En entrevista con el Instituto de Estudios Políticos y Sociales “Red Forma” de Venezuela, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, habla de la crisis económica y la falta de garantías democráticas que impiden a las personas migrantes retornar a Venezuela. Destaca el rol que debe jugar la cooperación internacional para promover una transición democrática y pacífica en el país.
En entrevista con el Instituto de Estudios Políticos y Sociales “Red Forma” de Venezuela, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, habla de la crisis económica y la falta de garantías democráticas que impiden a las personas migrantes retornar a Venezuela. Destaca el rol que debe jugar la cooperación internacional para promover una transición democrática y pacífica en el país.
Cuando Carolina Jiménez Sandoval (Acarigua, 1973) comenzó su labor en las áreas de migración y refugiados, jamás pudo imaginar que su país natal sufriría uno de los peores éxodos del que se tenga registro en la historia de América Latina.
Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con doctorado en Estudios Internacionales por la Universidad de Waseda, Japón, Jiménez Sandoval es la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental que “promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia en el ámbito social y económico en Latinoamérica y el Caribe”.
Antes de alcanzar la jefatura de WOLA, ocupó el cargo de directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional (AI) y se desempeñó como oficial del Programa de América Latina y la Iniciativa de Migración Internacional de Open Society Foundations (OSF), donde coordinó la creación de CAMMINA (Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México).
Jiménez Sandoval fue la directora nacional del Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela entre 2008 y 2010, y trabajó como gerente de programas en la unidad de Democracia, Gobernanza y Derechos Humanos de la Fundación para las Américas, institución sin fines de lucro vinculada con la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Desde su amplia trayectoria profesional y académica, que incluye un máster de Filosofía en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Jiménez Sandoval analiza el drama de la migración venezolana y la respuesta que ha dado la comunidad internacional a este fenómeno.
El último reporte de la plataforma R4V señala que 7,7 millones de venezolanos están como migrantes y refugiados en el mundo. De ese total, 6,5 millones están desperdigados por países de América Latina y el Caribe. ¿Qué impacto tiene este fenómeno para el desarrollo de la región?
Una crisis de migración forzada del tamaño de la venezolana, donde más de 7,7 millones de personas han tenido que dejar el país, representa grandes desafíos para los países receptores, especialmente para los países de Sudamérica, donde se concentra el 80%-85% de estas personas.
Sin embargo, muchísimos estudios alrededor del mundo que se han hecho en diferentes periodos históricos, demuestran que la migración no es solamente un tema de desafíos sino que también es una oportunidad por varias razones. En primer lugar, cuando un grupo de personas llega a otra localidad y tiene cierto tipo de destrezas, ya sea porque tienen experiencia laboral o estudios completados, traen ese conocimiento a sus nuevas comunidades receptoras.
Muchísimos migrantes en diferentes países del mundo se caracterizan por ser emprendedores. Por ejemplo: Si uno toma el caso de las políticas que adoptó el gobierno del presidente Iván Duque en Colombia, de regularizar de forma más o menos masiva a muchos migrantes, notará que el Ministerio de Hacienda de Colombia había hecho un estudio sobre qué podía implicar la regularización de tantas personas venezolanas, y lo que implicaba era un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese país.
Pero este tipo de mejoras económicas y de la productividad de un país por la llegada de muchos migrantes, se da cuando existen procesos de regularización y políticas de integración socioeconómica. Las personas en situación de indocumentación muchas veces no tienen acceso al trabajo o lo tienen de forma muy precaria. Cuando se promueven políticas de integración socioeconómica, los niños de una familia migrante pueden ir con facilidad a la escuela, pueden tener acceso a la salud. Cuando hay esa combinación de procesos de regularización y políticas de integración socioeconómica, es muy probable que las personas migrantes puedan contribuir de forma muy positiva con las sociedades que les reciben.
¿Cómo evalúa la respuesta de la comunidad internacional ante el éxodo venezolano? Cada cierto tiempo se convocan conferencias y se destaca la necesidad de buscar fondos para atender a los migrantes, pero parece que estas iniciativas son insuficientes ante el volumen de personas y la presión que ejercen sobre los sistemas sanitarios, educativos, laborales y de servicios de los países de acogida.
Creo que una de las mayores preocupaciones que hay alrededor de la crisis de migración forzada de venezolanos, es la respuesta en materia del compromiso financiero que la cooperación internacional está dispuesto a invertir para la atención de estas personas.
Si uno compara los datos financieros que hay sobre cooperación internacional con respecto a las tres grandes crisis de movilidad humana forzada en el mundo; es decir, las crisis siria, ucraniana y venezolana, se da cuenta de que ya Venezuela superó a la crisis siria en números. Sin embargo, la inversión de la comunidad internacional para atender la crisis venezolana es mucho menor.
El Brookings Institution, que es una organización académica que lleva algunos años publicando informes sobre esta respuesta, nota que la crisis siria recibió alrededor de 20,8 mil millones de dólares hasta 2020, mientras que la venezolana ha recibido 1,4 mil millones. Es una brecha enorme y esto termina generando que sean los países de acogida los únicos responsables de poder costear muchos de los gastos que tiene que hacer un Estado, sobre todo en el momento de la llegada de las personas refugiadas, sin que la cooperación internacional intervenga de una manera comprometida en términos financieros.
Hay que recordar que muchos de los países a los que llegan los venezolanos tienen grandes porcentajes de pobreza, así que se hace más difícil la integración de migrantes y refugiados en estos casos.
El gobierno del presidente Iván Duque anunció en 2021 la creación de un Estatuto de Protección Temporal para regularizar a casi 2 millones de venezolanos que se encontraban en Colombia. ¿Cree que políticas de este tipo deben ser imitadas por los gobiernos de la región? ¿Qué medidas podrían aplicar para brindarle un trato digno y respetuoso a los migrantes venezolanos?
En principio, la política de regularizar de forma masiva a las personas venezolanas en Colombia es necesaria. Porque un país como Colombia, que ha recibido a más de 2 millones de personas en su territorio, necesitaba dar una respuesta legal a la situación de muchas personas que estaban llegando sin los documentos necesarios para permanecer de forma regular.
No ha sido un proceso perfecto, hay organizaciones de derechos de personas migrantes que han sido críticas en cómo se implementaron algunas de estas medidas y han dado recomendaciones muy puntuales al Estado colombiano. Una de las críticas principales es que lamentablemente Colombia no ha construido un buen sistema de acceso al derecho al refugio, porque se ha enfocado en estas soluciones más temporales de estatutos migratorios para residencia por diez años.
Aun así, hay que decir que no es muy común que países otorguen o realicen procesos de regularización masiva y, en ese sentido, el caso colombiano ha sido aplaudido por diferentes agencias internacionales. Sí creemos que la regularización es una materia importantísima, porque es la puerta para el acceso a derechos.
Cuando un migrante y su familia están regularizados, se facilita su acceso a trabajo, salud, educación y el derecho a una vivienda digna, porque la persona cuenta con el estatus legal que le permite acceder a muchos derechos que se dificulta tener cuando no se tiene ningún tipo de residencia regularizada.
Cada país establece sus leyes nacionales, pero siempre hacemos un llamado a que los países adecuen sus normas nacionales a los estándares internacionales de derechos humanos. En primer lugar, las soluciones legales que pueden dar los países deberían ser de larga duración, para evitar que el tema de la temporalidad implique que muchas personas se sientan inseguras, que tengan que gastar dinero en la renovación de su estatus migratorio, que protejan a grupos en situación de vulnerabilidad y, de ser posible, que otorguen el mayor nivel de garantías.
Tanto la regularización lo más pronto posible con medidas que permitan y garanticen una estadía que no sea solamente temporal, y las medidas de integración, son dos pasos que pueden hacer que una familia migrante se sienta con mayor capacidad de permanecer de forma digna en un país.
Se entiende que el éxodo masivo de venezolanos tiene su origen en la emergencia humanitaria compleja provocada por el régimen chavista. ¿De qué manera la comunidad internacional puede contribuir a resolver las causas del fenómeno?
Toda crisis de migración forzada tiene causas. En una buena parte de los países que se conocen como expulsores de personas migrantes y refugiadas, las causas están relacionadas con guerras, ya sean de agresión externa como el caso de Ucrania, o guerras civiles, internas, como el caso de Siria. En ese sentido, el caso venezolano es particularmente diferente. Es un país que se ubica entre los tres con mayor cantidad de personas expulsadas de su territorio en tiempos de paz, una paz entendida como ausencia de guerra.
La emergencia humanitaria compleja, en combinación con una crisis más generalizada de derechos humanos, son las raíces de esta crisis venezolana. Creemos que es importante que exista un buen proceso de financiamiento de las medidas humanitarias que se pueden tomar dentro de Venezuela para mitigar la emergencia humanitaria.
Hay muchas agencias de Naciones Unidas, pero también de otras organizaciones internacionales, que están trabajando con programas de alimentación, educación y salud dentro de Venezuela, para evitar que la gente tenga que emigrar y pueda estudiar, alimentarse y tener acceso a la salud dentro del país.
También habría que pensar en cómo la comunidad internacional puede responder a la crisis política y promover una transición democrática y pacífica, que implique que un gobierno en el poder pueda promover cambios en la economía y también en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos de los venezolanos, para que puedan desarrollar su proyecto de vida dentro de sus comunidades de origen y se evite así la migración forzada.
En línea con el discurso oficialista, sectores empresariales, como la patronal Fedecámaras, y políticos de oposición, encabezados por el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, denuncian que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos han empobrecido a los venezolanos. ¿Con el objetivo de mitigar las causas de la migración, cree que la administración del presidente Joe Biden debería eliminar las sanciones sin esperar que el régimen de Nicolás Maduro ofrezca avances en materia de apertura política y democratización?
La sociedad civil venezolana ha sido muy clara en documentar y expresar que la emergencia humanitaria compleja que hoy sufre un buen número de venezolanos preexiste a las sanciones económicas, impuestas principalmente por el gobierno de Estados Unidos.
Fue antes de las sanciones que se vio un grave deterioro en indicadores de salud y alimentación, y una gran debacle económica que se sigue sufriendo. Ahora bien, no es menos cierto que las sanciones profundizaron una crisis y una emergencia ya existentes. Creo que la administración Biden ha sido bastante clara en el sentido de que si puede ofrecer alivio en cuanto a las sanciones, siempre y cuando el gobierno de Nicolás Maduro también ofrezca algunas garantías, ya sean electorales o en materia de derechos humanos, que puedan ir avanzando hacia un cambio democrático y pacífico en el país.
Es muy difícil que la administración Biden pueda aliviar o levantar las sanciones de forma completamente unilateral, si no ve que el gobierno de Maduro está también dispuesto a dar concesiones importantes a favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
El régimen chavista niega la magnitud del éxodo, señalando que todo se trata de una campaña internacional para desprestigiar y, en última instancia, derrocar a Nicolás Maduro. ¿Cómo influye esta posición en la respuesta que debería ofrecerse a la migración venezolana?
El gobierno de Maduro no solo niega la existencia de una crisis de migración forzada a nivel global. Niega la crisis de derechos humanos, niega la debacle económica o, al menos, sus causas reales, niega que en el país haya presos políticos, niega que esté generando grandes afectaciones en el Arco Minero del Orinoco. La negación del éxodo es una más dentro de su larga lista de negación de la realidad, y creo que en el caso de la migración forzada es imposible ocultar la realidad.
Es muy difícil que se le diga a los alcaldes de Bogotá, Lima o Houston, donde hay un buen número de personas venezolanas viviendo, que la crisis de migración forzada venezolana es mentira. La realidad supera cualquier discurso oficialista de negación. Entonces, no creo que la respuesta se vea afectada por la negación de algo que es imposible de ocultar.
Creo que la respuesta se ve afectada porque efectivamente la cooperación internacional tiene otras prioridades y Ucrania, una guerra muy brutal que lanzó Rusia contra un país que está en Europa, implica que la mirada del mundo haya volteado a atender esa crisis.
Pero, incluso, antes de Ucrania, la respuesta de la comunidad internacional no era tan activa e importante como hubiésemos querido, y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que justamente la mayoría de los venezolanos no está migrando a países europeos, aunque hay un buen número de venezolanos en España. Probablemente muchos países que son importantes en la cooperación internacional no sienten el mismo impacto que pueden tener países como Perú y Colombia, que tienen una gran cantidad de migrantes y refugiados venezolanos.
Existe un discurso político que vende la idea de que los venezolanos en el exterior prácticamente viven con sus maletas hechas, esperando que la situación mejore para regresar de inmediato. ¿Esto es sensato? ¿No sería mejor facilitar que esos migrantes y refugiados logren establecerse en sus países de acogida, contando con todo lo necesario para crecer y desarrollarse sin tener que estar mirando permanentemente hacia atrás?
En algunos países de acogida importantes como Colombia, se hacen estudios sobre cuáles son las necesidades, pero también cuáles son las aspiraciones de las personas migrantes. Algo que han encontrado esos estudios es que existe un alto nivel de lo que se denomina vocación de permanencia; es decir, que muchas personas que han migrado a estos países no sienten que pueden volver a Venezuela y eventualmente van desarrollando su propio proyecto de vida en los países receptores.
Dicho esto, también debe recordarse que en muchos de estos países hay mucha precarización del empleo y, por lo tanto, una persona que tiene un grado técnico o universitario quizá no pueda desarrollarse en el país de acogida y, por lo tanto, sí tiene la idea o la esperanza de volver a Venezuela, donde podría ejercer su carrera o aplicar sus habilidades.
Pero también hay una comprensión de la diáspora de que el país sigue sufriendo una grave crisis económica y sigue siendo un país donde no hay garantías democráticas, entonces, eso impide que el retorno se pueda considerar como una opción viable, al menos para la gran mayoría.
Obviamente, siempre habrá casos de personas y familias que deciden que es mejor volver al país por diferentes razones, pero en general hay muy pocas cifras bien documentadas de retorno y ese es un gran problema que tenemos. El gobierno venezolano a veces habla de forma rimbombante de que muchos están volviendo, pero cuando uno intenta buscar las estadísticas, son bastante pobres. Es muy difícil hacer estudios o análisis comparativos, pero de la poca información disponible lo que se ve es que si uno compara el número de personas fuera y el posible número de personas que han retornado, el número de retorno es tremendamente marginal comparado con el inmenso número de personas que están fuera.
Si bien toda persona probablemente debería poder tener el derecho a aspirar a retornar a su país de origen, en el caso venezolano esto se hace bastante inviable porque los factores de expulsión que obligaron a una persona o una familia a dejar su comunidad de origen, siguen existiendo.
