La Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA por su sigla en inglés) condena las continuas amenazas contra el Grupo de la Sociedad Civil de Honduras (GSC) y exige que el gobierno hondureño garantice una investigación profunda y la seguridad de los empleados del GSC.
Las amenazas de muerte y hostilidades en contra del GSC iniciaron el verano pasado cuando el director Héctor Soto recibió una llamada telefónica en donde amenazaron con matarlo. Dichas amenazas se han repetido en contra del señor Soto, la última siendo el 13 de enero, puesto que él continúa promoviendo la estabilidad económica, la reducción de la pobreza y la democracia en Honduras. Junto con las amenazas por medio de llamadas telefónicas o mensajes de texto, las oficinas del GSC también han estado vigiladas por personas desconocidas (algunos con uniformes de policía) y los empleados han sido fotografiados al llegar y salir de la oficina. La última amenaza fue recibida por un colega de trabajo del señor Soto el sábado pasado, el 5 de febrero. La persona que llamaba le advirtió al colega del señor Soto que cesara las actividades de trabajo si quería seguir vivo hasta su próximo cumpleaños.
WOLA está altamente preocupada por la seguridad física del señor Soto y los empleados del GSC. La negligencia por parte del gobierno de Honduras en cuanto a la investigación de este y otros casos de derechos humanos es inaceptable. Desde que los ataques en contra del GSC empezaron, WOLA ha contactado tanto a oficiales de derechos humanos del Gobierno de Honduras, como a la embajada estadounidense en Tegucigalpa y al Departamento de Estado pidiendo que se realicen investigaciones acerca de las amenazas y que se proteja las vidas de los empleados del GSC. De igual forma, el señor Soto ha presentado el caso del GSC ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. A pesar de dichas acciones colectivas, no ha habido un avance real en cuanto a la investigación y las amenazas continúan.
La reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), que posiblemente se decide en junio del presente año, dependerá en parte en la habilidad del gobierno de demostrar progreso en las investigaciones y sentencias en cuanto a los asesinatos y las violaciones de derechos humanos que han ocurrido desde el golpe de estado de 2009. “Tristemente, el caso de Héctor no es atípico,” dice Vicki Gass, asesora principal de WOLA. “Las investigaciones han sido bastante débiles y los perpetradores saben que pueden actuar con impunidad; el gobierno puede cambiar este escenario si investiga de manera activa y persigue a los responsables de dichos crímenes.” En diciembre, Human Rights Watch reportó 47 casos de amenazas y ataques en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activista políticos, incluyendo 18 asesinatos, desde que el presidente Lobo tomo posesión en enero de 2010. La inhabilidad del gobierno de Honduras para avanzar en estos casos va en contra de los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos, y su incapacidad para demostrar algún avance podría impedir su reintegración a la OEA.
