LIMA, PERU – El 7 de abril de 2009, después de 16 meses de juicio, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú encontró al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) culpable en los cuatro casos de violaciones de derechos humanos en los cuales había sido acusado. En una decisión unánime, la Corte argumentó que la gravedad y magnitud de los crímenes – y el hecho de que el acusado era el Jefe de Estado cuando los crímenes fueron cometidos – ameritaban la imposición de la máxima pena prevista en la legislación peruana, una sentencia de 25 años de prisión. El abogado defensor de Fujimori apeló la decisión y un segundo tribunal de la Corte Suprema debe ahora revisar la apelación. El 23, 24 y 25 de noviembre se llevarán a cabo las audiencias públicas de este procedimiento y los jueces tendrán de 15 a 30 días hábiles para tomar una decisión.
"Hay fuertes presiones políticas para anular la sentencia contra Fujimori o reducirla sustancialmente," dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL. "Desde WOLA y CEJIL hacemos un llamado a la Primera Sala Penal Transitoria, a cargo de la importante tarea de revisar la apelación de la sentencia de Fujimori, para que garantice que el proceso sea justo e imparcial: este debe asegurar el más elevado respeto al derecho de debido proceso de Fujimori y también afianzar la imparcialidad e independencia del tribunal."
El juicio de Fujimori marca un hito en la lucha contra la impunidad en el Perú y en el mundo. Esta es la primera vez que un Jefe de Estado latinoamericano democráticamente electo es declarado culpable de cometer crímenes contra la humanidad. Es también la primera vez que un ex presidente ha sido extraditado a su país para hacer frente a tal clase de crímenes. En otros casos de este tipo – como el de Charles Taylor o Slobodan Milosevic – los juicios se llevaron a cabo en tribunales internacionales. Perú, en contraste, ha mostrado que gobiernos nacionales pueden llamar a cuentas a sus líderes. Ni siquiera un ex jefe de Estado está por encima de la ley.
Este juicio fue un proceso ejemplar que estableció un nuevo estándar para la justicia peruana, que claramente cumplió los estándares internacionales para un juicio justo, independiente e imparcial. El derecho al debido proceso de Fujimori fue garantizado y se le dieron todas las posibilidades de defenderse ante el tribunal. Este histórico proceso, de reafirmación del principio democrático fundamental de la igualdad ante la ley independientemente del poder o estatus de una persona, contribuyó al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en Perú.
Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales reconocieron con entusiasmo la actuación de la Corte Suprema del Perú, por la integridad del proceso a lo largo del juicio y por garantizar la justicia. En un comunicado, el gobierno de los Estados Unidos señaló: "Este veredicto es una poderosa declaración contra la impunidad y subraya la importancia del Estado de Derecho como el fundamento de un gobierno democrático".
Para WOLA y CEJIL, la sentencia por sí misma es sólida y bien argumentada. Los jueces fueron cuidadosos de detallar sus argumentos en forma meticulosa; documentar sus razonamientos con jurisprudencia nacional e internacional y emplear estándares aceptados internacionalmente para analizar evidencia circunstancial, así como teorías internacionalmente aceptadas de responsabilidad criminal, como la "autoría mediata". "Tenemos la firme convicción de que los crímenes por los cuales Fujimori fue condenado – homicidio calificado y lesiones graves en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestro agravado en los casos de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer – alcanzan la categoría de crímenes contra la humanidad, como los jueces afirmaron en su sentencia," dijo Jo-Marie Burt, investigadora de WOLA.
Para mayor información, por favor contacte:
En Lima
Jo-Marie Burt (WOLA): +511 99495 0426
Viviana Krsticevic (CEJIL): (202) 651-07-06
En Washington, DC:
John Walsh (WOLA): (202) 797-2171
Mauricio Herrera (CEJIL): (202) 319-3000, (202) 445-46-76
