En Colombia, se ha hecho historia. Una candidatura presidencial con un mensaje de justicia social e igualdad gobernará el país durante los próximos cuatro años. Una mujer afrodescendiente fue elegida vicepresidenta. En contra de muchos pronósticos, el proceso electoral se desarrolló en gran medida de forma pacífica. El presidente Iván Duque felicitó rápidamente al presidente electo Gustavo Petro y a la vicepresidenta electa Francia Márquez, que ganaron por un pequeño pero claro margen. También lo hizo Rodolfo Hernández, quien les disputaba la elección. En un país con una larga historia de trágica violencia política y profunda polarización, esto no debe subestimarse.
Pero las elecciones son sólo el comienzo. El tiempo de celebración se verá sin duda acortado por la monumental crisis humanitaria, de derechos humanos y de derechos étnicos a la que se enfrenta la nación sudamericana.
Durante su ardua campaña, y en su primer discurso tras el anuncio de los resultados, el presidente y la vicepresidenta electos hablaron de la necesidad de dar prioridad a la paz, la igualdad, la justicia social y la protección del medio ambiente.
Se comprometieron a un “cambio real”.
El compromiso es un paso importante, pero para que el cambio se produzca realmente, la polarización tendrá que dar paso a la voluntad de trabajar por un objetivo común, que incluya la paz, la igualdad y la justicia de las que a menudo se habla y que el país necesita desesperadamente. También será importante construir coaliciones y resolver conflictos. No será fácil, pero son objetivos esenciales por los que, al menos, hay que trabajar.
El apoyo más allá de Colombia, incluido el de Estados Unidos, será esencial.
El presidente Joe Biden ya ha hablado de la importancia de Colombia como aliado en la región. Tanto es así que, en más de una ocasión, se ha referido al país como “la piedra angular de la política estadounidense en América Latina y el Caribe”. No debe sorprender, entonces, que Estados Unidos sea el mayor contribuyente de ayuda exterior a su amigo cercano.
Pero las amistades pueden ser a veces problemáticas. En los últimos años, la camaradería entre los presidentes Biden y Duque hizo que el gobierno de Estados Unidos no presionara lo suficiente para que se hiciera justicia por los asesinatos de activistas, por la brutalidad policial, por el espionaje militar a ciudadanos y por otros abusos contra los derechos humanos y los derechos étnicos que Colombia no castiga, ni siquiera investiga eficazmente.
¿Pueden cambiar las cosas ahora?
Aunque sea demasiado pronto para intentar vislumbrar cómo será la relación Biden-Petro, es seguro que Estados Unidos tendrá que ajustar su política exterior hacia Colombia cuando la nueva administración, con su nueva agenda, tome posesión el 7 de agosto. Cuatro ajustes son especialmente importantes.
En primer lugar, Estados Unidos debe mostrarse más activo y generoso económicamente a la hora de respaldar la plena aplicación del Acuerdo de Paz firmado con las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. El acuerdo es crucial para el futuro de Colombia, ya que es un plan para abordar muchos de los otros problemas que impiden que los derechos humanos, la prosperidad y la verdadera democracia se conviertan en realidades para millones de personas en todo el país. Estos incluyen, entre otros, una amplia reforma rural para poner fin a un abandono histórico del campo feudal, la participación política de sectores largamente excluidos como personas campesinas, los afrodescendientes y pueblos indígenas, las mujeres y las personas LGBTQ+, soluciones para las familias que dependen de los cultivos de coca para sobrevivir y un sistema de justicia transicional para honrar a las víctimas del conflicto.
Aunque el gobierno de Biden ha apoyado el acuerdo, con USAID y partes del Departamento de Estado liderando iniciativas para promover los derechos a la tierra de los afrocolombianos, los indígenas y las víctimas, siguen existiendo graves problemas. Entre ellos, gran parte del aparato político de Estados Unidos sigue respaldando los enfoques de carácter militar que, en lugar de romper las relaciones corruptas con los funcionarios del gobierno de las que se nutren los grupos armados, hacen que las poblaciones estén menos seguras.
En segundo lugar, el enfoque de 40 años del gobierno estadounidense sobre la política de drogas en Colombia debe cambiar, y rápido. El gobierno de Biden ya está proponiendo abordar este tema con acciones que van más allá de la erradicación de cultivos y las operaciones militarizadas. Petro también propone dejar de lado las fumigaciones aéreas con herbicidas y otras formas de erradicación forzosa de la coca que castigan a las familias pobres productoras de coca sin reducir realmente el suministro de cocaína, centrándose en cambio en el apoyo a las comunidades rurales.
Ahora es el momento perfecto para seguir adelante con esta agenda inclusiva y más efectiva, avanzando hacia un escenario en el que el progreso se mida no en términos de reducción de hectáreas de cultivos ilícitos, sino por la seguridad que tengan las comunidades rurales en sus hogares.
En tercer lugar, pero quizás más importante, el gobierno de Estados Unidos debería ayudar a Colombia a fortalecer su poder judicial.
La construcción de un poder judicial fuerte, capaz de investigar y perseguir los delitos y las violaciones de derechos humanos, incluidos los cometidos por las fuerzas de seguridad del país, es la mejor manera de reducir esos abusos. También ayudará a frenar la corrupción, que alimenta a los grupos de crimen organizado responsables de mantener como rehenes a las comunidades de toda Colombia.
Será esencial dotar a fiscales, investigadores y jueces de los recursos humanos, la tecnología, la formación, la presencia física y la seguridad que necesitan para realizar su trabajo. También será clave aumentar el apoyo y la protección efectiva a líderes sociales y activistas de derechos humanos que están al frente de las crisis humanitarias y de derechos humanos del país. El gobierno de Biden también puede dar un importante impulso al sistema de justicia y a quienes defienden los derechos humanos, si se muestra más contundente con el comportamiento de su aliado cuando se producen abusos.
En cuarto lugar, el gobierno de Estados Unidos debe seguir apoyando la respuesta humanitaria a personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de otros países. Colombia sigue siendo el principal país receptor de más de 1,8 millones personas migrantes y refugiadas de Venezuela y el gobierno de Petro debe comprometerse a promover e implementar políticas centradas en los derechos humanos para la inclusión e integración de este grupo, con el apoyo de Estados Unidos. También debe apoyar a las poblaciones desplazadas internamente dentro de Colombia.
No hay duda de que Colombia tiene hambre de cambio. Las urnas han hablado. Ahora es el momento de que el gobierno de Estados Unidos desempeñe el papel que debe tener un verdadero aliado.
