Credito/ Twitter @Oidhaco
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La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco) coordinó un informe sombra con una coalición de 67 grupos y organizaciones de coordinación internacional que incluye a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). El “Informe de los Grupos y Organizaciones de Coordinación Internacional para el Examen Periódico Universal de Colombia 2023” fue publicado el 28 de junio de 2023, y contiene una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país entre 2018 y 2022.
Durante esos cinco años hubo cambios políticos significativos en el país, tres gobiernos diferentes y tres años marcados por la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales siguen siendo atacadas, amenazadas y asesinados en niveles récord, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
El informe fue presentado el 1 de marzo de 2023 a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como parte del proceso de Examen Periódico Universal (EPU) creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Actualmente, la administración Petro ha mostrado su compromiso con el inicio de diálogos con otros grupos armados, la implementación de reformas sociales y la protección del medio ambiente, todo lo cual depende de la plena implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP. La comunidad internacional debe aprovechar esta oportunidad para promover la paz y los derechos humanos en Colombia.
El informe ofrece información actualizada sobre los siguientes temas:
Al final del gobierno Duque en 2022, solo se había implementado el 30 por ciento de las disposiciones del Acuerdo Final de Paz de 2016. En particular, la Reforma Rural Integral ha sido el punto del Acuerdo menos implementado. El informe reportó una escalada de violencia relacionada con el conflicto armado entre 2018 y 2022, impactando principalmente los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Nariño.
Así mismo, retrata el poco avance de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en el periodo de análisis, y documenta varios casos de homicidios cometidos por agentes de la Fuerza Pública y ejecuciones extrajudiciales. A diferencia de la administración Duque, el gobierno actual está más dispuesto a avanzar en las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las personas defensoras de derechos humanos en Colombia que trabajan en contextos empresariales siguen en gran riesgo en medio de los varios megaproyectos que se ejecutaron en el país entre 2018 y 2022. Algunos de estos proyectos violan el derecho fundamental de la consulta previa, libre e informada, como se reconoce en la Constitución. Estos proyectos, junto con la alta desigualdad en la tenencia de la tierra en Colombia, exacerba el derecho a la tierra y al territorio, a la alimentación y al agua de los ciudadanos, y ha presentado muchos desafíos en lo relativo a procesos de restitución de tierras.
La situación de seguridad para las personas defensoras de derechos humanos ha colapsado. Organizaciones de Derechos Humanos piden avances en la aplicación de medidas de protección colectiva, ya que el informe indica que las medidas de protección brindadas por el Estado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) son insuficientes. Sindicalistas y periodistas también siguen amenazados.
El informe muestra que en las zonas con mayor despojo de tierras, narcotráfico y otras actividades extractivas, las mujeres, en particular las afrocolombianas, indígenas y adolescentes, corren mayores riesgos. La violencia de género prevalece en las zonas rurales donde los grupos armados tienen el control. Los indicadores de género en el Acuerdo han progresado mínimamente, y los mayores retrasos se han presentado en la Reforma Rural Integral y la Participación Política.
Los altos niveles de impunidad en la persecución de los crímenes contra las mujeres contribuyen a la desprotección, discriminación y desigualdad de género en Colombia. El informe destaca la recomendación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) de evitar la impunidad en la justicia transicional, ya que impide la persecución efectiva de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional.
Para ver el informe completo, descárguelo aquí.