Pronunciamiento de WOLA
México se ha convertido en un lugar especialmente peligroso para los defensores de derechos humanos y los periodistas, cuyo trabajo es esencial para la protección de los derechos humanos y para exponer abusos. Un nombramiento pendiente para el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación probará el compromiso del gobierno mexicano a proteger los dos grupos.
Entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OACDH) documentó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos e reportó que 22 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2006. En el estado de Guerrero, siete activistas locales y defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado. 2013 también fue un año violento para la prensa en México. La organización Artículo 19 informó que hubo 330 casos de ataques contra periodistas y medios, entre ellos cuatro asesinatos. El 16 de marzo de 2014, la casa del director de Artículo 19 en México fue allanada y llevaron computadoras, documentos de trabajo, y otros objetos de valor.
Teniendo en cuenta estas amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos, la sociedad civil mexicana ha instado al gobierno mexicano a tomar medidas concretas para proteger a ambos grupos. Como resultado de este trabajo, el Congreso mexicano aprobó en 2012 la Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Esta ley estableció un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (“el Mecanismo”), que era una demanda clave de la sociedad civil. El propósito del Mecanismo es proporcionar un procedimiento oficial y eficaz para que defensores y periodistas puedan solicitar protección por parte del gobierno cuando están amenazados. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido la importancia del Mecanismo y ha otorgado fondos para apoyar su operación, dando asistencia y capacitación a través de Freedom House.
Si bien el Mecanismo por fin ha conseguido fondos federales, aún hay muchos desafíos en la consolidación del personal y el Mecanismo ha recibido poco apoyo de funcionarios de alto nivel en el gobierno del Presidente Peña Nieto y los gobiernos estatales. Organizaciones de derechos humanos han informado de demoras burocráticas que han impedido la rápida entrega de los recursos y la protección que se requiere. Los gobiernos estatales y municipales, en muchos casos, se han negado a cooperar con la implementación de las medidas cautelares, que son fundamentales para asegurar que el Mecanismo pueda proporcionar una protección efectiva.
Los desafíos que enfrenta el Mecanismo recientemente se han agravado por la salida del director de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Juan Carlos Gutiérrez, el 15 de marzo. Esta oficina desempeña un papel importante en la política de derechos humanos en México y en la coordinación del Mecanismo. Organizaciones y periodistas mexicanas de derechos humanos recientemente enviaron una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamando al gobierno mexicano asegurar que el nombramiento del nuevo director sea una prioridad. Hicieron una petición al Secretario Osorio Chong para asegurar que el nuevo director posee amplia experiencia de trabajo con la sociedad civil y de una formación profesional en materia de derechos humanos. WOLA coincide completamente con estas peticiones. Si el gobierno mexicano toma en serio la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos debe demostrar su compromiso al funcionamiento del Mecanismo nombrando alguien calificado para dirigir la Unidad de Derechos Humanos. Esta decisión revelará mucho sobre el grado en que el gobierno actual da prioridad a los derechos humanos y la libertad de expresión.
