El Movimiento de Víctimas del Régimen en El Salvador (MOVIR), que reúne a familiares y defensores de personas privadas de libertad bajo el estado de excepción, es el ganador del Premio de Derechos Humanos 2025 de WOLA.
Las cárceles de toda América Latina ya estaban a rebosar cuando el “modelo de seguridad de Bukele”, caracterizado por un estado de excepción que ha dado lugar a un número sin precedentes de detenciones y encarcelamientos masivos, comenzó a ser adoptado por otros políticos que han imitado los discursos y las políticas punitivas y militarizadas que se consideran políticamente populares. El uso excesivo de la prisión preventiva incluso para delitos menores, el aumento de los encarcelamientos políticos en países como Venezuela y Nicaragua y, en algunos casos, las cuotas de detenciones han contribuido al creciente número de personas entre rejas en la región. Las imágenes de hombres hacinados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador han quedado grabadas en la mente de la gente. Pero el trauma y los retos que sufren las y los familiares de las personas encarceladas han pasado desapercibidos en gran medida, hasta ahora.
Establecimiento de los derechos de familiares de las personas encarceladas
En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA publicó una resolución histórica, Los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las personas privadas de libertad. Según la CIDH, esta resolución “reconoce las afectaciones que sufren las personas que tienen familiares en privación de libertad y hace un llamado a los Estados a adoptar medidas que les aseguren sus derechos como tales.” Es la primera vez que los derechos de familiares de personas encarceladas se incorporan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, la resolución adopta una definición amplia de familiar, como “Cualquier persona que mantenga un lazo de parentesco que la haga relativa de la persona privada de la libertad, ya sea consanguíneo, legal, por afinidad o por elección incluyendo quien posea un vínculo afectivo derivado de un trato frecuente y de confianza, sin límites temporales y ninguna forma de discriminación.” La resolución pone de relieve las enormes responsabilidades de cuidado y de otro tipo que asumen familiares, así como el estigma, la discriminación, la violencia y otros retos que se enfrentan.
Sacudida de su cómoda vida de clase media, Andrea Casamento relata: “Cuando mi hijo fue detenido y enviado a una prisión de máxima seguridad en Buenos Aires, acusado falsamente de robar tres tacos, yo no tenía ni idea de cómo era una prisión; no formaba parte de mi mundo. Tuve que hacer largas colas para entrar en la prisión y llevarle a mi hijo artículos de primera necesidad, como comida y mantas, solo para ver cómo los guardias los destrozaban al registrar a las visitantes, durante lo cual me desnudaron. Fue humillante y exasperante. Y tuve que aprender a lidiar con un sistema judicial opaco y burocrático”. Después de ocho meses en la prisión de máxima seguridad, su hijo fue absuelto del robo de los tres tacos.
Mientras hacía cola para entrar en la prisión, Casamento comenzó a conocer a otras mujeres que se enfrentaban al mismo destino. A medida que más y más mujeres buscaban apoyo y consejo, ella y otra mujeres fundaron la Asociación Civil de Familiares de Indignados en Cárcel Federal (ACIFAD), una organización argentina de familiares de personas encarceladas. Además de apoyar a otras familiares, incluyendo con asistencia legal y necesidades de salud mental, ACIFAD abogó con éxito para que el gobierno proporcionara una asignación universal a los hijos y las hijas de familias cuyo principal sostén económico está encarcelado. (La historia de Andrea Cassamento es la inspiración para una nueva película de Netflix, La Mujer de la Fila).
En 2021, ACIFAD se unió a otras organizaciones de familiares dirigidas por mujeres de países latinoamericanos y España para formar la Red Internacional de Personas Privadas de Libertad (RIMUF), que defiende los derechos de familiares. (WOLA apoya a RIMUF como organización aliada). La RIMUF señala: “La mayoría de quienes visitan, cuidan y sostienen los vínculos con las personas privadas de libertad son mujeres: madres, hermanas, hijas, esposas, parejas, compañeras o amigas. Incluso en el caso de las mujeres encarceladas, son principalmente otras mujeres quienes mantienen los lazos y les acompañan.” Estas mujeres asumen múltiples cargas; a menudo tienen que trabajar más para reemplazar los ingresos del hogar, al mismo tiempo que deben proporcionar las necesidades básicas que necesitan sus seres queridos en prisión para sobrevivir. Mientras que las personas privadas de libertad en Estados Unidos reciben alimentos y otras necesidades básicas muy insuficientes, en la mayoría de los centros de detención de América Latina, las familiares son, literalmente, un salvavidas. Tienen que proporcionar comida, jabón, mantas, medicinas — todo lo necesario para sobrevivir. En resumen, se ven obligadas a suplir las deficiencias de los gobiernos a la hora de satisfacer las necesidades humanas básicas de quienes han sido recluidos.
Un estudio exhaustivo realizado por RIMUF concluye que, por cada persona entre rejas, al menos cinco personas de su entorno familiar inmediato se ven afectadas (la gran mayoría de ellas son mujeres con hijos y/o hijas). Además de las cargas económicas, las mujeres de la familia no tienen tiempo ni dinero para cuidarse a sí mismas, lo que se traduce en un aumento de los problemas de salud física y mental. Habitualmente denuncian que son discriminadas, incluso por amigas y otros familiares, y que son maltratadas y se les niega información precisa por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias. La vida de los niños cuyos padres están en prisión puede verse trastornada de forma permanente, lo que da lugar a diversos problemas de salud mental. Algunos abandonan la escuela prematuramente para trabajar o asumir la responsabilidad de sus hermanos y hermanas menores, mientras que otros pueden acabar viviendo en la calle.
Las familias de El Salvador se unen y alzan la voz
La situación de familiares de las personas privadas de libertad en El Salvador es especialmente grave, ya que el gobierno restringe el acceso a las personas encarceladas, especialmente en las prisiones de máxima seguridad. Es posible que ni siquiera sepan dónde se encuentra detenido su ser querido o que no tengan acceso a información sobre los cargos pendientes o los procesos judiciales. Si no pueden entrar en la prisión, deben entregar los paquetes para los reclusos a los guardias, que pueden entregarlos intactos o no. Si bien familiares de las personas privadas de libertad se enfrentan a una discriminación y un estigma constantes, en El Salvador también se enfrentan habitualmente a vigilancia, amenazas e intimidación.
Además, las personas encarceladas en El Salvador están muriendo a un ritmo alarmante; una estimación afirma que al menos 430 personas murieron mientras estaban detenidas entre el inicio del estado de excepción y agosto de 2025. Cuando se producen estas muertes, familiares pueden enterarse de boca de otros, y a menudo no pueden obtener información básica sobre las circunstancias. Como ha señalado WOLA, “Este manto de secretismo no solo agrava el duelo de las familias, sino que efectivamente protege del escrutinio público las condiciones de detención y los tratos potencialmente ilegales.” El coste humano que esto supone para las familias y las comunidades es inconmensurable.
A pesar de los riesgos, familiares y defensores se han unido en el Movimiento de Víctimas del Régimen en El Salvador (MOVIR). Galardonado del Premio de Derechos Humanos 2025 de WOLA, MOVIR se creó en 2022 en respuesta al estado de excepción y al aumento exponencial de las detenciones y encarcelamientos que este provocó. Según uno de sus miembros, Samuel Ramírez, “MOVIR surge a partir de la violación de los derechos humanos. Dijimos aquí no hay otra que las víctimas se organicen y que ellas mismas exijan sus derechos. Y así fue como surge MOVIR. MOVIR está formado por víctimas del régimen, o sea, personas que tienen a privados de libertad, familiares, hermanos, hijos, esposos, todo eso es movilizado.” Al igual que sus contrapartes en Argentina y otros países, MOVIR apoya a familiares poniéndolas en contacto con grupos de apoyo, recursos y asistencia jurídica; documenta y denuncia las condiciones carcelarias; y organiza marchas y protestas para dar visibilidad al problema. A pesar de las enormes dificultades, defienden con valentía a las personas detenidas injustamente en el marco del estado de excepción en El Salvador y a sus familias.
En toda la región, familiares de las personas privadas de libertad están saliendo de las sombras y exigiendo el respeto de sus derechos, así como los de sus seres queridos que se encuentran entre rejas. La fundación de RIMUF en 2021 marcó un punto de inflexión en la unión de organizaciones de familiares dirigidas por mujeres en torno a iniciativas de incidencia a nivel regional. Un resultado concreto, descrito anteriormente, es la resolución de la CIDH, Los derechos de los familiares y personas con vínculos afectivos de las personas privadas de libertad, que incorpora los derechos de familiares al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa resolución proporciona una hoja de ruta para los y las responsables políticos que desean adoptar políticas que garanticen los derechos humanos básicos de las personas privadas de libertad y sus familias, y abarca una gran variedad de cuestiones, entre ellas dar visibilidad y apoyo a familiares; dar prioridad al mantenimiento de los lazos familiares; garantizar condiciones dignas para las visitas, especialmente para menores de edad; prohibir los registros invasivos e intrusivos de visitantes; dar prioridad al interés superior de los niños, niñas y adolescentes y al derecho a la vida familiar; y proporcionar información clara y accesible a familiares, incluso sobre el estado de salud y la muerte.
Lo que se necesita ahora es la voluntad política de los Estados miembros de la OEA, incluido El Salvador, para aplicar las recomendaciones integrales de la CIDH. También es importante que se invierta la tendencia al aumento del encarcelamiento como medio para ganar puntos políticos, abordar los problemas sociales percibidos (ignorando sus raíces) o silenciar la disidencia. Es necesario reconocer y abordar el profundo daño que el encarcelamiento inflige a las familias y las comunidades — dar prioridad a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y mantener unidas a las familias es esencial para promover sociedades más justas y equitativas.
