Manuel Velázquez/Getty Images
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El 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso mexicano un paquete de 20 iniciativas, entre ellas, 18 iniciativas de reformas constitucionales. El paquete abarca una amplia gama de temas, desde los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, hasta las pensiones y el sector energético, entre otros.
Aunque algunas de las iniciativas buscan avanzar en los derechos de las comunidades u otras demandas sociales, otras pretenden rediseñar o eliminar instituciones del Estado, en muchos casos con el fin de reducir contrapesos democráticos. Entre las propuestas de rediseño institucional, López Obrador retoma aspectos de su anterior “Plan B” de reformas electorales, entre otros cambios propuestos al sistema político-electoral. Asimismo, propone eliminar una serie de órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Paralelamente, López Obrador propone una serie de reformas en materia de seguridad y justicia que debilitarían la división de poderes, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. A continuación, resaltamos tres áreas de preocupación.
López Obrador propone establecer desde la Constitución que la Guardia Nacional sea una de las fuerzas armadas, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Este es su segundo intento de formalizar el control de la SEDENA sobre la Guardia Nacional, tras la invalidación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023 de una reforma legislativa en ese mismo sentido.
El esquema propuesto implica también que al personal de la Guardia Nacional le sea aplicado el fuero militar, figura que ha propiciado opacidad e impunidad en casos de abusos militares. Aunado a la militarización de la Guardia Nacional, la nueva reforma no cerraría la puerta a la continuación de la participación directa del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública.
Así, se volvería ‘constitucional’ la militarización de las tareas policiales, incluyendo tareas de investigación de delitos, a pesar de los efectos contraproducentes del modelo militar, muchos de los cuales abordamos en este informe de 2023.
La reconfiguración del papel de las fuerzas armadas iría mucho más allá de la seguridad. Actualmente, el artículo 129 constitucional establece que, en tiempos de paz, las fuerzas armadas sólo pueden realizar funciones que tengan “exacta conexión con la disciplina militar”. López Obrador propone reformar dicho artículo para permitir la participación de autoridades militares en cualquier función contemplada en la Constitución y la ley, lo cual permitiría la militarización de cualquier tarea. El sexenio de López Obrador ya se caracteriza por la militarización de una larga lista de funciones civiles.
López Obrador afirma constantemente que el Poder Judicial es corrupto y elitista, y ataca a jueces y juezas por liberar a personas detenidas. Ahora, propone que las autoridades judiciales, incluyendo las personas ministras de la Suprema Corte, sean electas por voto popular como supuesta medida contra la corrupción y las malas prácticas.
No existen razones para pensar que la elección popular consiga esos fines. Más bien, la reforma debilitaría al Poder Judicial como contrapeso, así como incentivaría el populismo penal.
Bajo las normas mexicanas e internacionales, toda persona detenida tiene derecho a ser liberada si su detención fue ilegal o si la fiscalía no sustenta la imputación en su contra; este es un mecanismo fundamental para proteger los derechos de las personas y para exigir que las fiscalías realicen investigaciones confiables. A pesar de lo anterior, el discurso de López Obrador da a entender que la liberación de personas es el problema, y que la población tendría que corregir ese problema eligiendo a jueces y juezas. Esto crea fuertes incentivos para que las personas candidatas y electas validen detenciones ilegales o prometan no liberar a personas, un riesgo mayor en un país con un largo historial de detenciones arbitrarias.
Por otra parte, López Obrador propone ampliar otra vez la lista de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa. Esto reduciría aun más las facultades de las autoridades judiciales para determinar si es necesario encarcelar a las personas imputadas. Cabe recordar que la prisión preventiva oficiosa es una violación de derechos humanos que trastoca la correcta implementación del sistema penal. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado mexicano eliminar esta figura de su normatividad.
En resumen, las reformas profundizarían un modelo en que el ‘éxito’ se mide por el número de personas privadas de libertad en vez de por el acceso a verdad y justicia. Quienes más sufrirían violaciones a sus derechos en este escenario serían, como siempre, las personas en pobreza e integrantes de grupos sociales históricamente marginados.
Finalmente, las reformas proponen prohibir desde la Constitución actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y drogas sintéticas ilícitas. Asimismo, establecerían la prisión preventiva oficiosa para “narcomenudeo” —un término que abarca no solamente la distribución de drogas sino la posesión— y delitos relacionados con las drogas sintéticas.
Si bien la legislación ya contempla la prohibición de una amplia gama de conductas relacionadas con las drogas y la prisión preventiva para varias de ellas, la reforma pretende ampliar este esquema desde la Constitución. Dicho enfoque obstaculizaría aun más el acceso a servicios de salud, tratamiento y otras medidas de reducción de daños.
López Obrador no cuenta actualmente con la mayoría legislativa necesaria para reformar la Constitución sin la oposición. Más bien, las iniciativas de reforma se presentan en un contexto en que ocuparán la atención y serán un tema central de debate para medios, actores políticos y el público durante la temporada electoral.
No obstante, si MORENA (el partido político del presidente) logra una mayoría calificada en el Congreso en las elecciones del 2 de junio, las reformas presentadas el 5 de febrero podrían aprobarse y convertirse en texto constitucional, con consecuencias a largo plazo.
