Es difícil encontrar un país, provincia o ciudad en el mundo donde la tasa de homicidios se haya multiplicado por seis en apenas tres años. Eso es lo que ha ocurrido en Ecuador, donde más de 46 de cada 100.000 habitantes murieron de forma violenta en 2023, comparado con 7,7 de cada 100.000 en 2020.
En agosto de 2023, sicarios asesinaron a Fernardo Villaviciencio, el candidato presidencial conocido por su agenda anticorrupción. El 9 de enero de 2024, grupos criminales llevaron a cabo una serie de ataques armados coordinados, incluida la toma de un noticiero de televisión en Guayaquil, al tiempo que un jefe criminal huía de la cárcel.
Ese día, el nuevo presidente Daniel Noboa , declaró un estado de “conflicto armado interno” contra 22 organizaciones criminales y bandas activas en el país. Noboa designó a estos grupos como terroristas y actores no estatales beligerantes, decretó toques de queda, limitó las libertades civiles y envió al ejército a las calles.
Mientras lleva a cabo su “Plan Fénix”, Noboa lo ha comparado al “Plan Control Territorial” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien declaró el estado de emergencia para combatir a las pandillas en marzo de 2022. La campaña de Bukele de detenciones masivas y construcción de prisiones ha venido acompañada de miles de denuncias de abusos de derechos humanos y un grave deterioro de los contrapesos democráticos.
Es evidente que las temidas redes de pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 —que, al igual que las organizaciones criminales ecuatorianas, han construido sus fortalezas dentro de las cárceles del país— han sido diezmadas. Según datos del gobierno, la represión de Bukele ha llevado los índices de homicidios y delitos violentos de El Salvador a niveles similares a los de Estados Unidos, lo que ha impulsado la popularidad significativa del presidente, así como su reelección arrolladora —y constitucionalmente dudosa— del 4 de febrero.
“Ya hemos terminado las conversaciones con los grupos internacionales que construyeron las cárceles en El Salvador”, anunció el presidente Noboa en enero. Pero, ¿tiene sentido aplicar el “modelo Bukele” a la crisis de seguridad pública de Ecuador?
Las próximas cifras explican por qué Ecuador no debería reproducir el modelo de encarcelamiento masivo de El Salvador. Si Noboa emula lo que El Salvador ha hecho en los últimos dos años, el costo humano y financiero sería enorme, y los resultados en términos de seguridad pública serían, en el mejor de los casos, mediocres.
Desde la declaración de emergencia de marzo de 2022, las fuerzas de seguridad del gobierno de Bukele han detenido y encarcelado a más de 77.000 personas de quienes sospechan tendrían vínculos con bandas criminales —de las cuales unas 7.000 han sido dejadas en libertad—.
Esas detenciones elevaron la tasa de encarcelamiento de El Salvador a 1.700 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes: 1,7 por ciento de la población, más de 105.000 personas o 1 de cada 60 residentes en El Salvador. Esta es la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
Con esas proporciones, Estados Unidos tendría una población encarcelada de 5,4 millones. Es decir, el triple de la cifra actual (que ya es una cifra elevada a nivel global) de personas en cárceles y prisiones estadounidenses.
En diciembre de 2023, la población total de las 36 prisiones de Ecuador era de 30.804 personas, menos del 0,2 por ciento de su población. Si Ecuador incrementa la represión para emular la tasa de encarcelamiento del 1,6 por ciento de El Salvador, la población carcelaria de Ecuador se multiplicaría por más de nueve, hasta alcanzar 288.000 personas reclusas. Eso equivaldría a encarcelar a toda la población de una ciudad ecuatoriana mediana, como Manta.
Ecuador tiene un largo camino por recorrer para alcanzar ese nivel, aunque su gobierno informó de la detención de 6.341 personas en el primer mes después de la violencia del 9 de enero. Si Ecuador mantiene ese ritmo, con pocas liberaciones, su tasa de encarcelamiento se emparejaría con la de El Salvador en 40 meses.
En las cárceles de Ecuador ya se está produciendo un trágico fenómeno conocido en El Salvador: familiares de personas atrapadas en oleadas de detenciones se reúnen ante las puertas de las prisiones, exigiendo que se respeten los derechos de sus seres queridos.
Una de las razones por las que el “Plan Control Territorial” de Bukele ha logrado hasta ahora controlar el territorio es que El Salvador tiene muy poco, y la población está bastante urbanizada. En la clasificación de todos los Estados miembros de la ONU por superficie terrestre, El Salvador se encuentra firmemente en el cuarto inferior (149º de 193). Cerca del 74 por ciento de la población vive en ciudades y pueblos.
Eso facilita el control territorial: las pandillas tienen poco espacio para dispersarse y evadir a las fuerzas de seguridad. Los países más grandes tal vez no podrían lograr el control territorial tan rápidamente.
Aunque el tamaño geográfico de Ecuador es más bajo que el tamaño promedio de las Américas, sigue siendo mucho más grande que El Salvador, lo que haría más difícil una estrategia de seguridad de mano dura.
El Salvador podría caber dentro de Ecuador más de 13 veces. Ecuador se encuentra en la mitad superior de los Estados miembros de la ONU por superficie (76 de 193) y el 62 por ciento de su población es urbana, 12 puntos porcentuales menos que la de El Salvador.
Las estructuras de las violentas pandillas de El Salvador forman parte principalmente de dos redes, MS-13 y Barrio 18. No tienen jerarquías rígidas y se han organizado en células semiautónomas o clicas. No obstante, antes de la ofensiva de Bukele, sus líderes —muchos de ellos en prisiones dominadas por las bandas— sí ejercían cierto grado de mando y control sobre sus miembros.
Fue evidente al ver la capacidad de los líderes para ordenar fuertes reducciones de homicidios durante “treguas” anteriores con el gobierno, aunque continuaran las extorsiones. Entre estas treguas se encontraba un pacto durante los primeros años del gobierno de Bukele, que incluía incentivos económicos y protección frente a la extradición estadounidense de algunos líderes de las pandillas.
Las redes delictivas de Ecuador son más desorganizadas y caóticas. El Decreto 111 del 9 de enero del presidente Noboa,, menciona a 22 grupos de crimen organizado activos en el país. Noboa declaró en una entrevista que el número total de integrantes de estos grupos sería de unas 40.000 personas (similar a la capacidad de las fuerzas armadas del país).
La mayoría de estos 22 grupos son desconocidos fuera de Ecuador, y algunos son poco conocidos incluso dentro , más allá de las zonas donde operan.[1] Algunos se han desprendido de otros grupos, mostrando la debilidad de su mando y control; un ejemplo clave son los poderosos Lobos, uno de los pocos grupos que han surgido del grupo anteriormente poderoso (pero actualmente en declive) los Choneros. A medida que las alianzas se forman y disuelven, y que los grupos criminales mexicanos y de otros países forman y rompen lazos, la cantidad y los nombres de los grupos criminales ecuatorianos se hacen más difíciles de rastrear.
La debilidad del mando y el control podría hacer parecer que los 40.000 criminales esparcidos por el país sean más fáciles de enfrentar. Pero como demuestran décadas de experiencia en Colombia, México y otros lugares, en realidad es más difícil combatir a grupos criminales amorfos, dispersos, y fácilmente fragmentables que a una insurgencia consolidada.
La captura de líderes de alto nivel rara vez se traducen en ganancias estratégicas importantes. Las estructuras desmanteladas se sustituyen rápidamente y las perturbaciones pueden causar un aumento de la violencia. Los grupos más pequeños suelen preferir corromper al Estado que enfrentarlo, debilitando a las fuerzas de seguridad y los sistemas judiciales internamente.
Para poder corromper al Estado es necesario disponer de los recursos necesarios. Y los grupos criminales de Ecuador disponen de fuentes de riqueza mucho más vastas que los de El Salvador.
Durante décadas, incluyendo los años en que Ecuador se consideraba pacífico, un río de cocaína ha fluido a través del país desde Colombia hasta los puertos del Pacífico. Por este motivo, el ejército estadounidense intentó usar aviones de detección que salían de una instalación en Manta a finales de los años noventa y en la década de 2000. Solo Colombia incauta más cocaína al año que Ecuador (177 toneladas en los 11 primeros meses de 2022), y en enero soldados ecuatorianos incautaron una cifra récord de 22 toneladas en una sola instancia en la provincia de Los Ríos.
La reciente inestabilidad del panorama del crimen organizado en Ecuador ha convertido este flujo de cocaína en la razón principal por el incremento abrupto de la violencia: los grupos compiten por beneficios y los utilizan para aumentar su capacidad letal. “El narcotráfico está controlado en gran medida por grupos mafiosos y cárteles mexicanos, colombianos y albaneses que se asocian con bandas locales”, dice el estudio del Índice Global de Crimen Organizado de 2023 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
Este mapa del Departamento de Defensa de Estados Unidos de 2016 muestra una sorprendente densidad de naves marítimas sospechosas de transportar drogas desde la costa Pacífico ecuatoriana, durante un año en el que los índices de delitos violentos de Ecuador se encontraban entre los más bajos de América Latina. Foto tomada por el autor en una audiencia en el Senado de Estados Unidos en septiembre de 2017.
Este mapa del Departamento de Defensa de Estados Unidos de 2016 muestra una sorprendente densidad de naves marítimas sospechosas de transportar drogas desde la costa Pacífico ecuatoriana, durante un año en el que los índices de delitos violentos de Ecuador se encontraban entre los más bajos de América Latina. Foto tomada por el autor en una audiencia en el Senado de Estados Unidos en septiembre de 2017.
La prohibición mundial de las drogas significa que, mientras los mercados de cocaína se expanden en Europa y otros lugares, una industria ilícita ya lucrativa parece estar llegando a ser aún más lucrativa. El presidente Noboa declaró en una entrevista en enero que las sustancias ilícitas que transitan por el país cada año tienen un valor de unos US$60.000 millones, el tamaño de la deuda nacional del país.
Los grupos delictivos ecuatorianos solo se quedan con una pequeña parte de eso, ya que el traslado más lucrativo a otros países suele estar controlado por redes de crimen organizado mexicanas o de otras naciones. Aun así, incluso unos pocos mil millones de dólares son un flujo de ingreso ilícito gigante para los grupos criminales ecuatorianos, que les permite comprar armas, reclutar miembros y penetrar las instituciones gubernamentales y la economía lícita.
En comparación, los adversarios de Nayib Bukele en El Salvador, aunque hiperviolentos, se las arreglan con mucho menos. Un estudio realizado en 2016 por New York Times y El Faro concluyó que las maras de El Salvador “no pertenecen ni por asomo a la misma liga financiera que los sindicatos multimillonarios mexicanos, japoneses y rusos con los que se agrupan. Si son mafias, son mafias de pobres“. El estudio estimó que los ingresos anuales del mayor grupo, MS-13, eran de unos US$31,2 millones.
Esta es una razón clave por la que las maras de El Salvador optaron por recaudar fondos extorsionando y victimizando a los residentes de sus propios barrios pobres, aunque hacerlo los hizo ser muy odiados. Aunque dominan la venta local de drogas, las pandillas salvadoreñas rara vez han intervenido en el mucho más lucrativo traslado internacional de drogas, aunque hicieron algunas incursiones en los años inmediatamente anteriores a la ofensiva de Bukele, informó Insight Crime.
Emular las tácticas de mano dura de El Salvador podría resultar frustrante si se hacen en contra de los grupos de narcotraficantes más ricos de Ecuador. Estarán mejor armados, tendrán mayor capacidad de reclutamiento, y podrán corromper más al Estado.
La capacidad de corromper es crucial. Con una combinación de recursos financieros y amenazas selectivas, los delincuentes de Ecuador pueden hacer que muchas instituciones gubernamentales y unidades de las fuerzas de seguridad sean ineficaces contra ellos. Una campaña judicial de diciembre de 2023 contra unas pocas docenas de funcionarios y funcionarias vinculadas con el crimen organizado, la “Operación Metástasis”, expuso la profundidad del problema y probablemente contribuyó a provocar la ola de violencia del mes siguiente.
Solo con el uso de la fuerza, al estilo de Bukele, sería muy difícil privar a los grupos criminales ecuatorianos de sus riquezas. El río de cocaína que atraviesa el país no puede ser represado. La interdicción de la droga por tierra es inmensamente difícil, incluso para las fuerzas de seguridad estadounidenses bien dotadas en la frontera con México. Además, Ecuador comparte aproximadamente 2.000 kilómetros de frontera con los dos mayores productores de cocaína del mundo.
Las fronteras de El Salvador con los mayores productores de cocaína del mundo, mientras tanto, suman cero millas. Y todo el producto, salvo un pequeño goteo, esquiva El Salvador en camino a Estados Unidos: el país está geográficamente adyacente a la ruta de tráfico hacia Estados Unidos, pero no en medio de esta. Los traficantes han empezado a sembrar coca en Guatemala y Honduras, países vecinos de El Salvador, pero el cultivo total es de unas 1.000 hectáreas por país, mientras que Colombia y Perú suman más de 300.000 hectáreas.
Su situación geográfica y la relativa debilidad de los controles portuarios han convertido a Ecuador en un centro de transbordo hacia Europa de grandes cantidades de cocaína oculta en contenedores. Una cuarta parte de la cocaína incautada por las autoridades aduaneras europeas viene de Ecuador, una proporción más grande que la de cualquier otro país, según el Informe Mundial sobre la Cocaína 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD)..
Todo esto simplemente no es un tema en El Salvador, donde las pandillas carecen de acceso a este tipo de fuente de ingresos, y el papel de los actores ilícitos extranjeros es mucho menor. El Índice Global del Crimen Organizado 2023 otorgó a Ecuador una puntuación de 8,0 en su medición de la fuerza de los “actores extranjeros”. La puntuación de “actores extranjeros” de El Salvador fue de sólo 4,5.
Mientras el presidente Noboa pide ayuda internacional para llevar a cabo lo que él ha decretado como un “conflicto armado interno” contra los grupos criminales, la administración Biden no ha tardado en responder. Una delegación de alto nivel visitó Quito la semana del 22 de enero, y el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado visitó a principios de febrero.
La comandante del Comando Sur, General Laura Richardson, prometió un paquete de ayuda militar y policial de US$93 milloneS. (Si esto representa ayuda para un año, convertiría a Ecuador en el segundo receptor americano de ayuda militar y policial estadounidense, después de Colombia y luego México). La asistencia sigue lo que la general Richardson llamó una “hoja de ruta de asistencia a la seguridad” de cinco años.
Otras ayudas mencionadas en documentos del gobierno estadounidense e informes de los medios de comunicación son:
El presidente Noboa dijo que “Estados Unidos está dispuesto a intercambiar equipo “chatarra” ruso y ucraniano por US$200 millones de equipo y armamento nuevo”. Esto enfureció a Rusia, y parece que este intercambio no seguirá adelante.
Estados Unidos no ha prestado una ayuda tan generosa al Plan de Control Territorial de El Salvador, en parte debido a la preocupación por los derechos humanos. Sin embargo, los departamentos de Estado, Defensa y Seguridad Nacional mantienen contacto con las fuerzas de seguridad del país sobre una serie de cuestiones, incluidas algunas relaciones de larga data con unidades antipandillas.
Mientras aumenta el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Noboa y a sus fuerzas de seguridad, aún no está claro si estará respaldando una estrategia que dé más seguridad a la ciudadanía ecuatoriana y libere a las instituciones de Ecuador de la influencia de las organizaciones criminales.
Dicha estrategia no debería centrar los recursos en la interdicción de la cocaína y las operaciones contra los “capos”, que rara vez mejoran la calidad de la presencia del Estado en las zonas sin gobierno o desalientan la corrupción de la que se nutre el crimen organizado.
Los resultados de la estrategia también serán decepcionantes si se lleva a cabo como un “conflicto armado interno”, como si Ecuador estuviera luchando contra una insurgencia consolidada que busca tomar el poder y luchar contra el gobierno, en lugar de enriquecerse. Los grupos criminales de Ecuador no son insurgencias políticas, y la forma de enfrentarlos es radicalmente distinta.
Al contrario, la ayuda y la diplomacia estadounidenses deberían apoyar y respaldar a los reformistas que tratan de limpiar el Estado de la corrupción vinculada al crimen organizado, y desmantelar las organizaciones criminales mediante un trabajo profesional de investigación y justicia. La fiscal general Diana Salazar, quien lanzó la operación “Metástasis” en diciembre, parece ser una de esas funcionarias.
La ayuda estadounidense debe identificar a otros reformistas, investigadores y opositores a la corrupción en todas las ramas relevantes del gobierno, y también en espacios clave no gubernamentales como la prensa libre y la sociedad civil.
Como demostró el asesinato de Villavicencio y el del fiscal que investigaba la redada del canal de televisión el 9 de enero, se trata de un trabajo extremadamente peligroso: “Defender” a estos reformistas significa no sólo darles los recursos que necesitan, sino ayudar a mantenerlos con vida. También significa utilizar la diplomacia y la presión para mantener a estos reformistas a salvo de la “guerra legal” cometida por aliados del crimen organizado en otros lugares del sistema judicial, como ha ocurrido en Guatemala.
Una estrategia al estilo de Bukele o un “conflicto armado interno” suena fuerte y convincente, especialmente ahora que Noboa termina su mandato abreviado y se dirige hacia otra campaña electoral. Pero las cifras aquí expuestas muestran lo desalentadora y frustrante que podría ser esta estrategia.
