El 24 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos votó a favor de anular Roe V Wade, una sentencia federal de 1973 que legalizó el acceso al aborto seguro y legal.
En la práctica, esta sentencia despojará a miles de personas de todo Estados Unidos de sus derechos sexuales y reproductivos y las pondrá en situaciones en las que su salud y su vida podrían correr peligro. También pone en peligro a proveedores de salud y activistas comprometidos con la prestación de tratamientos y cuidados esenciales, que a menudo salvan vidas.
“Con esta indignante sentencia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hecho retroceder el reloj de los derechos humanos décadas. Está enviando el peligroso mensaje de que las personas que pueden quedar embarazadas no tienen ningún derecho sobre sus cuerpos”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
“También dejó claro que no podemos permitirnos dar por sentados nuestros derechos. La lucha por los derechos humanos es tan esencial como siempre. Seguiremos sumando nuestra voz a la de decenas de organizaciones y activistas de derechos humanos que llevan años luchando para que esos derechos sean respetados y protegidos.”
Todos los días se producen abortos en todo el mundo. En los países que no ofrecen una atención sanitaria y reproductiva completa, las personas se ven obligadas a recurrir a prácticas inseguras que a menudo pueden resultar letales. Esto ha llevado a más de 50 países a cambiar sus leyes para permitir un mayor acceso al aborto en la última década, incluyendo muchos en América Latina.
En febrero, el tribunal constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo. El año pasado, la Corte Suprema de México dictaminó que la prohibición del aborto era inconstitucional. A finales de 2020, Argentina legalizó el aborto hasta la semana 14 de gestación.
En Estados Unidos, el derecho de las personas a decidir si quieren tener hijos y cuándo hacerlo está reconocido a nivel federal desde 1973. Revertir ese derecho no hará más que obligar a las personas de los estados restrictivos a buscar abortos inseguros o a viajar a otros lugares si pueden permitírselo, lo que significa que la sentencia afectará desproporcionadamente a las personas con menos recursos, entre las que a menudo se encuentran las personas de color. También abre la puerta a que el Tribunal Supremo revierta otros derechos humanos por los que tanto se ha luchado.
