3 Mar 2005 | Noticias

Proyecto de Ley Conjunto de la Cámara de Diputados y el Senado Sobre los Asesinatos de Mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua

En honor al Día Internacional de la Mujer, el 10 de marzo del 2005, la Congresista Hilda L. Solís (D-CA) y el Senador Jeff Bingaman (D-NM) re-introdujeron una Resolución bi-partidaria Concurrente entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para crear conciencia, expresar preocupación y proponer una serie de acciones para lidiar con los asesinatos y desapariciones de mujeres en Cuidad Juárez y Chihuahua, México.En la Cámara de Diputados — H. Con. Res 90, presentado por los siguientes congresistas: Hilda Solis (demócrata de California), Ginny Brown-Waite (republicana de Florida), Lois Capps (demócrata de California) Ileana Ros-Lehtinen (republicana de Florida) Jim Ramstad (republicano de Minnesota), Silvestre Reyes (demócrata de Texas) y Tom Lantos (demócrata de California)

 En el Senado — S. Con. Res 16, presentado por los siguientes senadores: Jeff Bingaman (demócrata de New Mexico), John Cornyn (republicano de Texas), Jon Corzine (demócrata de New Jersey), Richard Durbin (demócrata de Illinois), John Ensign (republicano de Nevada), Russ Feingold (demócrata de Wisconsin), Dianne Feinstein (demócrata de California), Mary Landrieu (demócrata de Louisiana), Patrick Leahy (demócrata de Vermont), Carl Levin (demócrata de Michigan), Barbara Mikulski (demócrata de Maryland) y Patty Murray (demócrata de Washington) 

Declarando la simpatía de la Cámara de Diputados / el Senado hacia las familias de las jóvenes asesinadas en el estado de Chihuahua, México, y promoviendo una mayor participación estadounidense para lograr que estos crímenes se detengan. 

En vista de que las ciudades fronterizas mexicananas, Ciudad Juárez y Chihuahua, ha sido asediadas por los secuestros, violaciones y asesinatos de más de 370 jóvenes desde 1993;

En vista de que han habido por lo menos 30 asesinatos de mujeres en Cuidad Juárez y en la ciudad de Chihuahua desde el 2004:

En vista de que por lo menos 137 de las victimas fueron abusadas sexualmente antes de ser asesinadas;

En vista de que más de la mitad de las víctimas son mujeres y niñas entre los 13 y 22 años; y, muchos de los secuestros fueron realizados a la luz del día en zonas bien pobladas;

En vista de que esos asesinatos han traído sufrimiento, mientras familias y amigos de las víctimas en ambos lados de la frontera intentan seguir adelante después de haber perdido a sus seres queridos;

En vista de que muchas de las víctimas todavía no han sido identificadas;

En vista de que hasta la fecha, los responsables de estos crímenes aborrecibles siguen siendo desconocidos;

En vista de que el gobierno federal mexicano ha tomado medidas para prevenir estos secuestros y homicidios, incluyendo la formación de una comisión para coordinar los esfuerzos federales y estatales en México, la implementación de un plan de 40 puntos y el nombramiento de una comisionada especial y una fiscal especial;

En vista de que la fiscal especial, en su revisión sobre las investigaciones de los homicidios en Cuidad Juárez, encontró evidencia de que más de 100 policías, judiciales, peritos forenses y otros funcionarios judiciales en el estado de Chihuahua fracasaron en la labor de investigar propiamente los crímenes, y recomendó que se les haga responsables de sus actos de negligencia, abuso de autoridad, y omisión;

En vista de que en el 2003, la FBI en El Paso y  el Departamento de Policía de El Paso empezaron a entrenar a las autoridades mexicanas federales, estatales y municipales de aplicación de ley en procedimientos investigativos;

En vista de que la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos ha empezado a proporcionar asistencia para la reforma judicial al estado de Chihuahua;

En vista de que el Gobierno del Estado de Chihuahua tiene jurisdicción sobre estos crímenes;

En vista de que el Gobernador y la Procuradora General del Estado de Chihuahua han expresado su voluntad de colaborar con el gobierno federal de México y de Estados Unidos para hacerle frente a estos crímenes;

En vista de que el Departamento de Estado ha proporcionado sus servicios consulares a una ciudadana americana y a su esposo, quienes fueron torturados para que se confesaran responsables de uno de los asesinatos;

En vista de que México forma parte de las siguientes declaraciones y tratados internacionales que tienen que ver con secuestros y homicidios:  el Reglamento de la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (“Convención Belém do Pará”), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Internacional sobre el Desplazamiento Forzado, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; y

En vista de que la impunidad de estos crímenes es una amenaza contra el estado de derecho en México: Ahora, por consiguiente

            Es decidido, que la Cámara / el Senado –

  1. condena los secuestros y asesinatos de las jóvenes de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua en el Estado de Chihuahua, México desde 1993;

  2. expresa sus más sinceras condolencias y comparte su simpatía hacia las familias de las jóvenes mujeres asesinadas en el Estado de Chihuahua, México desde 1993, muchas de las cuales parecen ser víctimas de uno o más asesinos en cadena. 

  3. reconoce cuan valiente es el esfuerzo de las familias de las víctimas en su búsqueda de justicia para las víctimas.

  4. urge al Presidente y a la Secretaria de Estado que el tema de los esfuerzos de investigación y prevención del gobierno mexicano sean incorporados en la agenda bilateral entre los Gobiernos de México y Estados Unidos, y que se le continúen expresando al gobierno de México la preocupación por estos secuestros y asesinatos;

  5. urge al Presidente y a la Secretaria de Estado a continuar expresando su apoyo para las familias de las victimas en su búsqueda de justicia, a expresar preocupación por los acosos que sufren tanto estas familias como los defensores de derechos humanos con los que trabajan, y a expresar su preocupación con respecto a los impedimentos que no han permitido que las familias reciban pronta y adecuada información sobre sus casos;

  6. apoya los esfuerzos por identificar las victimas a través de análisis forenses, incluyendo exámenes de DNA, conducidos por expertos independientes e imparciales que sean cuidadosos de las preocupaciones y necesidades especiales de las familias de las victimas, así como hacer que estos servicios estén al alcance de cualquier familia que tenga duda sobre los resultados de los exámenes forenses anteriores. 

  7. condena el uso de tortura como un medio de investigación en estos crímenes; 

  8. insita al Secretario de Estado que continúe incluyendo en su Informe Anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado todas las investigaciones inapropiadas, amenazas en contra de activistas de derechos humanos y el uso de tortura con respecto a los casos de secuestro y homicidio de las jóvenes mujeres del Estado de Chihuahua;

  9. insta que la Secretaria de Estado presione al gobierno de México y al estado de Chihuahua a revisar aquellos casos de homicidios a mujeres en que los acusados o condenados han creíblemente argumentado que fueron torturados o forzados por un agente del estado a confesarse responsables del crimen;

  10. recomienda  fuertemente que el Embajador de Estados Unidos a México visite Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua para poder encontrarse con las familias de las víctimas, las organizaciones pro derechos de la mujer y los funcionarios mexicanos, tanto federales como estatales, responsables por las investigaciones de estos crímenes y también responsables por la prevención de estos crímenes en el futuro;

  11. insita al Secretario de Estado a que presione al Gobierno Mexicano a certificar que los procedimientos judiciales de los individuos acusados de estos secuestros y homicidios sean justos y apropiados y que además imponga una sanción adecuada para aquellos individuos que sean comprobados de ser culpables de tales crímenes;

  12. urge a la Secretaria de Estado a que presione al estado de Chihuahua a que haga responsables a aquellos funcionarios judiciales cuyos fracasos por investigar adecuadamente los asesinatos, ya sea por negligencia, omisión, o abuso, han llevado a la impunidad de estos casos;

  13. reconoce que la Fiscal Especial ha empezado a revisar estos casos y urge a que su misión se expanda a la cuidad de Chihuahua;

  14. apoya fuertemente el trabajo de la Comisionada Especial para prevenir la violencia contra la mujer en Cuidad Juárez y la cuidad de Chihuahua;

  15. condena todos los desalmados actos de violencia en todas las partes del mundo, en particular la violencia en contra de la mujer; y

  16. manifiesta la solidaridad de la gente de los Estados Unidos con la gente de México en presencia de estos actos insensatos y trágicos.