El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM) es un órgano de carácter consultivo y de apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM) que sirve como una plataforma para que la sociedad civil colabore en el desarrollo de propuestas que se traduzcan en el bienestar de la población migrante en México. Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA, ha sido miembro del Consejo desde 2015.
En 2016, miembros del CCINM realizaron una misión de monitoreo a varias de las estancias migratorias con el fin de evaluar la implementación de la política migratoria en México y el trato que reciben las personas migrantes durante el tiempo que permanecen bajo la custodia del INM y en el proceso de retorno. En un reciente informe basado en las observaciones e información obtenida por la misión de monitoreo mediante la visita de 17 estaciones migratorias y estancias provisionales; la revisión de más de 150 documentos y registros de los centros; y entrevistas con detenidos, autoridades de inmigración y el personal que trabaja en las estaciones, el Consejo constata que—lejos de priorizar la protección de personas migrantes—la política migratoria en México está orientada prioritariamente a la detección, detención y deportación de migrantes, sin considerar sus derechos humanos y garantías jurídicas.
Durante el tiempo del monitoreo, el CCINM detectó un incremento en los operativos de control migratorio llevados a cabo por el INM y otros cuerpos de seguridad en todo el país, particularmente en hoteles ubicados en municipios en donde el flujo de migrantes es alto.Las autoridades afirman de manera vaga que los operativos son necesarios por “razones de seguridad”, pero en los expedientes revisados durante el monitoreo, no se encontró justificación jurídica específica ni circunstancias o criterios detallados que llevaron a la verificación y privación de la libertad de los migrantes que fueron detenidos durante estos operativos.
Al ser entrevistados, la mayoría de los detenidos en los centros reportaron no haber recibido información sobre su derecho a pedir asilo o que la información proporcionada no fue clara; el informe concluye que el procedimiento administrativo migratorio está orientado prioritariamente a la deportación o retorno. El reporte expone además que las estaciones migratorias carecen de condiciones sanitarias adecuadas, personal médico cualificado, y protecciones especiales para mujeres embarazadas, niños, personas LBGTTTI y otras personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Tampoco hay sistemas claros que permitan a los detenidos denunciar crímenes, abusos y violaciones de derechos humanos cometidos contra ellos.
Basándose en estos hallazgos, el CCINM presenta una serie de recomendaciones dirigidas al INM y otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil implicadas en materia migratoria, subrayando “la necesidad de revertir el actual paradigma de control migratorio”. Entre las 156 propuestas esbozadas, el Consejo enfatiza que México debe fortalecer sus procedimientos de asilo para aquellos migrantes que requieran protección y urge al INM que establezca sistemas que garantizan el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a todas las áreas dentro de los centros de detención migratoria, destacando su función fundamental de vigilar las condiciones de los centros y registrar abusos y violaciones de derechos humanos.
