Después de 25 años, las víctimas de la dictadura militar en Uruguay podrían obtener justicia finalmente. A raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el país está en proceso de eliminar una ley que ha protegido de enjuiciamiento a los responsables de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante la dictadura militar que gobernó al país de 1973 a 1985.
El Senado uruguayo recientemente votó para anular la infame Ley de Caducidad, que concedió inmunidad de enjuiciamiento a miembros de las fuerzas armadas y policiales uruguayos acusados de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. El proyecto de la ley, apoyado por el Frente Amplio – una coalición de varios partidos izquierdistas que ha gobernado desde 2005 – y opuesto por los partidos Nacional y Colorado, espera una ratificación final antes de ser aprobado.
Bajo los términos de la Ley de Caducidad – conocida como la ‘Ley de Impunidad’ por los grupos de derechos humanos – cuando un juez recibía un caso que trataba sobre violaciones de derechos humanos, necesitaba preguntar al Ejecutivo si podía o no investigar el caso. Rutinariamente, sucesivos presidentes decían que no a pesar de la naturaleza del caso; así, muchas violaciones de derechos humanos quedaban en impunidad total. Esto empezó a cambiar en 2005 tras la elección del Presidente Tabaré Vásquez del Frente Amplio. Vásquez aceptó los argumentos de los abogados y fiscales de que la ley no aplicaba a todos los casos. La nueva interpretación de la ley permitió la condena del ex-presidente Julio María Bordaberry, el ex-ministro de relaciones exteriores Carlos Blanco y varios generales de alto grado, incluyendo Gregorio Álvarez, por violaciones de derechos humanos y otros cargos.
Dos veces y sin éxito, la sociedad civil y los grupos de derechos humanos llevaron a cabo esfuerzos para anular la ley a través de un referéndum popular, primero en 1989 y otra vez en 2009. La Suprema Corte de Justicia uruguaya declaró la inconstitucionalidad de la ley en octubre de 2009, unos días antes del referéndum, pero tal fallo sólo es aplicable caso por caso. El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la Ley de Caducidad de 1986 viola la Convención Americana de Derechos Humanos y ordenó al Estado uruguayo anular esta ley, la cual efectivamente obstruye el derecho a la justicia de las víctimas. Este fallo es el resultado del caso presentado por el poeta argentino Juan Gelmán, cuyo hijo y nuera fueron desaparecidos en 1976, y su nieta Macarena Gelmán, fue nacida en cautiverio y adoptada ilegalmente por una familia uruguaya. El razonamiento de la Corte Interamericana fue que la ley internacional protege el derecho a la justicia, por lo tanto, no se lo puede negar este derecho a nadie y bajo ninguna circunstancia. Cabe notar que las decisiones de la Corte Interamericana son legalmente vinculantes, por lo tanto Uruguay tiene que encontrar la manera de eliminar la Ley de Caducidad, la cual es un obstáculo para las procesos criminales de violaciones de derechos humanos.
Si se anula la Ley de Caducidad, casos sobre violaciones graves a los derechos humanos – desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos injustos, violencia sexual y tortura – podrían ser presentados ante las cortes uruguayas. Según la organización de derechos humanos Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), casi todos los encarcelados – aproximadamente 7,000 durante los 12 años de dictadura – fueron torturados mientras estaban bajo custodia oficial.
Eliminar esta ley es un paso fundamental para obtener justicia y verdad en Uruguay. A diferencia de muchos de sus vecinos, Uruguay no tuvo una comisión de la verdad para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura militar, y hasta hace poco, la Ley de Caducidad impidió que los juicios avanzaran. WOLA está de acuerdo con la decisión de la Corte Interamericana sobre Uruguay: no se le pueden quitar a nadie sus derechos humanos, ni siquiera a través de un referéndum.
