Washington, DC—El 17 de octubre, personas aún no identificadas asesinaron a Jairo Cortés, un destacado líder de grupos comunidades afrocolombianas en Tumaco, departamento de Nariño, una de las zonas más conflictivas en Colombia. Cortes fue uno de los líderes del Consejo Comunitario Afrocolombiano de Alto Mira y Frontera, donde también ayudó a apoyar el programa de bienestar social que la iglesia católica colombiana llevó a cabo en la zona. Los informes indican que el liderazgo de este consejo comunitario ha sido amenazado después de denunciar múltiples abusos de derechos humanos que ocurrieron en Tumaco, incluyendo la masacre del 5 de octubre de manifestantes civiles.
Las autoridades colombianas deben garantizar la seguridad de los 14 miembros restantes del consejo comunitario y de sus familias. Esto significa fortalecer las medidas de seguridad para los que ya están recibiendo alguna forma de protección e inmediatamente conceder medidas para aquellos que no las tengan. El asesinato de Cortes aumenta el riesgo de que toda la comunidad de Alto Mira y Frontera huya el área debido a preocupaciones de seguridad, y por consiguiente acaben desplazados internamente. Aunque Colombia ha empezado una investigación dirigida por la Fiscalía General de la Republica y hasta hora ha suspendido a cuatro agentes de policía desde el masacre de 5 de octubre, las autoridades deben hacer más para priorizar la protección de los líderes de las comunidades amenazadas y de otros civiles en Tumaco. La capacidad del gobierno para proteger a los defensores de los derechos humanos—especialmente aquellos en áreas que han sido mayormente afectadas por el conflicto—es una prueba crítica para el éxito a largo plazo del proceso de paz de Colombia.
El 5 de octubre, la policía antinarcóticos asesinó al menos ocho civiles además de herir a muchos otros en Tumaco. Los manifestantes estaban expresando su descontento con la manera en que el gobierno colombiano está erradicando forzosamente la coca sin cumplir los términos acordados en el capítulo sobre drogas del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tres días después, la policía disparó contra una Comisión Humanitaria, que incluía a representantes de derechos humanos y grupos religiosas como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que entró en la zona con el fin de investigar la masacre. Hoy, WOLA recibió reportes de otra posible masacre de seis a ocho personas en la región del Charco de Nariño. Hasta el momento, no está claro que ocurrió y si este incidente está relacionado con la masacre del 5 de octubre u otros abusos contra los derechos humanos denunciados en la zona.