(Foto AP/Luis Soto)
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A pesar de las sentencias de los tribunales nacionales e internacionales que ordenan el cese del debate y retiro permanente del proyecto de ley de amnistía 5377 de Guatemala, una ley de amnistía diseñada para proteger el enjuiciamiento de los perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos, un grupo pequeño de representantes del Congreso están liderando un nuevo esfuerzo para promulgarla. Si fuese aprobada, la legislación resultaría en la liberación inmediata de todos aquellos que han sido condenados o que están en espera de juicio por violaciones de derechos humanos. También evitaría que la Ministerio Público continúe sus investigaciones sobre estos crímenes.
Aunque estos esfuerzos para aprobar el proyecto de la ley de amnistía aún no ha ganado fuerza, faltan cuatro meses para que el Congreso actual sea reemplazado el 14 de enero de 2020 por un Congreso recién elegido. De los 158 miembros actuales del Congreso, 106 de ellos no fueron reelegidos o no se lanzaron para su reelección. Pueden sentir que tienen poco que perder votando a favor de una ley de amnistía.
El 21 de agosto, el congresista Fernando Linares Beltranena intentó agendar una tercera lectura del proyecto de ley 5377. La reforma de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, busca permitir la amnistía por crímenes políticos pero excluye específicamente crímenes internacionales como genocidio, tortura y crímenes contra la humanidad. El proyecto de ley 5377, que eliminaría estas exclusiones, ganó fuerza a principios de este año a raíz de la decisión unilateral del presidente Jimmy Morales de poner fin al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El 12 de marzo del año en curso, la Corte Interamericana ordenó a Guatemala el cese del debate y retiro permanente del proyecto de ley, como resultado de la audiencia solicitada por la familia Molina Theissen, quien argumentó que el proyecto de ley violaba su derecho a acceder a la justicia. (La familia previamente solicitó y obtuvo la condena de cuatro oficiales militares de alto rango por la detención ilegal, tortura y violación sexual de Emma Molina Theissen. Tres de los oficiales también fueron condenados por la desaparición forzada de su hermano Marco Antonio, de 14 años de edad, en 1981.) El tribunal determinó que el proyecto de ley viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las órdenes judiciales sobre los casos de Molina Theissen y otros casos de delitos graves. El proyecto de ley no fue retirado, pero no fue aprobado en su tercera lectura y no ha sido debatido hasta ahora.
El esfuerzo por revivir el debate del proyecto de ley 5377 también desafío el fallo del Tribunal Constitucional de Guatemala del 18 de julio, que determinó que el proyecto de ley violaba la constitución y ordenó al Congreso suspender el debate sobre la propuesta legislación de inmediato.
Solo 38 miembros del Congreso votaron a favor de la moción de Linares Beltranena, muy por debajo de los 80 requeridos para colocar el proyecto de ley en la agenda legislativa. La mayoría son miembros de los partidos de extrema derecha: el Partido de Avanzada Nacional (PAN), la Unión del Cambio Nacional (UCN) y el actual partido gobernante, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
El esfuerzo por aprobar el proyecto de ley de amnistía provocó reacciones nacionales e internacionales.
El primer secretario del Congreso, Estuardo Galdámez, atacó a aquellos que votaron en contra de la moción, gritando: “La izquierda ha votado en contra de nuestras instituciones“. Galdámez, ex soldado de Kaibil, ha sido uno de los defensores más vociferantes del proyecto de ley 5377 y ha legislado abiertamente a favor de oficiales militares acusados de crímenes de guerra. Él también ha buscado promover la legislación para beneficiar a los militares retirados y en servicio activo. Hace dos semanas, presentó un proyecto de ley que propone otorgar una compensación económica a los familiares de ex soldados, así como también un “bono patriótico” a los soldados que lucharon durante los 36 años del conflicto armado interno de Guatemala.
Cómo el Monitor Internacional de Justica ha escrito en publicaciones anteriores, el suegro de Galdámez, el general retirado del ejército Luis Enrique Méndoza García, fue detenido el 14 de junio cuando emitió su voto en las elecciones presidenciales. Méndoza García fungió como jefe de operaciones militares siendo el tercer miembro de mayor jerarquía militar durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. Había sido buscado por cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad desde 2011 en relación con el caso de genocidio de Maya Ixil.
El esfuerzo por aprobar el proyecto de ley de amnistía provocó reacciones nacionales e internacionales. En Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que el esfuerzo para aprobar el proyecto de ley fue un desafío directo a la orden del 12 de marzo de la Corte. El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, exhortó al Congreso a retirar por completo el proyecto de ley 5377, según lo ordenado.
El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, respondió en Twitter, afirmando que el CIDH no podía dar órdenes al Congreso guatemalteco y que, como jefe del cuerpo legislativo de Guatemala, podía adoptar libremente la legislación que considere necesario. Arzú no mencionó el fallo del Tribunal Constitucional que ordena el retiro del proyecto de ley 5377. Como informó anteriormente el Monitor Internacional de Justicia, Arzú y otros miembros de la Comisión Permanente del Congreso presentaron una moción para acusar a los tres magistrados que firmaron ese fallo. La moción de juicio político aún no ha sido revisada por la Corte Suprema de Justicia.
Los activistas internacionales de derechos humanos respondieron a Arzú, señalando que Guatemala está obligada a apegarse a los fallos de la Corte Interamericana y que las leyes internacionales y nacionales prohíben que Guatemala apruebe amnistías, estatutos de limitaciones u otras medidas destinadas a otorgar impunidad a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos.
...puede ser solo una cuestión de tiempo antes de que el proyecto de ley sea reintroducido.
El 26 de agosto, en la reunión de los jefes de partido, los diputados Linares Beltranena y Manuel Conde Orellana, ambos miembros del PAN, enfatizaron su determinación de aprobar el proyecto de ley de amnistía.
¿Qué vamos a hacer?”, dijo Linares. “¿Vamos a ser intimidados? ¿Vamos a aprobar leyes o vamos a ser derrotados por las prohibiciones de la Corte Interamericana y la Corte Constitucional?”
Luego instó a sus compañeros a denunciar los fallos de la Corte Interamericana y la Corte Constitucional, argumentando que el proyecto de ley de amnistía era un tema trascendental para la población.
Al día siguiente, el 27 de agosto, Linares Beltranena y Conde Orellana buscaron nuevamente presentar el proyecto de ley para una tercera lectura, pero la plenaria rechazó la moción. Sin embargo, puede ser solo una cuestión de tiempo antes de que el proyecto de ley sea reintroducido.
Jo-Marie Burt es Profesora Asociada de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason. También es Asesora Principal de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de arqueología en la Universidad de San Carlos y parte civil en el caso “Diario Militar”.
Este artículo fue publicado originalmente por el Monitor Internacional de Justica y fue traducido y republicado con permiso. Vea el artículo original en inglés aquí.
