(AP Photo/Luis Romero)
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El 4 de junio, el fiscal general de El Salvador Rodolfo Delgado hizo un anuncio, luego confirmado por el presidente Nayib Bukele, de que el país había terminado su acuerdo de cooperación de 2019 con la Organización de Estados Americanos (OEA) para respaldar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Bukele criticó a la OEA y a su nombramiento de Ernesto Muyshondt, un político salvadoreño bajo investigación por asociación ilícita y fraude electoral, y declaró que no se puede confiar en la OEA y que asociarse con una organización internacional diferente podría ser un mejor camino; sin embargo, posteriormente también atacó a esas organizaciones. Esta preocupante jugada se produce poco más de un mes después de que el bloque mayoritario en la Asamblea Nacional de El Salvador, liderado por el partido Nuevas Ideas de Bukele, reemplazara abruptamente y en incumplimiento de normas locales e internacionales, al fiscal general y a los cinco magistrados de la sala constitucional del país por aliados políticos.
Con esta nueva mayoría, Bukele actuó rápidamente para consolidar su control político, y sus legisladores amenazaron con más acciones contra órganos de supervisión independientes. Ahora, con un sistema judicial socavado y sin controles y equilibrios, la destitución de la CICIES representa el más reciente en una serie de alarmantes ataques contra el Estado de derecho y la independencia judicial del país.
La CICIES y la necesidad de combatir la corrupción fue un componente central de la campaña presidencial de Bukele. En una charla del 3 de febrero, el día que Bukele ganó la elección presidencial oficialmente, afirmó que “El dinero del pueblo tiene que regresar al pueblo, nos deben US$37 mil millones que van a empezar a pagar […] para eso vamos a traer una CICIES”. Sin embargo, durante los primeros dos años de su gobierno se hicieron pocos esfuerzos para fortalecer la capacidad investigativa de la comisión. A pesar de sus promesas de campaña y sus comentarios públicos en la firma del acuerdo con la OEA, el presidente Bukele y su gobierno hicieron muy poco para convertirlo en un órgano efectivo y realmente independiente. Como se describe en un pronunciamiento reciente del secretario general de la OEA, el gobierno de Bukele tomó “acciones encaminadas a impedir el avance de las investigaciones sobre denuncias de corrupción por parte de la actual administración” y pretendía “inducir a la CICIES a investigar exclusivamente acciones de políticos opositores”. Pese a sus limitaciones, la CICIES estaba trabajando con el fiscal general Raul Melara investigando presuntas irregularidades en los pagos de emergencia en respuesta a la pandemia.
Poco después de la destitución del fiscal general Melara el 1 de mayo, la Asamblea Nacional de El Salvador otorgó inmunidad a funcionarios acusados del mal manejo de fondos para COVID-19. En una acción aparte, la decisión de esta semana de la Asamblea Nacional —a petición del presidente Bukele— de autorizar bitcoin como moneda legal, genera preocupación de que la aprobación sin regulación de la criptomoneda podría abrir el sistema financiero del país a manipulación y fraude.
Estos eventos deberían profundizar las preocupaciones en torno a la corrupción sin control, y la falta de separación de poderes e independencia judicial en El Salvador.
La necesidad de una respuesta internacional contundente es urgente. La comunidad internacional y los organismos financieros deberían condicionar cualquier cooperación, asistencia o préstamos a que el gobierno de El Salvador demuestre su compromiso con los esfuerzos anticorrupción y un compromiso renovado con la independencia judicial y el Estado de derecho. Además, la Asamblea Nacional no debería proteger a funcionarios públicos de las investigaciones de la comisión. La OEA debe hacer públicas las investigaciones de la comisión para que los ciudadanos puedan hacer uso de la información y los mecanismos existentes para defender sus derechos violados por los corruptos.
Sin una respuesta tajante de la comunidad internacional que deje en claro la necesidad de esfuerzos genuinos contra la corrupción y el cumplimiento de las normas democráticas y el Estado de derecho para que puedan continuar las relaciones amistosas, el poder en El Salvador se continuará concentrado cada vez más, y cada cada vez habrá menos alternativas para un sistema de controles y contrapesos.
Firmantes:
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Latin American Working Group (LAWG)
Fundacion para el Debido Proceso (DPLF)
