congreso debe emprender acciones más numerosas y contundentes para ejercer un control efectivo sobre una administración que ha demostrado estar dispuesta a ignorar el derecho estadounidense e internacional. Asimismo, más allá de asignar fondos suficientes para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la promoción de la democracia y los derechos humanos, debe actuar para garantizar que la administración utilice esos fondos conforme a su propósito, y sus integrantes deben seguir alzando la voz frente a las amenazas a la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en el ámbito interno, global y derivadas de la política exterior estadounidense.
En este contexto turbulento y sin precedentes, es más importante que nunca que la sociedad civil de Estados Unidos y de América Latina sumen esfuerzos para visibilizar el impacto de las acciones de la administración estadounidense en la región sobre los derechos humanos, y para promover políticas en toda la región que preserven el espacio cívico, protejan los derechos humanos y fortalezcan, en lugar de socavar, un orden internacional basado en normas.
