Emmanuel Andrés/Prensa Comunitaria
Emmanuel Andrés/Prensa Comunitaria
Después de haber hecho una campaña anticorrupción, el presidente electo Bernardo Arévalo, quien tomará posesión el 14 de enero, promete traer un cambio estructural muy necesario para Guatemala. Su plan de gobierno incluye “reestructurar el estado” para combatir la corrupción, salvaguardar la seguridad democrática y garantizar la aplicación equitativa de la ley en todo el país. Los desafíos que enfrenta su gobierno son grandes, pero también lo son las oportunidades de una “nueva primavera”, como muchos han llamado a este período.
I. Oportunidades
1. Apoyo de los pueblos indígenas
Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera del partido Movimiento Semilla ganaron la segunda vuelta presidencial en agosto del 2023 con el 58% de los votos. Esto refleja un amplio apoyo a sus promesas y una clara demanda de cambio, respaldada particularmente por la juventud y los grupos indígenas del país.
Durante los cinco meses de transición, el gobierno entrante se ha enfrentado a varios intentos de anular los resultados electorales y criminalización de Movimiento Semilla. Por ello, la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente será en gran parte gracias a los esfuerzos de los pueblos indígenas del país que han liderado protestas históricas desde el 2 de octubre de 2023, junto con un amplio apoyo internacional.
El empoderamiento de los pueblos indígenas ha sido fundamental, ya que han permanecido marginados históricamente. Grupos como los 48 cantones y autoridades indígenas de los municipios de Sololá y Nebaj han frenado el avance de los intentos del Ministerio Público (MP) de impedir la presidencia de Arévalo. Es la resistencia ciudadana la que ha logrado mantener la democracia a flote. Los 48 cantones han manifestado en repetidas ocasiones que no protestan en nombre de un partido político, están allí únicamente para defender la democracia.
Para revertir la ruptura del Estado de derecho y restablecer las normas democráticas en Guatemala, la colaboración de Arévalo con la sociedad civil será esencial. Su administración necesitará trabajar estrechamente con organizaciones, comunidades indígenas y autoridades para reabrir espacios que han sido cerrados en los últimos años y abordar temas profundamente arraigados que afectan a los pueblos más marginados de Guatemala.
2. Colaboración con el sector privado
Pese a que se ha acusado al sector privado de formar parte del retroceso democrático, algunos actores han expresado su interés en colaborar con la “nueva visión de desarrollo” de Bernardo Arévalo. Hasta ahora, Arévalo ha aprovechado este interés. En respuesta a las protestas y bloqueos a nivel nacional y como medida para facilitar un diálogo efectivo entre líderes indígenas y empresariales, lanzó el acuerdo “Acción para la Democracia”, nunca antes las autoridades indígenas habían llegado a un acuerdo con el sector privado. Posteriormente, la principal asociación empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, emitió declaraciones en las que pide una transición democrática y efectiva del poder.
Además, durante el primer viaje internacional de Arévalo a Estados Unidos desde su victoria, se reunió con líderes empresariales miembros de Partnership for Central America (Alianza para Centroamérica), para explorar áreas de colaboración destinadas a promover el crecimiento económico inclusivo en Guatemala que podría ayudar a frenar la migración.
Estos esfuerzos deberían garantizar que todos los sectores promuevan prácticas inclusivas y transparentes y permitir a Arévalo aplicar políticas que fomenten el espíritu empresarial y el desarrollo sostenible en todos los sectores económicos.
3. Firme apoyo de la comunidad internacional
El apoyo internacional ha sido crucial para garantizar que Arévalo pueda asumir el cargo, ya que proporciona legitimidad a su liderazgo y confianza en los procesos democráticos de Guatemala.
Tras la victoria electoral, el partido Movimiento Semilla ha mantenido un diálogo constante con la administración Biden y el Congreso estadounidense, afirmando el compromiso de Arévalo con los esfuerzos de colaboración para promover la democracia, el desarrollo y la buena gobernanza. El gobierno estadounidense ha demostrado su apoyo, entre otras acciones, sancionando a actores antidemocráticos relevantes que amenazan la toma de posesión de Arévalo y enviando funcionarios diplomáticos como el subsecretario José Fernández y el subsecretario Brian Nichols a Guatemala. Asimismo, en diciembre, una delegación bicameral del Congreso encabezada por el senador Tim Kaine visitó Guatemala para demostrar el apoyo de Estados Unidos a Arévalo y reunirse con el sector privado, funcionarios electos, grupos indígenas, y líderes de la sociedad civil.
El Parlamento Europeo y la Unión Europea, también han mostrado su apoyo pidiendo sanciones y condenando públicamente el intento de golpe de Estado, así como instando a las autoridades guatemaltecas a defender el proceso electoral. Además, la OEA ha adoptado dos resoluciones y la ONU ha condenado repetidamente las prácticas antidemocráticas y ha pedido una transición pacífica del poder. Con un apoyo continuo, estos organismos internacionales pueden servir de plataforma para hacer avanzar la agenda de Arévalo.
II. Desafíos:
El camino a seguir para Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla no será fácil. Guatemala se ha convertido en lo que se conoce como un estado cleptocrático, ya que los políticos, en asociación con élites corruptas han utilizado el poder político para expropiar la riqueza del pueblo. La malversación o apropiación indebida de fondos públicos a expensas de la población en general ha sido la norma. Algunos de los retos a los que se enfrenta el gobierno entrante incluyen:
1. Lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas
El poder del crimen organizado ha crecido considerablemente en los últimos años y se ha infiltrado en las instituciones estatales a nivel local y nacional. Según la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos muchas zonas del país, especialmente a lo largo de las fronteras de Guatemala, están bajo la influencia de organizaciones de narcotraficantes. El sistema judicial y el Ministerio Público de Guatemala han fracasado en procesar y abordar este problema regional, y los casos en los que los responsables han enfrentado la justicia han sido -en gran parte- debido a la ayuda estadounidense. Por ejemplo, el Departamento del Tesoro sancionó a Los Huistas y expuso sus vínculos con organizaciones criminales Mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Del mismo modo, en febrero de 2023, un juez federal de San Diego, CA, condenó a un capo guatemalteco a más de 17 años por tráfico de drogas.
En Guatemala, el crimen organizado ha controlado instituciones clave como los puertos, como demuestran varios escándalos de corrupción relacionados con sobornos. Este fenómeno puede abordarse no sólo a través de la justicia penal, sino también mediante la buena gobernanza. Por lo tanto, Arévalo tendrá que utilizar su poder ejecutivo para desmantelar las estructuras criminales a fin de que su gobierno sea eficaz. Una forma de hacerlo es crear buenas prácticas para la contratación pública, así como promover el gobierno abierto y aumentar la transparencia en el uso de los fondos públicos.
La lucha contra la corrupción requiere un enfoque integral del crimen organizado y el tráfico de droga. Con una política antidroga coherente, buenas prácticas en la administración pública y la colaboración regional con países vecinos como México y Honduras, Bernardo Arévalo podría iniciar un proceso de depuración del sistema institucional controlado por el sistema organizado.
2. Un Congreso dividido
Sin mayoría en el Congreso, implementar la plataforma de Arévalo probablemente será una ardua batalla. En las elecciones generales, celebradas el 25 de junio, los partidos de derecha obtuvieron la mayoría en el Congreso con el partido del Presidente Giammattei, VAMOS, ganó la mayoría de los escaños. Estos partidos, entre los que también se encuentra UNE y Valor -cuya candidata presidencial era hija del ex dictador Efraín Ríos Montt- tienen un historial de alianzas para salvaguardar sus recursos y privilegios. Arévalo ha expresado su confianza en su capacidad para formar coaliciones y ha asegurado a sus partidarios que podrá trabajar con un Congreso dividido para marcar el comienzo de un periodo de reformas. En el caso de que Arévalo intente reformas serias para restaurar la democracia en Guatemala, necesitará aliarse con el Congreso y promover iniciativas para eliminar obstáculos en el poder judicial.
Aunque el estatus de partido de Movimiento Semilla está permanentemente suspendido, quedan recursos legales pendientes resolver. Pero es importante resaltar que la Corte Constitucional emitió una resolución que garantiza la juramentación de los diputados electos, incluidos los 23 miembros de Movimiento Semilla, y, por lo tanto, protege su capacidad para el trabajo legislativo, integrar comités, o de formar parte de la Junta Directiva.
3. Continuos ataques de la Fiscal General Consuelo Porras contra Movimiento Semilla
En palabras de Bernardo Arévalo, los ataques encabezados por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras se han convertido en un “Golpe de Estado”. Estas acciones ponen en riesgo no solo el cambio de poder el 14 de enero de 2024, sino también el futuro de la administración de Movimiento Semilla. En el contexto de un profundo deterioro del estado de derecho, el MP ha lanzado una serie de acciones legales contra Movimiento Semilla que, de no resolverse, podrían generar una crisis de gobernabilidad y limitar la implementación del plan de gobierno de Arévalo. Las acciones para criminalizar a Bernardo Arévalo y a otros miembros del partido podrían continuar, incluyendo despojarlos de su inmunidad.
La falta de controles y contrapesos sobre las acciones de la Fiscal General, que en definitiva han quebrantado la ley y el orden constitucional, son un grave obstáculo. Según la Constitución guatemalteca, el Presidente tiene la facultad de remover a la Fiscal General, pero una ley especial regula que Porras debe ser condenada en la corte. Por lo tanto, la única autoridad competente para detener el abuso de poder de la Fiscal General es la Corte de Constitucionalidad.
La alteración del orden constitucional en Guatemala generada por Porras es una grave amenaza para la gobernabilidad, la estabilidad y la paz. La Carta Democrática define los elementos esenciales de la democracia representativa en términos muy específicos, incluida la “subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida”. Al tener la autoridad, la Corte de Constitucionalidad, sin embargo, no ha cumplido su función de impedir que el Ministerio Público interfiera en las elecciones. Sus resoluciones han sido ambiguas, inconsistentes, y vagas.
Recomendaciones para la comunidad internacional
A medida que Arévalo asuma el cargo, el gobierno de Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional deben trabajar para apoyar los esfuerzos de su administración para promover los derechos humanos y proporcionar a su gobierno asistencia técnica para combatir la corrupción, el tráfico de droga, y la impunidad.
Una prioridad debe ser buscar mecanismos de protección y detener los ataques contra operadores de justicia independientes, la prensa independiente y los defensores de los derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos también debe alentar el establecimiento de iniciativas para apoyar al gobierno de Arévalo en la lucha contra la corrupción, medidas para crear condiciones para el regreso seguro de los trabajadores de la justicia exiliados, y la liberación inmediata de las personas injustamente encarceladas, como el periodista anticorrupción José Rubén Zamora.
Lea el resumen de WOLA sobre el plan de gobierno del Movimiento Semilla: 10 Semillas para recuperar el futuro.
