El Congreso mexicano eliminó el “pase automático” del procurador general a la nueva Fiscalía, pero quedan reformas pendientes importantes
Washington, DC—El pasado 27 de agosto se publicó en México una reforma constitucional que elimina el llamado “pase automático” del procurador general de la República a la nueva Fiscalía General, que será una institución autónoma del poder Ejecutivo. Antes de esta reforma, el último procurador general nombrado por el presidente de la República se convertiría automáticamente en el primer fiscal general del país, quien permanecería en el puesto por nueve años, sin pasar por un proceso de selección. Esta situación permitía perpetuar una práctica donde los favores políticos—y no el mérito—definirían al primer fiscal autónomo del país.
Esta reforma constitucional venía siendo reclamada públicamente por la sociedad civil mexicana desde noviembre de 2016. Para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la eliminación del “pase automático” es un avance positivo, pero aún existen pendientes importantes para la consolidación de una Fiscalía realmente autónoma del poder político. Entre las reformas pendientes destacan una reforma integral del artículo 102 de la Constitución, que siente las bases más sólidas para la construcción de la nueva institución y que elimine el pase automático de otros funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía, incluyendo funcionarios con acusaciones de tortura y obstrucción de la justicia, que no deben ni pueden formar parte de la Fiscalía. También se necesita una Ley Orgánica y un mecanismo de transición de la PGR a la nueva institución que eviten que se trasladen los vicios y prácticas institucionales que han resultado en un sistema de justicia penal ineficiente en México.
“La elección del primer fiscal general pondrá a prueba la verdadera voluntad de la nueva administración, de plantear un antes y un después en la lucha contra la impunidad en México. El respeto por los estándares internacionales de transparencia, publicidad, mérito y participación ciudadana darán la medida de ese compromiso”, señalo Úrsula Indacochea, Oficial de Programa Sénior en DPLF. “Por su parte, el nuevo gobierno tiene la oportunidad única de crear una Fiscalía autónoma capaz de romper los pactos de impunidad y corrupción del país, una institución capaz de trascender gobiernos”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, Subdirectora para México en WOLA.
WOLA y DPLF consideramos positivos los pasos adelantados por el equipo de transición del nuevo gobierno para incluir a la sociedad en la construcción de la Ley Orgánica de la Fiscalía, con participación activa de la academia y de la sociedad civil organizada, incluyendo los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás. Exhortamos al Congreso mexicano para que, en su momento, promueva un debate técnico, profundo y serio sobre este importante documento, que será una base importante para el futuro de la institución.
