(AP Photo/Dolores Ochoa)

16 Oct 2019 | Pronunciamiento conjunto

Organizaciones regionales de derechos humanos demandamos el cese de la violencia y represión en Ecuador

Las protestas de la ciudadanía organizada contra las medidas económicas interpuestas por el gobierno del Presidente Lenin Moreno como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, han tenido como respuesta por parte del Estado de Ecuador el uso excesivo de la fuerza contra la población. Esta represión desmedida por parte del Estado ecuatoriano ha generado cientos de personas heridas y detenidas ilegalmente, el uso de bombas lacrimógenas contra centros universitarios donde se encontraban familias, y lo más grave la muerte de varias personas.

Nos preocupa fuertemente que el Presidente Lenin Moreno haya declarado estado de excepción en el país, suspendiendo así los derechos de reunión y asociación; para posteriormente, y de manera conjunta con el traslado de la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, haya limitado también el derecho a la libertad de tránsito. Reiteramos que es una obligación de los Estados, reconocida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, permitir el desarrollo de la protesta social así también de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la población.

Las organizaciones regionales de defensa y promoción de los derechos humanos demandamos al gobierno ecuatoriano el cese de la violencia, de la represión y de las detenciones ilegales contra las y los manifestantes, sobre todo contra los pueblos indígenas, los sindicatos y toda la ciudadanía organizada que ejerce su legítimo derecho a la protesta. También urgimos a los manifestantes a expresarse de manera pacífica. De igual manera, exigimos el cese de agresiones hacia las personas de prensa que cubren estos hechos y hacemos un llamado para que se inicie un diálogo que tenga como prioridad la protección de los derechos de toda la ciudadanía.

Finalmente, rechazamos el lamentable aprovechamiento que el gobierno ecuatoriano y diversos gobiernos de la región, así como actores políticos, han tomado para descalificar legítimas movilizaciones ciudadanas y criminalizar la protesta. Como organizaciones dedicadas al avance de los derechos humanos en las Américas condenamos el uso político en circunstancias tan graves, sobre todo cuando van en desmedro de los derechos fundamentales y exhortamos al ejercicio del derecho legítimo de protesta pacífica.

SUSCRIBEN:

WOLA – Washington Office on Latin America, E.E.U.U.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH), Perú
PROVEA, Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela
Acción Solidaria, Venezuela
Civilis Derechos Humanos, Venezuela
Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAMLF), Perú
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Perú
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), Guatemala
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., México
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), Perú
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica de Perú (CAAAP), Perú
Red por los derechos de la infancia en México (REDIM), México
Fundación Ecuménica para el desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú
Movimiento Jatarishun, Perú
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú
APORVIDHA, Perú
Comisión de Justicia Social de la diócesis de Chimbote, Perú
Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ. De México, México
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Fundación para el Debido Proceso (DPLF), E.E.U.U.
Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Perú
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Perú
Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Perú
Instituto RUNA de Desarrollo y Estudios sobre Género, Perú
Cooperacción, Perú