En la mañana del 14 de agosto de 1985, miembros del ejército peruano llegaron a la quebradade Lloqllapampa en el distrito de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho. Perú se encontraba en medio de un conflicto armado interno que se inició a partir de 1980 cuando el grupo maoísta Sendero Luminoso inció su llamada “guerra popular”. Los militares habían recibido información de supuestos militantes de Sendero Luminoso, de que existía una “escuela popular” en Accomarca y que desde ahí se planeaba una acción de envergadura en las semanas siguientes.
En su paso hacia la quebrada, los militares pasaron de casa en casa sacando pobladores hacia la choza de uno de los vecinos donde supuestamente se realizaría una asamblea. Tras ser encerrados, los militares abrieron fuego y lanzaron granadas contra ellos, en su mayoría se trataba de mujeres, ancianos y niños. Otros campesinos que intentaban huir de los soldados también fueron asesinados a sangre fría. Días después que los militares dejaran Accomarca, los sobrevivientes que se habían escondido en las quebradas de los cerros, salieron de sus escondites y enterraron los restos carbonizados de sus familiares.
Al estallar la noticia sobre la matanza en Lima unas semanas después, el Congreso envió una comisión para investigar los hechos. El subteniente Telmo Hurtado Hurtado, quien lideró una de las cuatro patrullas que cometió la masacre, se autoinculpó como autor de la matanza. Como sucedió con frecuencia durante aquella época, la justicia militar abrió una investigación sobre el caso, con el aval de la Corte Suprema de Justicia. En este juicio militar se absolvió a Hurtado de los cargos de homicidio y se le condenó únicamente por “abuso de autoridad” a 6 años de prisión. A pesar de ello, continuó su carrera militar e incluso fue condecorado y ascendido. Ningún otro militar tuvo que responder ante la justicia por la masacre de Accomarca, hasta ahora.
El caso Accomarca fue uno de los 43 casos investigados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú, la cual recomendó que se judicializara y en su caso se sancionara a los responsables. La Fiscalía de la Nación acusó a 29 militares como responsables de la masacre, algunos como autores mediatos y otros como autores materiales. Está encausado como autor mediato de la masacre el General (r) Wilfredo Mori Orzo, quien en 1985 fue el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho y como tal, tuvo el control adminstrativo y territorial sobre todo del departamento, así como otros miembros de su Estado Mayor en aquel entonces. Los dos principales autores materiales son Telmo Hurtado Hurtado y Juan Manuel Rivera Rondón quienes eran los jefes de las dos patrullas Lince que incursionaron en Lloqllapampa. Hurtado se fugó a Miami en 2002 luego de que las leyes de amnistía aprobados por el gobierno de Alberto Fujimori fueron anuladas por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Años después fue detenido y el 22 de julio 2011, fue extraditado al Perú e incorporado al juicio. Rivera Rondón, quien también estaba prófugo en Estados Unidos, fue deportado en 2008.
Uno de los elementos mas sorpresivos del proceso judicial en curso es el hecho de que el principal autor material, el entonces subteniente Telmo Hurtado, no sólo aceptó haber asesinado a más de 30 pobladores, sino también afirmó que el operativo que derivó en la matanza de Accomarca fue una orden de los altos mandos del Ejército peruano, quienes además le ordenaron eliminar a los testigos de la masacre. La confesión de Hurtado es inédita en el Perú, donde las Fuerzas Armadas niegan que se produjo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tal como fue señalado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final de 2003. En su testimonio y en las confrontaciones con sus ex jefes, Hurtado explicó con claridad que él recibió la orden de matar a todos los habitantes de Accomarca pues fue considerada “zona roja”, es decir, una zona de influencia de la organización subversiva Sendero Luminoso. El testimonio de Hurtado contradice frontalmente esta tesis negacionista, pues afirma que Accomarca —así como masacres similares en decenas de pueblos de Ayacucho y departamentos colindantes— fueron producto de una doctrina militar que tenía como presupuesto la necesidad de extirpar a la subversión desde sus raíces. Es inédito que un oficial del Ejército peruano reconozca su responsabilidad por graves violaciones a los derechos humanos en juicio oral y acuse a sus superiores de haber planificado y ordenado la masacre. Las declaraciones de Hurtado coinciden con la tesis de la Fiscalía de la Nación: la masacre de Accomarca no fue un exceso de la lucha contrasubversiva ni la reacción desmedida de un soldado agobiado por la guerra, sino parte de una política estatal de luchar contra la subversión utilizando la violencia indiscriminada contra la población civil.
Hoy el proceso por la masacre de Accomarca se encuentra en la recta final. El Ministerio Público y la parte civil ya ofrecieron sus alegatos finales, y durante las siguientes semanas se escucharán los alegatos finales de la defensa. Se espera una sentencia para octubre del año en curso.
Tres jueces de la Sala Penal Nacional están a cargo del caso: Ricardo Broussette, quien es el director del debate, Ana María Vidal, y Mirta Bendezú. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación sobre la Jueza Bendezú porque existe una denuncia en su contra porque presuntamente favoreció a un general imputado en otro caso de graves violaciones a los derechos humanos, a cambio de dinero y regalos. Los familiares del caso Accomarca decidieron no recusar a la jueza Bendezú pues consencuencia de ello habría sido el cierre del proceso, pues ya hubo un cambio de juez en ese proceso y la ley peruana, una vez iniciado el proceso de juicio oral, sólo permite un cambio de juez.
Como mencionó el fiscal del caso en su alegato final, éste fue un crimen cometido con alevosía y crueldad. Con engaños, la población fue conducida a una supuesta reunión y luego fue asesinada a sangre fría. Con granadas, el Ejército se aseguró de no dejar rastros de nadie. Los familiares de las víctimas, no solo esperan que se haga justicia a la memoria de sus seres queridos, sino también que se haga justicia con una sentencia ejemplar. Ejemplar porque el crimen fue brutal, porque los perpetradores fueron agentes del Estado peruano, y porque demandar justicia y dignidad por 30 años, es un nuevo crimen del Estado.
Para más información sobre el caso Accomarca, véase:
“El juicio por el caso de la masacre de Accomarca entra a su recta final” (23 de julio de 2015)
“La Jueza Mirta Bendezú: Reina de la Impunidad” (14 de julio de 2015)
“La masacre de Accomarca: El My Lai Peruano” (15 de agosto de 2011)
“ ‘Olía como chicharrón.’ Testigos de la muerte: La masacre de Accomarca,” (14 de noviembre de 2012)
