Juan Ortega/Getty Images
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La muerte de al menos 38 personas centroamericanas y sudamericanas en un incendio ocurrido esta semana en un centro de detención de personas migrantes del gobierno mexicano en Ciudad Juárez muestra las peores consecuencias posibles de las políticas estadounidenses de expulsión en la frontera y de las políticas mexicanas de control migratorio, ambas centradas en la detención y la disuasión. Dado que las víctimas murieron bajo custodia de las autoridades mexicanas en una ciudad a la que, con la aceptación del gobierno mexicano, el gobierno estadounidense expulsa a personas migrantes y solicitantes de asilo, esta tragedia es un llamado urgente para que ambos gobiernos cambien de rumbo y protejan las vidas de las personas migrantes.
Sin embargo, lejos de reconocer lo anterior, diversas autoridades estadounidenses han reaccionado sugiriendo que el incendio muestra los “riesgos” de la migración irregular y afirmando que las personas migrantes deben seguir “vías legales”, mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, describió la tragedia como el resultado de las protestas de las personas migrantes en un “albergue”.
Si bien la información sobre lo ocurrido se sigue actualizando, medios de comunicación mexicanos informan que algunas de las personas encerradas en las instalaciones habrían sido expulsadas a México por las autoridades estadounidenses en virtud del Título 42, que deniega el derecho a solicitar asilo en la frontera a menos que las personas logren conseguir una de las pocas citas ofrecidas a través de una aplicación de teléfono móvil defectuosa para pedir una exención a la regla. Las expulsiones y los obstáculos para acceder al asilo en Estados Unidos son, en cualquier caso, una práctica habitual en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez.
Las políticas estadounidenses están bloqueando la posibilidad de las personas de solicitar asilo, que es una vía legal de migración y un derecho humano. En este caso, además, las víctimas perdieron la vida mientras estaban encerradas bajo custodia del gobierno mexicano. Sin embargo, diversas respuestas oficiales de integrantes del gobierno de Biden caracterizaron el incendio como un “doloroso recordatorio de los riesgos de la migración irregular”, e incluso afirmaron que “quienes buscan migrar lo deben hacer por vías legales“. Cuando se le preguntó por la seguridad de las personas migrantes detenidas en México, un portavoz del Departamento de Estado eludió la pregunta y se refirió en términos generales a los riesgos de la migración, añadiendo: “No estoy hablando de este incidente en concreto, sino que, en términos generales, quienes deciden transitar por cualquier lugar de forma irregular se ponen en peligro.”
Tales respuestas sugieren que las personas migrantes murieron porque eligieron ponerse en riesgo al migrar sin un estatus legal, cuando en realidad murieron en circunstancias evitables bajo custodia del gobierno mexicano, en un contexto en el que no tenían o presumiblemente no habrían tenido acceso a una vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha atendido adecuadamente las innumerables recomendaciones formuladas por organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos en relación con las deplorables condiciones de muchos de sus centros de detención. Entre ellas, un incendio en 2020 en un centro de detención en Tenosique, Tabasco, que provocó la muerte de una persona migrante, y múltiples casos de falta de alimentos, agua y atención médica adecuados, así como de tortura por parte de agentes del INM y funcionarios de seguridad.
La información actualmente disponible sugiere que cuando comenzó el incendio en las instalaciones de Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo en una zona en la que había 68 hombres retenidos, los funcionarios de las instalaciones dejaron encerradas a las personas migrantes, a pesar de tener la obligación de reaccionar inmediatamente para proteger sus vidas mientras estaban bajo custodia.
Las amenazas a las personas migrantes y solicitantes de asilo expulsadas a las ciudades fronterizas mexicanas son innumerables y bien conocidas. Desde enero de 2021, las personas expulsadas en virtud del Título 42 han sufrido más de 13.000 agresiones denunciadas públicamente, incluidos secuestros, violaciones y asesinatos. Además de la violencia criminal, las personas migrantes en México se enfrentan a la extorsión y otros abusos de las autoridades, así como al riesgo de ser detenidas. A pesar de que las normas internacionales dictan que la detención debe ser la excepción y no la regla para las personas migrantes, el gobierno mexicano utiliza la detención como una respuesta a gran escala a la migración.
La tragedia de esta semana es una expresión brutal de las políticas fronterizas que cierran el acceso a la protección y atrapan a las personas en lugares donde pueden sufrir violencia y peligro a manos de organizaciones delictivas y de las propias autoridades mexicanas. Cerrar el acceso al asilo a familias y personas que huyen para sobrevivir es ilegal. Insinuar que los resultados mortales de las políticas de detención y disuasión son consecuencia de que las víctimas no hayan tomado vías legales o de sus propias acciones es inaceptable.
El gobierno de Biden debería restablecer sin demora el acceso al asilo, abandonando no sólo el Título 42, sino también los planes de prohibiciones de tránsito, la dependencia de una aplicación defectuosa con citas insuficientes y otras medidas que mantendrían la frontera cerrada a las personas migrantes más vulnerables y las volverían a poner en peligro. Por su parte, el gobierno mexicano debe dejar de ser cómplice de las políticas que restringen el acceso al asilo en la frontera, y debe garantizar que la detención de las personas migrantes sea la excepción y no la regla. Las autoridades mexicanas deben tomar medidas inmediatas para garantizar el pleno esclarecimiento y la rendición de cuentas por esta tragedia y garantizar la no repetición de tales hechos a futuro.
