Washington, D.C.—Las facultades del Presidente Santos para corregir los errores en el desarrollo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras vencen el 10 de diciembre. La Ley de Victimas y Restitución de Tierras es una oportunidad histórica para reconocer los derechos del alto número de víctimas del conflicto armado interno que ha desproporcionadamente afectado a los pueblos afrocolombianos e indígenas. Sin embargo, la ley no respetó los derechos a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de las víctimas afrocolombianas, y el gobierno de Santos está perdiendo la oportunidad de remediar este error, anotó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“El mal proceso con el que se construyó la ley abre la puerta a más abusos”, dijo Gimena Sanchez, Coordinadora Principal para el Programa de Colombia en WOLA. “El proceso llevado a cabo establece un precedente peligroso para futuros procesos relacionados a propuestas legislativas y proyectos de desarrollo económico vinculados al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia”.
El derecho a la consulta previa es clave para garantizar los derechos fundamentales de los afrodescendientes en todo proyecto legislativo y económico que afecte dichas comunidades. WOLA teme que el problemático proceso con el que se llevó a cabo la formulación de esta ley sea indicativo de la forma en la cual el gobierno de Colombia está planeando interactuar con estas comunidades en mega-proyectos de inversión internacional. La Corte Constitucional ha revocado legislación importante en el pasado que no ha respetado los derechos de los afrodescendientes e indígenas. WOLA está desilusionada con la decisión del gobierno de Santos de seguir los mismos procesos de consulta discriminatorios y excluyentes.
Las expectativas son muy altas: esta ley tiene, además de la reparación por graves violaciones de derechos humanos, la intención de devolver tierras que están controladas por grupos armados ilegales a sus dueños originales. “Las víctimas tienen que ser incluidas en el desarrollo e implementación de la ley, si no lo son, vamos a ver un mayor deterioro en el respeto a sus derechos, y posiblemente nuevos desplazamientos”,dijo Sanchez. “Casi veinte defensores de derechos territoriales han sido asesinados desde la posesión del Presidente Santos, y han aumentado las amenazas contra líderes afrocolombianos. Este número puede aumentar de forma significativa si las víctimas retornan a áreas conflictivas sin la protección efectiva del gobierno o sin haber logrado combatir las raíces del conflicto”.
Para más información sobre el proceso problemático de consulta sobre el decreto ley para víctimas afrocolombianos, ver la siguiente comunicado de la Red de Solidaridad con Comunidades Afrocolombianas (ACSN). WOLA es parte de la ACSN y ha sido testigo de la mala fe por parte del gobierno a lo largo del proceso.
Los Estados Unidos se comprometió a apoyar de forma financiera y técnica la implementación de esta ley. Para que este esfuerzo sea positivo, Estados Unidos debería garantizar la participación y la protección de las comunidades, líderes y organizaciones afrodescendientes. “El apoyo de Estados Unidos a las víctimas es positivo, pero tiene que hacerse de forma correcta”, dijo Sanchez.
CONTACTO:
Gimena Sanchez (EE.UU.)
Coordinador Principal, WOLA
press@wola.org; (202) 797-2171
Eliana Antonio Rosero (Colombia)
Representante Jurídica, Proceso de Comunidades Negras (PCN)
+57 (311) 370-8931