Horacio Villalobos Corbis/Getty Images
Horacio Villalobos Corbis/Getty Images
Las y los colombianos acudirán a las urnas el 29 de octubre para votar en elecciones regionales y locales, las cuales deberán ser observadas de cerca por las autoridades estadounidenses.
Las crecientes preocupaciones sobre las cuestiones de seguridad y la situación humanitaria del país han creado un escenario político disputado, con informes que señalan que podría haber hasta 120.000 candidatos en la carrera electoral. Las y los colombianos elegirán 32 gobernadores, 418 funcionarios estatales que conformarán las 32 asambleas departamentales, 1.102 alcaldes, 12.072 diputados y diputadas municipales y 6.513 autoridades territoriales que integrarán las Juntas Administrativas Locales. Con tantos escaños en juego, estas elecciones servirán como un referéndum sobre la administración del presidente Gustavo Petro tras un año en el cargo.
Los resultados podrían arrojar luz sobre el posicionamiento político del electorado colombiano, las alianzas políticas de Petro y las perspectivas sobre la crisis de seguridad ciudadana, así como informar a la comunidad internacional sobre el futuro de las agendas regionales de consolidación de la paz y migración.
A un año del cambio en la presidencia de gobierno, la violencia, las masacres y las emergencias humanitarias continúan a pesar de los esfuerzos por parte del gobierno de Petro por promover la paz y la seguridad. Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y de Temblores ONG encuentra que defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y líderes y lideresas locales continúan siendo blanco de violencia, poniendo en riesgo la construcción de paz en todos los territorios.
INDEPAZ ha registrado 89 masacres, así como el asesinato de 167 líderes y lideresas sociales y 36 firmantes de los Acuerdos de Paz de 2016 desde que Petro asumió el poder en agosto de 2022. En contraste, bajo la administración anterior del presidente Iván Duque, la misma organización registró 88 masacres y el asesinato de 185 líderes sociales y 52 firmantes de los Acuerdos de 2016. Si bien los asesinatos de excombatientes y liderazgos sociales han disminuido ligeramente bajo el gobierno de Petro, las tasas de masacre se han mantenido iguales.
La violencia contra los liderazgos locales, especialmente aquellos que se postulan para cargos públicos, es motivo de especial preocupación. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) reportó que el 25 por ciento de los líderes y lideresas encuestados en 48 municipios informaron haber recibido amenazas, un aumento desde junio de 2023. De manera alarmante, el 84 por ciento de estas personas consideraron que sus municipios eran inseguros. A medida que se acercan las elecciones, muchas candidatas y candidatos han recibido ataques, y algunos han sido asesinados como consecuencia de las amenazas y las tácticas de intimidación. Amenazas de muerte dirigidas a estos liderazgos y sus familias, mensajes y llamadas intimidatorias a sus teléfonos, así como panfletos amenazantes, firmados por grupos armados ilegales, que circulan en las comunidades son tácticas utilizadas para disuadir la participación electoral.
El 28 de julio fue asesinado el sindicalista Jorge Saúl Cruz Pardo, que se postulaba como candidato del partido Creemos al concejo de Carmen de Chucurí, Santander. Leandro Sánchez Reyes, del mismo partido, fue asesinado días después en el departamento del Tolima. La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que en el período previo a las elecciones se han cometido 653 actos violentos contra líderes y lideresas sociales, comunales y políticos. De octubre de 2022 a mayo de 2023, hubo un aumento del 40 por ciento en la violencia contra estas personas en comparación con las últimas elecciones regionales que tuvieron lugar en 2019 bajo el presidente Duque. Los liderazgos políticos representan más de la mitad (436) de los incidentes violentos registrados por la MOE. La violencia contra las y los candidatos socava la democracia y el proceso de participación política.
La violencia sostenida por parte de grupos armados ilegales socava los esfuerzos de Petro por promover la paz y las reformas políticas. La ambiciosa política de Paz Total del presidente ha dado resultados limitados para lograr que la mayoría de los actores armados ilegales que operan en todos los territorios participen en el diálogo. Las conversaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son una señal positiva en la construcción de la paz en Colombia. La inclusión de la sociedad civil en estos diálogos con la instalación del Comité Nacional de Participación (CNP) también servirá como un importante mecanismo de participación y consulta regional en las negociaciones en conjunto con las y los líderes elegidos esta semana. El anuncio del 16 de octubre de un cese al fuego bilateral temporal entre el gobierno colombiano y el Estado Mayor Central (EMC), cúpula de algunos grupos disidentes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es otra señal positiva de los avances de paz en territorios que enfrentan confinamientos masivos, inseguridad alimentaria y violencia perpetrada contra la población civil.
Las elecciones regionales determinarán si el presidente Petro tiene el apoyo que necesita para implementar sus políticas en todo el país. Varias de sus políticas emblemáticas, incluyendo poner fin a la corrupción y promover la paz y la seguridad, tardarán en materializarse plenamente a nivel local. A más de un año de la llegada al poder de Petro, una sensación de insatisfacción y escepticismo por parte de la oposición gubernamental y pública sobre las políticas del presidente sugiere que estas elecciones podrían ser un punto de inflexión. Es difícil negar que los múltiples escándalos que rodean al presidente y a los integrantes de su administración hayan dañado su reputación. Específicamente la investigación en contra de su hijo Nicolás Petro por lavado de dinero ha generado fuertes críticas.
La reforma policial de Petro, y en particular la transición del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) hacia la Unidad para el Diálogo y el Mantenimiento del Orden (UNDMO), ha recibido críticas sustanciales por parte de organizaciones de la sociedad civil por ser “cosmética” y no abordar las causas profundas de la brutalidad policial. Entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023, la plataforma Grita de Temblores ONG reportó un total de 191 casos de violencia policial con 244 víctimas. Las tasas de homicidios perpetrados por el nuevo ESMAD se han mantenido estables, a pesar de la reforma.
Si bien el ambicioso gobierno izquierdista de Petro ha sido objeto de críticas, el estado económico actual y la gravedad de la crisis humanitaria y de seguridad (que posiblemente afecta a una gran parte de su base de votantes) contribuyen a la insatisfacción generalizada con el presidente. El 29 de octubre definirá los numerosos desafíos que Petro enfrentará en los próximos años, lo que seguramente influirá en su legado presidencial y en sus objetivos políticos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken y el presidente colombiano Gustavo Petro luego de reunirse en la Casa de Nariño, como parte de la visita de Blinken al país en octubre de 2022.
Los legisladores estadounidenses deberían prestar atención a estas elecciones regionales, ya que los resultados pueden afectar varios objetivos clave de la política exterior estadounidense, incluyendo la promoción de la democracia, los derechos humanos, la equidad racial, la política migratoria y los esfuerzos para consolidar la paz. Los programas para integrar mejor a las personas migrantes y refugiadas en Colombia serán determinados por los candidatos que se presenten en las ciudades que acogen a la mayoría de las personas migrantes que ingresan o pasan por el país. Esto es de particular importancia en las principales ciudades anfitrionas: Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Necoclí. El análisis reciente de la FIP sobre las y los candidatos que se postulan en estas ciudades concluyó que existen propuestas de programas generales para abordar la migración regional; sin embargo, la cohesión social en todo el país parece estar flaqueando, ya que el tema de la migración venezolana sigue siendo un punto de discordia. Los funcionarios locales que resulten electos podrían influir en la dinámica general de la migración en América Latina, algo que los y las legisladores estadounidenses deberían tomar en cuenta
Colombia es uno de los aliados más sólidos de Estados Unidos en la región y la ayuda de EE.UU sigue apoyando los esfuerzos de paz en todo el país. Los ganadores de estas elecciones regionales y locales podrían apoyar a Estados Unidos en el seguimiento de la plena implementación de los Acuerdos de 2016 y en aportar soluciones para una paz integral como acompañante del Capítulo Étnico del Acuerdo. Los avances positivos registrados hasta el momento en el marco de la agenda de Paz Total deberían instar a Estados Unidos a apoyar a la administración Petro en la construcción de una paz integral, que considere las complejidades que el conflicto armado ha generado en las diferentes regiones.
El proceso para elegir a liderazgos regionales y locales de 2024 a 2027 este fin de semana es un recordatorio de la importancia de la participación local y de base para mantener instituciones y prácticas democráticas sólidas. Tanto la violencia política contra las y los candidatos, como la escalada de violencia en las comunidades, violan el derecho de las y los colombianos a una participación política segura. La violación de la participación política y civil es una amenaza para la democracia colombiana. El 29 de octubre determinará la trayectoria no solo del gobierno de Petro, sino también la de la crisis de seguridad que perjudica a la población civil, así como el futuro de múltiples y complejos procesos y negociaciones de paz en Colombia.