Durante décadas, Colombia ha presenciado niveles dolorosamente altos de violencia antisindical. En 2012, el año más reciente para el cual existen datos, Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. A pesar de la violencia laboral y la falta de protección laboral, Colombia y Estados Unidos aprobaron un acuerdo de libre comercio (TLC). Para calmar las preocupaciones del Congreso de EE.UU., los presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos crearon el Plan de Acción Laboral (PAL) el 7 de abril de 2011. Dos años después, vemos cambios institucionales y normativos, tales como la creación de la Ministerio del Trabajo y la contratación de inspectores de trabajo, pero pocos resultados que garanticen a los trabajadores derecho de asociación y contratos directos en sectores prioritarios (aceite de palma , azúcar, minas, puertos y flores) como lo exige el PAL. Asesinatos a sindicalistas han disminuido, pero nuevos sindicalistas siguen siendo asesinados y la seguridad sigue siendo una preocupación importante. La falta de justicia en estos casos sigue siendo la norma.
- Dos años después de que los EE.UU. y Colombia prometieron avances positivos en el sector laboral de Colombia, son pocos los cambios: De acuerdo con la Escuela de Nacional Sindical (ENS), al menos 20 sindicalistas fueron asesinados en 2012, y al menos 431 fueron amenazados.
- La amenaza de muerte que circuló el 1 de abril de 2013 fue la 991 en ser recibida por el movimiento obrero desde que el presidente Juan Manuel Santos asumió el poder en junio de 2011.
- Sólo cuatro por ciento de los trabajadores en Colombia pertenecen a un sindicato, en gran parte debido a la violencia y el miedo a las represalias de los empleadores.
- A pesar de los requisitos por parte de la PAL para finalizar el proceso de tercerización, el empleo continúa a través de las cooperativas con nombres nuevos, como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Las represalias contra los trabajadores que intentan sindicalizarse sigue rampante y despidos masivos son comunes.
- Más del 90 por ciento de los casos de violencia contra los sindicalistas no llegan a una condena.
A pesar del Plan de Acción Laboral, hay flagrante desprecio por las más básica protecciones laborales:
Embleático de la situación de los derechos laborales en el sector azucarero, el primer sindicalista asesinado en 2013 fue un organizador sindical de SINTRAINAGRO, de la fábrica de azúcar de Las Cabanas. La planta-como muchos en este sector- dispara con regularidad a los trabajadores miembros de sindicatos. Las Cabañas ha ignorado las peticiones de empleo directo a todos sus 2.500 trabajadores requerido para la ejecución de la PAL. Antes del asesinato, la empresa había despedido a todo el Consejo de Administración del sindicato, y había obligado a cientos más a salir por temor a represalias. Según el Representante Comercial de EE.UU., gran parte de este azúcar es va a los EE.UU. debido al TLC. En el sector portuario, la subcontratación no ha disminuido, más del 80 por ciento de los trabajadores no tienen un contrato directo con sus empleadores. Mientras que la actividad comercial es cada vez mayor en la ciudad portuaria de Buenaventura, afro-colombianos, que son la mayoría, enfrentan actos graves de violencia, de desplazamiento, y viven en la pobreza extrema en medio del alto nivel de criminalidad. El sector petrolero enfrenta importantes obstáculos a la contratación directa y el respeto a la organización sindical. De acuerdo con la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de la industria petrolera de Colombia, la subcontratación es de aproximadamente 80 por ciento, ya que las empresas recurren a contratistas terceros para evadir las leyes laborales nacionales e internacionales. Intimidaciones contra dirigentes sindicales son comunes, especialmente en la región del Meta. En noviembre de 2012, las fuerzas estatales y privadas de seguridad negaron a los representantes sindicales y un senador colombiano acceso al campo petrolero de Campo Rubiales donde trabajan más de 10.000 trabajadores.
Si bien el Plan de Acción Laboral es un cambio positivo hacia la protección de los derechos laborales en Colombia, aún no se ha convertido en una realidad. Leyes laborales deben traducirse en acciones decisivas. Esto requiere que Colombia aumente su voluntad política de investigar y procesar violaciones de trabajo, especialmente cuando se enfrenta a intereses económicos importantes. Los Estados Unidos deben instar a Colombia a aplicar plenamente su legislación laboral, garantizar que los inspectores del trabajo estén haciendo su trabajo, reducir la impunidad y que la protecciones para la organización laboral incremente. En el segundo aniversario del Plan de Acción Laboral, los Estados Unidos debe exigir a Colombia proporcionar cambios tangibles.
Foto: Trabajadores petroleros en Meta, Colombia. Foto del Senador Alexander López Maya.
