Josue Decavele/Getty Images
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Ciudad de Guatemala, San José, Ciudad de México, La Haya y Washington DC, 16 de junio de 2023.
Las organizaciones internacionales consideramos un duro golpe para la democracia y la libertad de expresión la condena en contra del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador y presidente de elPeriódico, uno de los medios de comunicación más independientes y críticos del país. El pasado 14 de junio, José Rubén Zamora fue condenado a 6 años de prisión inconmutables por el delito de lavado de dinero, así como al pago de Q300,000 quetzales.
El proceso penal en su contra y de la exfiscal de la FECI, Samari Gómez, estuvo marcado por irregularidades y se violaron sus derechos al debido proceso y el derecho de defensa. Durante el proceso, Zamora se vio forzado a cambiar en repetidas ocasiones de representación legal debido a las presiones del Ministerio Público y de la Fundación contra el Terrorismo, quien actuó como querellante adhesivo en el proceso. En total, Zamora tuvo nueve abogados distintos durante el proceso; cuatro de ellos fueron perseguidos y encarcelados y dos tuvieron que salir del país. Finalmente, Zamora fue representado por un defensor público, quien no tuvo un tiempo razonable para conocer el expediente y preparar la estrategia de defensa.
Como consecuencia de la persecución contra Zamora, el diario elPeriódico se vio forzado a cerrar sus operaciones debido a la falta de recursos y la persecución del Ministerio Público en contra de periodistas, columnistas y personal administrativo de ese medio. El Ministerio Público ha señalado a 9 periodistas y columnistas de elPeriódico de supuestamente “obstruir la justicia” por el hecho de publicar notas en las que se señalan las anomalías en el proceso contra Zamora y por cuestionar las actuaciones del Ministerio Público y el juez a cargo del caso.
Vemos positivamente que la exfiscal Samari Gómez, acusada en el mismo caso, haya sido declarada inocente y recuperado su libertad. Con esto se demuestra que el Ministerio Público carece de evidencia y pruebas fehacientes para perseguir a exfiscales de la FECI, y que su única intención es criminalizar a quienes lideraron la lucha contra la corrupción y la impunidad durante el período que funcionó la CICIG en Guatemala.
Recordamos que, desde agosto de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial para la Libertad de Expresión han solicitado a Guatemala una visita de trabajo para constatar las condiciones en que se encuentra Zamora, pero el Estado se ha negado. Es indispensable que órganos internacionales puedan constatar en el terreno la situación de derechos humanos en el país.
En el capítulo 4b del informe anual de la CIDH con relación a Guatemala, este organismo determinó que “la persistente violencia contra periodistas por el ejercicio de su profesión continúa siendo un obstáculo para hacer efectivas las garantías del derecho a la libertad de expresión en Guatemala”. Además, recordó que “conforme la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, la utilización del poder y recursos del Estado con el objetivo de presionar y/o castigar a periodistas y medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión”.
Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que exijan de forma contundente al Estado de Guatemala que respete la libertad de expresión y los derechos fundamentales de la población; y que se abstenga de utilizar indebidamente el derecho penal y el poder punitivo del Estado en contra de ex fiscales, jueces, periodistas y personas que defienden los derechos humanos.
