El 7 de abril el ex Presidente Alberto Fujimori fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema como autor mediato por los crímenes de Barrios Altos, la Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer a 25 años de prisión; imponiéndole la pena máxima aplicable al caso. El fallo desarrolla con solidez y detalle las pruebas que incriminan a Fujimori en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Así mismo, presenta los hechos probados que evidenciaron la existencia de un plan criminal que se ejecutó a través de un aparato organizado de poder sobre el cual Fujimori tenía el dominio; contesta los argumentos de la defensa y establece la verdad de lo ocurrido.
El proceso contra Alberto Fujimori constituye un hito en la lucha contra la impunidad y a favor de los derechos humanos en el Perú y a nivel mundial. Por primera vez un ex Presidente del Perú es llevado a juicio por crímenes contra la humanidad. Más aún, es la primera vez en la historia que un ex Presidente ha sido extraditado para responder por acusaciones de tales crímenes en su propio país.
El juicio del ex Presidente demuestra como la administración de justicia, a través de un tribunal nacional autónomo y un Ministerio Público diligente, es capaz de garantizar al acusado un juicio justo e imparcial y a las protagonistas de las tragedias vividas una voz en la historia.
La sentencia que condena a Fujimori por los graves crímenes cometidos, es fruto, en buena medida, de la incansable lucha de víctimas y familiares, de su representación legal, del movimiento de derechos humanos y otros actores sociales que las acompañaron en ese largo camino.
La condena se basa en los desarrollos del derecho penal a nivel nacional e internacional que permiten que la responsabilidad penal sea abordadas en base a razonamientos y figuras jurídicas adecuadas para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. La decisión en el caso del ex Presidente Alberto Fujimori es un precedente en los esfuerzos que se realizan en el Perú y en toda la región Latinoamérica por eliminar la arraigada impunidad y promover más ampliamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
