Colombia no debe retroceder en su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación frente a graves violaciones a los derechos humanos

Washington D.C, 15 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y el Latin America Working Group (LAWG) manifestamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, y el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, en el sentido de otorgar amnistías y otras medidas que eximirían de responsabilidad a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos así como por su apoyo a la reinstauración de una jurisdicción militar para investigar este tipo de crímenes.

La semana pasada, el ex presidente Uribe señaló que el Congreso y el Gobierno deberían pensar en una reforma a la Constitución que permitiera la excarcelación a los militares que participaron en los eventos de la retoma del Palacio de Justicia en 1985 y en segundo lugar “como un gesto de confianza, crear una jurisdicción especial y transitoria para que revise todas las sentencias condenatorias contra los integrantes de las Fuerzas Armadas”[1].

Por su parte, el recién designado Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, propuso reactivar el fuero militar para que soldados y oficiales sean procesados prioritariamente por la justicia castrense[2]. Asimismo, el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el General Alejandro Navas, manifestó el pasado 13 de septiembre que creía en la necesidad de revisar el sistema de justicia militar y estudiar los mecanismos por los cuales se juzgan las actuaciones militares. En particular se refirió al caso del Palacio de Justicia y añadió que el Coronel(r) Plazas Vega es un “héroe nacional” y que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas[3].

CEJIL, WOLA y LAWG instan al Presidente Santos a enviar un mensaje contundente acorde con sus obligaciones internacionales a favor del respeto de los derechos humanos que excluye la utilización de la jurisdicción militar como fuero adecuado para tratar graves violaciones a los derechos humanos, así como la utilización de medidas veladas o explícitas que permitan que aquellas permanezcan impunes.

Lisa Haugaard, Directora de LAWG, señaló que “de conformidad con el derecho internacional no es posible dictar leyes de amnistía o cualquier otra medida que elimine la responsabilidad o pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En los últimos años hemos visto algunos avances, si bien tentativos, de garantizar justicia en las cortes civiles por graves violaciones a los derechos humanos por miembros del ejército. En lugar de regresar a las prácticas del pasado que han llevado a la impunidad, el progreso logrado para alcanzar la justicia en las cortes civiles debe ser fortalecido”.

Sobre Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido varias sentencias en los casos de las masacres de Mapiripán (2005), Pueblo Bello (2006) y La Rochela (2007), en los que decretó la inadmisibilidad de medidas que impidan la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos; entre ellas, la Corte IDH excluye el uso del fuero militar en la investigación de este tipo de violaciones.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, señaló que “las obligaciones en derechos humanos asumidas por Colombia tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OEA objetan el uso de amnistías, indultos y otras eximentes de responsabilidad que impidan la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, aún si aquellas resultan de un proceso de debate democrático. Quizás sea necesario recordar que la Corte Interamericana ya ha dado elementos claves en este sentido en las sentencias de La Rochela v. Colombia, Gelman v. Uruguay, entre otras”.

Krsticevic añadió que “las declaraciones de los altos funcionarios de Ejecutivo que contradicen los compromisos asumidos en la Ley de Víctimas y los tratados de derechos humanos deberían ser rechazadas con vehemencia por el Señor Presidente para demostrar su apego a la constitución y al Estado de derecho”.

Gimena Sánchez, titular de Programa para Colombia de WOLA, expresó que “pronunciamientos como estos, provenientes de miembros del Poder Ejecutivo, no hacen otra cosa que minar la independencia del poder judicial en ese país”. Estos pronunciamientos han tomado mayor fuerza ahora que existen un elevado número de juicios contra miembros del ejército por violaciones a derechos humanos, y muy particularmente cuando en los próximos días podría dictarse la sentencia de apelación por parte del Tribunal Supremo de Bogotá en el caso del Coronel en retiro Plazas Vega que objetó su condena a 30 años de cárcel por su responsabilidad en las personas desaparecidas en el caso de la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Por todo esto, CEJIL, WOLA y LAWG hacemos un llamado al Presidente Santos a que se deslinde de cualquier declaración e intención de su gobierno de apoyar iniciativas de esta naturaleza; y al Poder Legislativo a que no dé pasos en falso a través de la emisión de leyes que coloquen a Colombia al margen de sus obligaciones internacionales en derechos humanos.