Historia

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en íngles) fue fundada en 1974 por una coalición de líderes de la sociedad civil y religiosa para promover el respeto por los derechos humanos, la democracia y la justicia social y económica como elementos de la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe.  WOLA facilita el diálogo entre actores gubernamentales y no gubernamentales, hace seguimiento de las políticas y de los programas de gobiernos y organizaciones internacionales, y promueve alternativas a través de informes, educación, incidencia política y capacitación en incidencia.

Entre los exitos de WOLA desde su fundación, se puede destacar los siguientes:

  • Colaboró en la redacción de la enmienda Harkin de 1975 que fue la primera ley de prohibir la asistencia militar de EE.UU. a los gobiernos que violen los derechos humanos.
  • Fuimos una de las primeras organizaciones a patrocinar delegaciones de los Estados Unidos a fin de observar las elecciones en América Latina, por ejemplo Bolivia en 1978 y Honduras en 1981. 
  • Publicamos el primer informe sistemático sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por los “contras” en 1983. 
  • En 1989 publicamos un informe sobre El Salvador que fue fundamental en convencer a los políticos de EE.UU. de que las negociaciones de paz podrían tener éxito. 
  • En los primeros años de los noventa, publicamos los primeros informes sobre la necesidad de que reforma democrática incluya la reforma de los cuerpos policiales en las sociedades pos-conflictos en América Central.
  • En 1997, escribimos el primer borrador de lo que se convirtió después en la legislación que terminó la prohibición de la venta de alimentos y medicinas de los Estados Unidos a Cuba.
  • Convocamos y dirigimos una coalición de más de cuarenta organizaciones religiosas, sindicales, de desarrollo, de latinos y de derechos humanos que elaboró una campaña extraordinaria para orientar a la reacción estadounidense ante la devastación del Huracán Mitch en América Central.
  • Ayudamos a obtener la aprobación de la Ley de Leahy (que lleva el nombre del senador de Vermont, Patrick Leahy, quien lo presentó) que requiere que se les investigue a los soldados y oficiales militares quienes piden entrenamiento militar por los Estados Unidos para impedir que los que hayan cometido abusos a los derechos humanos reciban dicho adiestramiento.   
  • Entre 1996 y 2004, proporcionamos entrenamiento y acompañamiento para incidencia política para 1,800 personas de más de 300 organizaciones por toda la América Central.
  • A través de una campaña en colaboración con la National Security Archive y la Democracy Coalition, logramos en 2002 la desclasificación de unos 500 documentos del gobierno estadounidense para la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú.
  • En 2002, revelamos la existencia de una fuerza expedicionaria constado de 1,000 soldados bolivianos entrenados y patrocinados por los Estados Unidos para realizar operaciones anti-droga afuera de la estructura normal del ejército boliviano.  La información que proporcionamos sobre sus abusos provocó la disolución de la unidad ese mismo año.   
  • Trabajando con la comunidad de derechos humanos, ayudamos a hacer la propuesta de crear en 2003 a la CICIACS, Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, que recogió el apoyo de la ONU, la OEA y el gobierno de EE.UU.  Cuando el tribunal constitucional de Guatemala declaró que la propuesta de CICIACS fue anti-constitucional, WOLA siguió trabajando sobre el tema con grupos de derechos humanos guatemaltecos.  En diciembre 2006, la ONU y el gobierno guatemalteco llegaron a un acuerdo nuevo para establecer la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigido por la ONU.
  • En 2004, publicamos un estudio inaudito sobre el impacto de la política de drogas de EE.UU en relación con los derechos humanos y democracia en América Latina.  El libro, que fue publicado en inglés y español, estaba seguido por un plan multi-anual de incidencia política con el fin de promover políticas alternativas.
  • En febrero 2005, organizamos “Voces del campo: iniciativas locales y nueva investigación sobre la violencia pandillera juvenil en América Central.” Cuatro centroamericanos quien habían participado en esta conferencia fundaron la Coalición por la Prevención de la Violencia en América Central que ahora es nuestro socio principal a nivel regional en relación al trabajo sobre las pandillas.
  • Ayudamos a lograr en 2005 que el gobierno mexicano invitara, y que el gobierno estadounidense financiara en parte, al Equipo Argentino de antropología forense para que este pudiera realizar investigaciones forenses (incluyendo las pruebas de ADN) para identificar los restos  de unas 75 mujeres asesinadas y no identificadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, además de otras victimas cuyas familias tienen dudas sobre los resultados de pruebas forenses previas.
  • Participamos en un proyecto de investigación regional en 2005/2006 facilitado por la ITAM en México que fomentó nuevas investigaciones sobre el alcance de las pandillas en América Central, México y los Estados Unidos. 
  • En 2007, trabajamos juntos con otras organizaciones de derechos humanos para lograr equilibrar la asistencia de los EE.UU para Colombia, logrando que se redujera su componente militar y que se aumentara la ayuda para el desarrollo económico.