Organizaciones de derechos humanos expresaron hoy su satisfacción por el fallo judicial que ordena proteger a las víctimas y testigos que participan en los procesos judiciales contra paramilitares desmovilizados en Colombia. La sentencia, publicada la semana pasada, obliga al Estado colombiano a diseñar, implementar y ejecutar un Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz en el plazo de 30 días.
Desde el inicio de la implementación de los procesos judiciales en el marco de la Ley de Justicia y Paz, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina de Asuntos Colombianos en los Estados Unidos (USOC), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Latin American Working Group (LAWG), y Amnistía Internacional USA (AIUSA) expresaron su preocupación sobre las dificultades de las víctimas de participar plenamente en dichos procesos en condiciones de seguridad.
Luego del asesinato de la señora Yolanda Izquierdo Berrio, líder campesina que reclamaba tierras tomadas por grupos paramilitares, en enero de este año, muchas otras víctimas han sido asesinadas, amenazadas u hostigadas. Como reconoce el fallo judicial, estas acciones conllevan a que otras víctimas desistan de participar en los procesos, debido al temor de sufrir represalias.
A pesar de esta situación grave y urgente, el Estado no ha tomado las medidas necesarias y eficaces que permitan una participación real de víctimas y testigos, especialmente cuando la situación de conflicto aun persiste.
Las organizaciones recuerdan al Estado colombiano que tiene la obligación internacional de proteger la vida y la integridad personal de las personas bajo su jurisdicción, sobre todo cuando enfrentan una conocida situación de riesgo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado reiteradamente que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares deben tener la posibilidad de participar ampliamente en el esclarecimiento de los crímenes cometidos en su contra, la sanción de los responsables de estos, y la búsqueda de una justa reparación. Finalmente, las organizaciones llaman la atención sobre la sentencia, dictada en el mes de mayo, de la Corte Interamericana en el Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, que obliga al Estado a instituir un "sistema eficaz de protección de operadores de justicia, testigos, víctimas y sus familiares" con relación a las investigaciones adelantadas bajo la Ley de Justicia y Paz.
CEJIL, USOC, WOLA, LAWG y AIUSA consideran que el fallo judicial que ordena diseñar, implementar y ejecutar un Programa de Protección de Víctimas y Testigos presenta al Estado colombiano la oportunidad de cumplir con sus obligaciones internacionales en este campo. Las organizaciones instan al Estado a implementar el fallo, creando en el corto plazo un sistema adecuado de protección que permita una participación amplia y real de victimas y testigos.
Este programa debe tener los mecanismos y recursos suficientes para responder rápida y eficazmente a las situaciones de riesgo que se presenten en cualquier parte del territorio nacional. Debe ser diseñado e implementado consultando a las organizaciones representantes de víctimas, incluyendo organizaciones de mujeres, indígenas y afrodescendientes. Asimismo, y no obstante el papel que pueda y deba cumplir la fuerza pública en la implementación del programa, este debe tomar en cuenta la colaboración histórica entre los grupos paramilitares y ciertos sectores de las fuerzas militares, policiales, y de inteligencia en Colombia.
Finalmente, y sin perjuicio del programa de protección que se adopte, la Fiscalía General de la Nación debe otorgar un trato urgente y prioritario a los ataques y amenazas que se dirigen contra víctimas y testigos, y asegurar que se garantice que no queden en la impunidad. Como ha expresado la Corte Interamericana de manera permanente, la impunidad "propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares".
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