Ciudad de Guatemala, 6 ene (dpa) – Observadores independientes y organizaciones humanitarias reaccionaron hoy con decepción a la suspensión de la reapertura del juicio por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt tras una recusación de la defensa contra la jueza presidenta del tribunal a cargo.
“Es lamentable para la democracia del país. Lo que se hace es entorpecer el desarrollo de la Justicia”, dijo a dpa Francisco Soto, director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), querellante adhesivo en apoyo a los familiares de las víctimas de genocidio.
Según Soto, la defensa del ex jefe militar provoca un “juego” con el sistema de Justicia, lo que provoca que “el sistema se preste para entorpecer el desarrollo de la Justicia” y esto hace que “la población deje de creer en el sistema”.
Advirtió que las partes procesales conocieron desde hace más de un año la integración del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, como designado para reabrir el juicio contra Ríos Montt, pero fue hasta el último momento del último día hábil antes de la fecha fijada para el reinicio del debate cuando decidieron recusar a la juez presidenta, Jeaneth Valdez.
Jo-Marie Burt, Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien viajó a Guatemala para observar el proceso, calificó como “una cachetada” para las víctimas la nueva interrupción del proceso, al recordar que “se debió esperar año y medio para el inicio del nuevo juicio”.
Según la observadora, Valdez defendió con “argumentos razonables” su rechazo a la recusación pues durante la audiencia expuso que sus opiniones sobre el tema de genocidio en una tesis doctoral de 2004 no estaban referidos al “caso concreto” del juicio contra Ríos Montt.
La recusación planteada por la defensa fue aceptada porque los otros dos jueces integrantes del Tribunal votaron a favor. Ahora, el caso deberá esperar, en un plazo no definido, la designación de un nuevo tribunal por parte de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo.
Burt consideró que “el objetivo de la defensa es no llegar a un nuevo debate” y advirtió que aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló “ilegalmente” y por influencia de “poderes fácticos” parte del primer debate (2013), la sentencia dictada en esa oportunidad contra Ríos Montt “está vigente”.
El 10 de mayo de 2013, el ex dictador guatemalteco fue sentenciado por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo a 80 años de prisión tras declararlo culpable de genocidio y falta de deberes a la humanidad. A su vez, absolvió al otro acusado, el también general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de Inteligencia del gobierno de facto de Ríos Montt (1982-83).
Soto se pronunció en iguales términos al señalar: “Nosotros partimos de que ya existe una sentencia, donde se condena al acasado por los hechos cometidos” y las acciones de la defensa, incluyendo la recusación de último momento, “sólo confirma que la sentencia anterior es legítima y está vigente”.
La reactivación del juicio fue cumplida por el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, que ordenó la comparecencia del acusado tras rechazar una excusa médica planteada más temprano por la defensa para que Ríos Montt no acudiera a la corte.
A su vez, Valdez, durante la audiencia, rechazó la recusación en su contra planteada por la defensa, que adujo que la magistrada había adelantado opinión sobre los hechos que competen al caso en su tesis doctoral en materia penal.
La fiscalía y los abogados que representan a los querellantes adhesivos respaldaron la posición de Valdez y advirtieron que la recusación en su contra pretendía “retrasar el proceso”.
Ríos Montt es juzgado por la muerte a manos de militares durante su gobierno de facto -en el que también fue jefe supremo de las Fuerzas Armadas-de 1.771 indígenas de la etnia maya Ixil, en las montañas del conflictivo departamento de Quiché, en el norte de Guatemala.
