Publicado originalmente en Fonte Seguro en portugués.
Los hechos
La madrugada del 3 de enero nos despertó con un evento que ya no creíamos posible en este siglo: un ataque militar de los Estados Unidos contra una capital sudamericana. Dicho ataque, además, culminó con la captura del presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, y su posterior traslado a New York para ser juzgados por varios delitos relacionados con “narco-terrorismo”. Periodistas locales calculan que al menos 77 personas murieron en este ataque, incluidos 3 civiles, mientras que el gobierno de Cuba confirmó que 32 miembros de sus fuerzas armadas también murieron durante la operación, lo que reconoce la presencia y la intervención de la inteligencia y los militares cubanos en Venezuela, algo constantemente negado por las autoridades venezolanas durante años.
El 5 de enero, la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, fue jurada como presidenta encargada, mientras que su hermano, Jorge Rodríguez, fue ratificado a los pocos días como presidente de la Asamblea Nacional. El ministro del Interior, Paz y Justicia, al que usualmente muchos se refieren como “el número dos del chavismo”, Diosdado Cabello, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se mantuvieron en sus puestos.
La posición del liderazgo de la Casa Blanca fue clara desde el principio: el presidente Donald Trump se adjudicó una victoria militar, no hizo mención alguna de términos como democracia o derechos humanos en su primera alocución inmediata, el propio 3 de enero, y la importancia del tema energético y petrolero ha estado en el centro de su discurso. El secretario de Estado, Marco Rubio, en días posteriores intentó “calmar” la enorme preocupación que generaron varios de los comentarios del presidente Trump (incluida la frase de que “EE. UU. gobernará Venezuela”) y presentó un “plan en tres fases” para el país que consistiría en una fase de estabilización, una de recuperación y, por último, una de transición. Se desconocen los detalles de implementación de cada fase, los periodos de tiempo en que se realizaría cada una y qué liderazgos y organizaciones venezolanas y de otros países estarían involucrados en su diseño y puesta en marcha.
Al momento de publicar estas líneas, las nuevas autoridades de facto en Venezuela, más allá de mantener una retórica desafiante contra la administración en Washington, en la que condenan los hechos ocurridos el 3 de enero, están claramente “cooperando” con el gobierno de EE.UU., y se prevé la reapertura de embajadas, el levantamiento de sanciones y mucho más trabajo conjunto. Si bien la oposición venezolana también está dialogando con la Casa Blanca, como se demostró en la reunión entre la líder opositora María Corina Machado y Donald Trump el 16 de enero, aún no queda claro cómo y en qué condiciones participará en la transición que Washington dice querer promover.
Las dos verdades
La madrugada del 3 de enero sienta un funesto precedente para las relaciones hemisféricas. Como bien expusimos desde la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) inmediatamente después de la intervención armada:
“La administración Trump llevó a cabo el ataque sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos y en violación de los límites constitucionales del poder del presidente en materia de guerra. Las acciones de los Estados Unidos también violan el derecho internacional. No parece haber ningún argumento válido de legítima defensa por parte de los Estados Unidos.”
El artículo 2.4 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.” Como miembro de la ONU, el gobierno de EE.UU. cometió una violación evidente de un principio establecido en la Carta. De igual forma, con esta acción la administración de Donald Trump dejó claro para América Latina y para el mundo su intención de desacatar abiertamente los principios básicos de las relaciones entre Estados y de actuar unilateralmente —incluyendo el uso de la fuerza— para promover sus objetivos de política exterior.
Dicho todo lo anterior, una segunda verdad igualmente importante y necesaria de exponer, es que este condenable quebrantamiento del derecho internacional por parte del gobierno de EE.UU. ocurrió en un país gobernado por un elite autoritaria que por años ha violado de manera sistemática el derecho internacional de los derechos humanos. No es fácil medir la magnitud del hecho de que Venezuela sea hoy en día el único país de las Americas con una investigación abierta en la Corte Penal Internacional (CPI). Los crímenes que investiga la CPI incluyen la persecución política, encarcelamiento u otra privación severa de la libertad física, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual por parte de las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno. A pesar de que las y los venezolanos votaron por un cambio de gobierno el 28 de julio del 2024 al elegir al candidato Edmundo González Urrutia, según lo pudo demostrar con evidencia la oposición venezolana, Nicolas Maduro optó por desconocer la voluntad popular. El sufrimiento de las y los venezolanos ante la emergencia humanitaria compleja, la represión sostenida y el éxodo de más del 25% de la población en tan solo una década es difícil de explicar solo con datos o indicadores. La tragedia venezolana ha impactado a toda la región y más allá de las fronteras de América Latina.
Lo anterior no justifica un ataque militar de una potencia. Muestra, no obstante, que en el caso venezolano conviven dos verdades complejas: la abierta violación del derecho internacional por parte de la administración Trump y la realidad de un país que continúa viviendo bajo un régimen autoritario y represivo que no cuenta con ninguna legitimidad. En el medio de estas dos verdades se encuentra la población de Venezuela, y su diáspora forzada por el mundo que espera que la comunidad internacional, incluido el gobierno de EE. UU., hagan el esfuerzo necesario para que el país pueda encausarse hacia la transición democrática real que las y los venezolanos claman, y no solamente un cambio de liderazgo autoritario por otro.
