Los cuestionamientos que se plantean a nivel legislativo sobre los recientes tratados de comercio tienen que ver principalmente con la falta de cláusulas que protejan los derechos laborales. Las condiciones laborales de América Central y del Sur han sido y siguen siendo precarias debido a la cada vez mayor flexibilización laboral, a la existencia de un sector laboral informal que supera el 80% y al pago de jornales mínimos que oscilan entre uno y cinco dólares por día. Además, el derecho de asociación y la libertad de asociación son violados sistemáticamente en América Latina. En Colombia, al menos 55 gremialistas fueron asesinados en 2006, con lo cual, el total de asesinatos cometidos contra estas personas en los últimos 12 años bien supera los 2.000. El 15 de enero de 2007, el dirigente sindical guatemalteco Pedro Zamora fue brutalmente asesinado frente a sus hijos. Su Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria – Quetzal (STEPQ) estaba negociando con las autoridades portuarias de Quetzal.
Las cláusulas laborales que contienen los tratados de comercio sólo exigen que los países apliquen sus propias leyes, muchas de las cuales no cumplen con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También está el tema de los capítulos laborales que no imponen a los países la obligación de mejorar sus leyes internas o incluso de hacer cumplir las que tienen. Es poco lo que contribuye la redacción de los tratados a mejorar las leyes laborales internas reformándolas o a aplicar las leyes ya sancionadas. Una idea más efectiva sería la inclusión de incentivos en el tratado de comercio – por ejemplo, condicionar un mayor acceso de los productos latinoamericanos al respeto de los derechos de los trabajadores. WOLA trabaja para concientizar a políticos y autoridades sobre la realidad de los derechos laborales en América Latina y aboga por un texto más riguroso en las cláusulas laborales. WOLA también está monitoreando si los derechos laborales de los países firmantes del DR CAFTA han mejorado con los tratados de comercio en vigor y con la instrumentación financiada por EE.UU. de las recomendaciones del Libro Blanco, que tienen por objeto consolidar las prácticas de derechos laborales en la región.