Ha pasado un año desde las injustas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024. Tras el robo de los resultados por parte de Nicolás Maduro, una brutal ola de represión se extendió por todo el país, silenciando las voces de la oposición y sofocando la disidencia. En los meses siguientes, Venezuela ha sido testigo de una escalada sin precedentes de la persecución política, el cierre sistemático del espacio cívico y un mayor deterioro de la crisis humanitaria que azota al país desde hace años. Estos hechos también han afectado la relación entre Estados Unidos y Venezuela, con nuevos cambios bajo la administración Trump.
El informe de WOLA analiza la situación actual a través de un examen cuidadoso de los informes de organizaciones locales y organismos internacionales de derechos humanos publicados a lo largo de este tumultuoso año, llegando a conclusiones que sirven de base para nuestras recomendaciones de política para la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Ante el constante desarrollo de los acontecimientos, los hechos y el análisis presentados están actualizados al 23 de julio de 2025. A continuación se presenta un resumen de las principales conclusiones y recomendaciones de nuestro informe, brindando la información necesaria que debes tener sobre la trayectoria de Venezuela un año después de que el voto de millones de personas por un cambio fuese robado.
Informe completo disponible aquí.
1. La persecución política ha consolidado un aparato de control que alcanza el umbral del terrorismo de Estado
La persecución política no ha cesado tras las elecciones del 28 de julio de 2024, y el gobierno venezolano ha consolidado y profundizado un aparato de persecución política y control social que alcanza el umbral de las prácticas de terrorismo de Estado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (MIDH) sobre Venezuela documentó graves violaciones de los derechos humanos y concluyó que tiene razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, en el marco de una política de silenciamiento y represión de personas opositoras al gobierno o percibidas como tales. Dicha política consiste en la represión de manifestantes, la desaparición forzada de opositores políticos y voces críticas, detenciones arbitrarias y censura. Las personas detenidas arbitrariamente son acusadas de delitos graves como “terrorismo”, se les impone una defensa pública contra su voluntad, se les niega el acceso a la atención médica y permanecen incomunicadas de sus abogados y familiares.
En el último año han continuado los ataques contra la población civil en el marco de una política de persecución política. El Gobierno ha consolidado medidas legales para cerrar el espacio cívico, estableciendo un marco normativo que limita gravemente los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de participación política. La legislación aprobada ha ampliado aún más los poderes del Estado para controlar y sancionar el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, y ha restringido la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para operar y recibir financiación. Las organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de vigilancia, difamación y otras amenazas. Mientras tanto, los defensores de los derechos humanos se enfrentaron a un aumento de la criminalización.
2. Las condiciones electorales han empeorado, lo que socava la participación
Tras las elecciones del año pasado, se han convocado otros dos eventos electorales: las regionales y legislativas de mayo de 2025, y las elecciones municipales previstas para el 27 de julio. Sin embargo, estas elecciones no han cumplido las condiciones mínimas de transparencia, imparcialidad y legalidad. Lejos de corregir las graves irregularidades del proceso presidencial del 28 de julio de 2024, el gobierno venezolano ha seguido instrumentalizando los procesos electorales para consolidar su poder, aplicando estrategias para dividir a la oposición, imponiendo resultados imposibles de verificar e ignorando incluso los mandatos constitucionales y las recomendaciones internacionales. Estas elecciones debilitan la confianza de los ciudadanos en el derecho al voto como herramienta para el cambio democrático.
3. Una reforma (in)constitucional se cierne como una amenaza
Como parte de una reforma constitucional propuesta para 2026, Nicolás Maduro busca establecer formalmente el Estado Comunal como fundamento del sistema político venezolano. Este modelo, promovido bajo la bandera de la construcción de una “democracia protagónica”, prevé un sistema de gobierno basado no en instituciones elegidas, sino en consejos comunales, comunas y otros órganos locales directamente controlados o fuertemente influenciados por el Ejecutivo.
En la práctica, este modelo concentra el poder en manos del partido gobernante, restringe la actividad política a quienes se alinean con la ideología oficial y refuerza las redes excluyentes y clientelistas. También crea instituciones paralelas, como los sistemas de justicia comunal, que erosionan aún más la independencia del poder judicial y eliminan los controles sobre el poder ejecutivo, que ya son inexistentes en la práctica. Aunque el Estado Comunal se presenta como una alternativa popular a la política tradicional, su institucionalización mediante una reforma constitucional codificaría un sistema profundamente antidemocrático. Si se aplicara, desmantelaría los principios del federalismo, la separación de poderes y la soberanía popular basada en el sufragio universal, lo que supondría una ruptura decisiva con los fundamentos democráticos de Venezuela.
4. La emergencia humanitaria compleja continúa
A pesar de la recuperación de algunos indicadores económicos entre 2021 y 2024, Venezuela sigue sumida en una profunda crisis humanitaria que continúa deteriorándose en áreas clave. Millones de personas siguen luchando a diario por acceder a bienes y servicios básicos, como alimentos, atención médica y agua potable. La negativa del gobierno a publicar datos económicos fiables, junto con el acoso y la criminalización de analistas independientes y trabajadores humanitarios, ha hecho casi imposible comprender el alcance total de la crisis. Al mismo tiempo, la fuerte caída de la ayuda internacional ha situado a la ya frágil infraestructura humanitaria al borde del colapso. Esta compleja emergencia no es solo el telón de fondo de la agitación política de Venezuela, sino un factor central. Sin reconocer la magnitud y el impacto de esta crisis, es imposible comprender plenamente las barreras a las que se enfrentan los venezolanos para participar en la vida política o la frustración generalizada que alimenta el malestar social.
5. La política de Estados Unidos hacia Venezuela ha estado marcada por intereses contrapuestos y enfoques contradictorios
Aunque pareciera haber un consenso bipartidista en EE UU en cuanto al reconocimiento de Venezuela como un gobierno autoritario que comete graves violaciones de los derechos humanos, el enfoque de la política exterior hacia Venezuela ha variado de una administración a otra, lo que ha dado lugar a resultados dispares y consecuencias no deseadas. Bajo la administración Trump, hay motivos para creer que están en juego posiciones divergentes sobre Venezuela e intereses contrapuestos. Por un lado, existe el deseo de frenar la migración y garantizar que Venezuela siga recibiendo vuelos de deportación sin interrupción; por otro, existe el objetivo de contrarrestar un gobierno autoritario con vínculos políticos y económicos contrarios a los intereses de Estados Unidos.
Los actuales cambios políticos corren el riesgo de agravar el sufrimiento humanitario y socavar la capacidad de recopilación de información. Si bien la emergencia humanitaria compleja precede a las sanciones sectoriales, estas sanciones profundizan la gravedad de la situación humanitaria, con un profundo impacto en el ya reducido sector productivo y, en última instancia, en la población. La drástica reducción de la asistencia y la cooperación internacional por parte de Estados Unidos y otros donantes disminuye la capacidad de la comunidad internacional para contar con información fiable y actualizada sobre la evolución de la situación en Venezuela, lo que debilita el tejido social y pone en peligro la sostenibilidad de la sociedad civil.
Esta combinación de crisis humanitaria, persecución política y cierre del espacio cívico sigue siendo un factor central en el desplazamiento forzado en Venezuela, mientras que las restricciones impuestas por los países de la región y el endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos solo agravan la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados sin abordar las causas de origen de la migración.
Sobre la base de nuestras conclusiones, algunas de las principales recomendaciones de política para la comunidad internacional y, en particular, para el Gobierno de los Estados Unidos, son las siguientes:
- La política de EE UU hacia Venezuela debe centrarse en los derechos humanos y los principios democráticos, apoyando los esfuerzos internacionales de rendición de cuentas por parte de los organismos de derechos humanos. Restablecer la cooperación internacional y el apoyo a los mecanismos de derechos humanos es esencial para preservar la evidencia y garantizar la justicia.
- La política de sanciones debe dar prioridad a las medidas individuales contra las personas responsables de corrupción y abusos, en lugar de sanciones sectoriales generales que agravan la crisis humanitaria. Cualquier alivio de las sanciones debe estar vinculado a avances concretos por parte del Gobierno venezolano y debe garantizar que existan mecanismos para prevenir la corrupción.
- Deben reforzarse los mecanismos de protección y otras vías legales para los migrantes venezolanos, incluyendo la tramitación acelerada de las solicitudes de asilo, el apoyo a los defensores de los derechos humanos y la promoción de respuestas humanitarias regionales, evitando al mismo tiempo la retórica o las políticas que criminalizan la migración venezolana.
- La comunidad internacional debe adoptar una estrategia coordinada que promueva la apertura democrática, exija el fin de la represión y proteja los derechos humanos. Es fundamental instar a que las futuras elecciones cumplan con las condiciones clave recomendadas por misiones de observación internacional independientes y expertos nacionales, entre ellas el restablecimiento de la independencia de la autoridad electoral (CNE), la reincorporación de los candidatos y partidos inhabilitados, la garantía de transparencia en los calendarios electorales, la realización de auditorías técnicas, la actualización del registro electoral y la autorización de observación internacional independiente. Al mismo tiempo, los gobiernos deben denunciar públicamente las leyes represivas, como la Ley de Fiscalización de ONG, la Ley Simón Bolívar y la reforma constitucional propuesta para 2026, que amenazan los derechos de asociación, libertad de expresión y participación política. El apoyo financiero y diplomático debe dirigirse a quienes documentan y supervisan los procesos electorales, así como a quienes defienden el espacio cívico, tanto dentro como fuera de Venezuela.
- Abordar la emergencia humanitaria en Venezuela requiere revertir urgentemente la disminución de la financiación internacional, con un apoyo renovado al Plan de Respuesta Humanitaria y un enfoque en las poblaciones vulnerables y los sectores críticos, como la salud, la alimentación, la educación y el agua. Los gobiernos deben asimismo instar a que Venezuela reanude la publicación de datos públicos y ponga fin a la criminalización de quienes producen información independiente. La coordinación regional también es fundamental para responder a las crecientes necesidades de personas migrantes y refugiadas de Venezuela, en particular en los países vecinos. Esto incluye el apoyo a los mecanismos de regularización, acceso a asilo y autorización de trabajo. Se debe dar prioridad a la financiación sostenida y flexible de las organizaciones que ayudan a las poblaciones vulnerables, así como a los esfuerzos que contrarrestan las restricciones gubernamentales destinadas a silenciar y criminalizar a la sociedad civil.
