Sergio Ortiz Borbolla/WOLA
Sergio Ortiz Borbolla/WOLA
A mediados de noviembre de 2022, decenas de familias, niños, niñas y personas adultas migrantes se envolvían en abrigos y mantas o se refugiaban en tiendas de campaña improvisadas mientras las temperaturas descendían hasta casi el punto de congelación en el lado mexicano del río Grande, en Ciudad Juárez. Habían huido de sus hogares en busca de seguridad, sobreviviendo condiciones a veces altamente peligrosas en el viaje hacia el norte. Sin embargo, al llegar encontraron que la frontera estadounidense estaba cerrada a las solicitudes de asilo, lo que las dejó varadas en México y las expuso a nuevos riesgos de ataques. Sin poder avanzar ni regresar a casa, esperaban en la orilla del río, con los edificios y las calles de El Paso, Texas, claramente visibles a pocas cuadras de distancia, mientras elementos de la Guardia Nacional vigilaban el campamento en silencio.
Dominado por una enorme bandera venezolana, el campamento improvisado de unas 350 tiendas de campaña que albergaba a unas 1.500 personas era el resultado tangible de la medida más reciente de Estados Unidos para impedir que las personas migrantes y solicitantes de asilo accedan a la frontera: la decisión del gobierno del presidente Joe Biden del 12 de octubre de expulsar a las personas venezolanas a México bajo el Título 42, la política de la era de Trump bajo la cual las personas que llegan a la frontera son rechazadas sin la oportunidad de solicitar asilo. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense estableció un programa limitado de permisos humanitarios para hasta 24.000 personas venezolanas que cumplan con ciertas condiciones.
El 15 de noviembre, el juez federal estadounidense Emmet Sullivan invalidó el uso del Título 42 para expulsar a personas migrantes, al considerar que la medida era arbitraria e injustificada. A petición de la administración de Biden, el juez Sullivan concedió al gobierno una suspensión de cinco semanas para poner fin a la aplicación del Título 42, lo que significa que las expulsiones terminarían el 21 de diciembre. Una semana después del fallo del juez Sullivan, 15 estados presentaron una moción para mantener las expulsiones bajo el Título 42, por lo que la fecha definitiva de finalización de la política aún no está clara. Tampoco están claras las posibilidades de acceder al asilo una vez que finalice el Título 42, ya que el gobierno estadounidense está contemplando varias medidas que seguirían limitando el derecho a solicitar asilo en la frontera.
Para muchas de las personas en el campamento, esperar hasta el 21 de diciembre no era una opción. Habiendo sobrevivido rutas como el peligroso Tapón del Darién y la exposición a ataques criminales y autoridades corruptas durante el viaje migratorio, a las personas migrantes les costaba encontrar justificación alguna en la orden del 12 de octubre que las había dejado varadas de forma abrupta o en las semanas de espera adicionales para el levantamiento del Título 42. “Ya tenemos un mes aquí en México, llevando penurias, frío, hambre, sueño, y de verdad esperar un mes más para poder tener la opción de pasar… es cuesta arriba para nosotros”, nos dijo una de las personas.
Citando la presencia de niños y niñas, muchas de las personas con las que habló WOLA en el campamento expresaron que no se podía esperar que las familias vivieran a la intemperie con temperaturas invernales hasta finales de diciembre. Incluso antes de la noticia de la decisión del juez Sullivan, un número pequeño pero constante de personas venezolanas cruzaba el río Grande a pie cada día para hacer fila y entregarse a las autoridades estadounidenses al otro lado, esperando contra toda esperanza una acogida favorable.
Pocos días después de la decisión del juez Sullivan, alrededor de la mitad de las personas residentes del campamento habían cruzado para entregarse. Con el Título 42 aún en vigor, se enfrentaban a un futuro incierto: algunas personas venezolanas detenidas en El Paso en semanas anteriores por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) habían sido llevadas al este y expulsadas a Matamoros, Tamaulipas, un estado conocido por la presencia del crimen organizado. Otras personas que vivían en el campamento permanecían en la orilla del río, a la espera de un camino legal para buscar asilo. Las autoridades mexicanas pidieron en repetidas ocasiones a las personas que se trasladaran a albergues. Muchas veían esta propuesta con desconfianza tras haber sido maltratadas o trasladadas contra su voluntad por las autoridades, y el escaso espacio en los albergues, especialmente para grupos no familiares, significaba un reto logístico. El 27 de noviembre, alegando riesgos de hipotermia e incendios debido a los intentos de las personas migrantes por protegerse del frío, las autoridades estatales y locales utilizaron la fuerza para desalojar a las personas y desmantelar el campamento.
Sin embargo, ya sea varadas en un campamento o en la ciudad, lo que ninguna de las personas que conocimos consideraba una opción era regresar a sus lugares de origen. Nos dijeron que las condiciones en Venezuela y otros países de origen —o en otros lugares donde algunas de las personas se habían asentado temporalmente antes de llegar a la frontera estadounidense— les ofrecían pocas esperanzas de una vida segura. Algunas se habían enfrentado a una persecución particular basada en sus identidades, incluso al intentar reubicarse en otros países sudamericanos. “La homofobia, la xenofobia que existen en esos países no es nada bueno”, nos dijo un joven.
Las expulsiones de Estados Unidos aumentan los riesgos para las víctimas que huyen de la violencia
Ciudad Juárez había absorbido una proporción sustancial de las personas venezolanas expulsadas desde el 12 de octubre, recibiendo más de 2.000 expulsiones de un total de aproximadamente 8.000 a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos hasta mediados de noviembre. Sin embargo, las personas venezolanas están lejos de ser las únicas víctimas del Título 42: desde marzo de 2020, las autoridades estadounidenses han expulsado a personas bajo el Título 42 más de dos millones de veces, siendo las personas mexicanas y del triángulo norte de Centroamérica las más afectadas. Durante nuestra visita a Ciudad Juárez, entrevistamos en profundidad a seis personas solicitantes de asilo de estos países. Las personas entrevistadas habían sobrevivido violencia, condiciones de vida precarias e incertidumbre sobre su futuro, y expresaron claramente que dar marcha atrás no era una opción.
Elizabeth y Josselinne provienen de países distintos (Honduras y Guatemala, respectivamente), pero desde la niñez ambas vivieron situaciones de violencia de género, como violaciones, explotación sexual, palizas y rechazo debido a su orientación sexual y/o expresión de género. Sus intentos por reubicarse dentro de sus países o de denunciar la violencia a las autoridades fueron inútiles, y sus agresores amenazaban con hacer daño a sus familias para mantenerlas atrapadas en sus situaciones de violencia. Finalmente, ambas tomaron la decisión de escapar de quienes las perseguían y buscar la libertad huyendo hacia el norte.
Elizabeth huyó de Honduras en 2020, trabajando a cambio de alimentos. Pasó un tiempo en Guatemala y más tarde cruzó México, enfrentándose a nuevos peligros y discriminación en el camino. Finalmente cruzó la frontera estadounidense en Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, sus reiteradas peticiones de protección fueron ignoradas: tras ser retenida por la CBP en condiciones de mucho frío, eventualmente fue devuelta a Honduras. Consciente de que su vida corría peligro, huyó de Honduras el mismo día de su llegada. Sobrevivió un segundo viaje difícil por México e intentó cruzar a Estados Unidos por el desierto con otro grupo de personas. El calor extremo dejó al grupo deshidratado e incapaz de moverse. La Patrulla Fronteriza las detuvo y Elizabeth fue devuelta por segunda vez a Honduras. Por tercera vez, huyó hacia el norte. Esta vez, algo cambió: anteriormente, Elizabeth había conocido a Josselinne en Guatemala y se habían convertido en pareja, y ahora cruzaron México juntas. Sobrevivieron asaltos, intentos de secuestro, discriminación, falta de comida y refugio, así como extorsión por parte de las autoridades. Elizabeth y Josselinne llegaron por fin a Ciudad Juárez e iniciaron una espera de meses para solicitar asilo. Cuentan cómo se han hecho amigas de otras personas migrantes en Ciudad Juárez, compartiendo historias y apoyándose mutuamente ante sus traumas; Elizabeth es conocida por ser la que siempre puede hacer reír a sus compañeras cuando están desanimadas.
Como en el caso de Elizabeth y Josselinne, las personas con las que hablamos no pensaban en buscar asilo como primera opción. Muchas nos contaron que habían sido rastreadas de un lugar a otro mientras intentaban huir de quienes las perseguían dentro de sus países de origen y que habían presentado denuncias infructuosas ante las autoridades locales antes de buscar protección en Estados Unidos. Las desapariciones fueron otro tema recurrente: escuchamos relatos de la desaparición de personas migrantes y de personas percibidas, correctamente o no, como un estorbo al lucrativo negocio clandestino de los grupos criminales de controlar los cruces fronterizos.
Violencia criminal y otros peligros en México
La historia de Luz muestra otra forma en que las desapariciones se entrecruzan con la migración. Hace años, se vio obligada a reubicarse internamente desde su hogar en el norte de México para proteger a su hijo de ser forzado a trabajar para grupos del crimen organizado. Sin embargo, regresó a su estado de origen hace aproximadamente tres años, cuando su hermano fue desaparecido. Al igual que ocurre con más de 100.000 personas en México, nunca se volvió a saber nada del hermano de Luz y ella no sabe con certeza si está vivo o muerto. Cuando presentó una denuncia penal, las autoridades intentaron disuadirla de seguir con el caso y le dijeron que su hermano había sido desaparecido por ser delincuente. Poco después, Luz empezó a recibir amenazas, lo que sugiere que las propias autoridades podrían haber informado a actores criminales de la presentación de la denuncia. “Los delincuentes y las autoridades están en conjunto y lo comprobé”, nos dice.
Luz regresó otra vez al estado geográficamente distante donde había estado viviendo y trató de dar seguimiento al caso de su hermano desde allí, sólo para recibir más amenazas que culminaron en un ataque físico por parte de agresores que la golpearon, haciéndole perder parte de la audición en un oído. Sabiendo que no estaba a salvo ni siquiera en una parte lejana de México, Luz huyó a la frontera con Estados Unidos. “A mí me encanta mi país… me gusta mucho, pero la delincuencia es demasiada”, nos dice. En el momento de nuestra entrevista, llevaba cuatro meses esperando para cruzar la frontera bajo una excepción al Título 42. Su estancia en Juárez fue al principio “[una experiencia] bien fea, fea” ya que tuvo que ganarse la vida vendiendo dulces en la calle, expuesta a distintos tipos de violencia y riesgos. Más tarde empezó a vivir en un albergue y a recibir asistencia de organizaciones locales. Luz tiene la esperanza de encontrar refugio en Estados Unidos y le gustaría trabajar como cuidadora de personas de la tercera edad o de niños y niñas.
Las organizaciones y los albergues que operan en Ciudad Juárez proporcionan servicios esenciales a la población migrante y a solicitantes de asilo. Sin embargo, los albergues estaban al límite de su capacidad y las contrapartes de la sociedad civil con las que hablamos se decían abrumadas por la creciente necesidad de servicios humanitarios, legales y de otro tipo. Esta realidad fue visible cuando el personal de WOLA visitó a contrapartes locales, observando cómo llegaban personas en busca de atención mientras el personal ordenaba kits de apoyo humanitario; una reunión se interrumpió brevemente mientras el personal se apuraba por encontrar más abrigos. Integrantes de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), una ONG situada a unas cuadras del paso fronterizo Paso del Norte que proporciona asistencia legal y humanitaria en el lado mexicano de la frontera, explicaron que las expulsiones de personas venezolanas son la última emergencia a la que responder, después de “crisis tras crisis” en un contexto prolongado de cierres fronterizos y expulsiones.
Por su parte, cuando preguntamos a las personas solicitantes de asilo sobre el viaje por México y la espera en Ciudad Juárez, múltiples personas no mexicanas dijeron haber tenido que pagar sobornos para evitar ser detenidas; explicaron que integrantes de las policías municipales hasta la Guardia Nacional exigen dinero a las personas migrantes. Las personas migrantes y solicitantes de asilo también son muy conscientes del poder de los grupos de crimen organizado que controlan el acceso a la frontera estadounidense entre los puertos de entrada, cuyas redes de informantes vigilan de cerca todos los movimientos en la frontera (incluso durante nuestra propia visita, a los pocos minutos de llegar a una parte del muro fronterizo, un grupo de personas apareció en el lado mexicano para preguntar al personal de WOLA nuestros nombres y qué hacíamos en la zona). Los peligros a los que se enfrentan las personas migrantes expulsadas a las ciudades fronterizas mexicanas son agudos: la organización Human Rights First ha rastreado miles de ataques violentos contra personas bloqueadas o expulsadas a lo largo de la frontera bajo el Título 42 durante el gobierno de Biden.
Los peligros de cada paso del viaje migratorio quedan patentes en historias como la de Rodrigo, quien se vio obligado a huir de El Salvador. Integrantes de una mara le exigían más dinero del que tenía, amenazándolo a él y a su familia incluso cuando se reubicaron internamente. Se enfrentaron a nuevas amenazas de violencia tras cruzar la frontera sur de México, pero las autoridades mexicanas no investigaron la denuncia penal que presentaron. Al llegar a la frontera estadounidense, la esposa de Rodrigo y un migrante hondureño empezaron a buscar por dónde las personas solicitantes de asilo podían cruzar para entregarse a la Patrulla Fronteriza. Sólo por acercarse a la frontera, en la zona conocida como el Parque de las Tortugas, fueron abordados por integrantes de un grupo criminal, quienes llegaron en un vehículo y subieron al migrante hondureño, llevándoselo. La esposa de Rodrigo corrió pero fue perseguida por los agresores. Rodrigo pidió ayuda y la policía local acudió en su auxilio, aunque cuando los policías se enteraron de lo ocurrido, dijeron que lo único que podían hacer era llevar a Rodrigo y a su familia a un albergue o a una oficina gubernamental que pudiera ayudarles a encontrar uno. Rodrigo y su familia terminaron encontrando espacio en un albergue para esperar su oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos, pero temen por su seguridad cuando tienen que salir a la calle en Ciudad Juárez.
Mirar hacia el futuro con esperanza
A pesar de la violencia y las dificultades que han sobrevivido, las mujeres, hombres y familias solicitantes de asilo que entrevistamos hablaron de su esperanza para el futuro. Elizabeth y Josselinne tienen un mensaje claro para otras mujeres y para personas de la comunidad LGBTI+: nadie debería verse obligada a sufrir violencia o explotación debido a su identidad, y quienes se encuentran en esas situaciones no deberían dejar de intentar escaparse: “que tengan el valor de salir adelante… no por ser diferentes vayan a estar ahí reprimiéndose”, dice Josselinne. Hoy, Elizabeth celebra sus identidades. “Es que somos únicas, tenemos que ser auténticas… así queremos ser: libres”. Las personas venezolanas con las que hablamos en el campamento ya piensan en trabajar y ganarse la vida si se les concede protección; por ahora, piden “el apoyo, la colaboración” para que Estados Unidos analice sus solicitudes de asilo. Para las familias y personas que esperan en la frontera, el acceso al asilo significa estabilidad, seguridad y la oportunidad de una vida en libertad. En palabras de Elizabeth: “La vida es bella cuando uno la empieza a vivir”.
Un equipo de WOLA recorrió la frontera México-Estados Unidos entre El Paso, Texas y Yuma, Arizona entre el 13 y el 19 de noviembre de 2022. Documentamos las condiciones de ambos lados de la frontera y hablamos con personas migrantes, solicitantes de asilo, proveedoras de servicios y otras. La visita se produjo un mes después de que el gobierno de Biden ampliara la aplicación del Título 42 para expulsar a personas venezolanas a México y coincidió con la decisión de un juez federal de invalidar el uso del Título 42 para expulsar a personas migrantes.
