Comunicado de WOLA
En la madrugada del domingo del 23 de septiembre, Antonio Trejo Cabrera—un abogado quien defendía los derechos agrarios de campesinos en la región del Bajo Aguán en Honduras—recibió cinco disparos frente a una iglesia donde asistía a una boda, y murió posteriormente en un hospital. WOLA condena firmemente el asesinato de este respetado defensor de los derechos humanos en Honduras. En el contexto del conflicto de tierras entre los grandes terratenientes y las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, Trejo trabajó como representante legal del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), un grupo que ha luchado durante años para obtener el reconocimiento legal de sus derechos territoriales. Con frecuencia denunció ataques contra estas comunidades y la ausencia de justicia en estos casos. Aunque el gobierno haya reconocido formalmente el derecho legal de las comunidades a gran parte de sus tierras, las comunidades siguen sufriendo ataques políticos y físicos de las fuerzas de seguridad privada vinculadas a los grandes terratenientes, así como de las fuerzas de seguridad pública.
El asesinato de Trejo se produjo justo un mes antes de que estuviera programado para testificar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, sobre el conflicto de tierras en el Bajo Aguán. A pesar de las afirmaciones del gobierno hondureño de que el conflicto de tierras en el Bajo Aguán terminó en el 2011 y que la violencia en la región desde entonces se ha debido a grupos criminales locales que buscan el control sobre las tierras rentables, los continuos ataques contra aquellos que tratan de defender los derechos legales, políticos y humanos de las comunidades rurales sugieren que el conflicto por la tierra está lejos de ser resuelto y que el gobierno hondureño no ha hecho los esfuerzos necesarios para abordar el problema de una manera que asegure la justicia y el respeto de los derechos humanos.
Ha habido más de 50 asesinatos de los miembros de la comunidad y defensores de los derechos humanos asociados con el conflicto de tierras en la región del Bajo Aguán desde que el presidente Manuel Zelaya fue forzado a dejar la presidencia el 28 de junio del 2009. Esto incluye el asesinato en el 2011 del líder de MARCA, Secundino Ruiz Vallecillo, y en el 2012 el asesinato de José Braulio Díaz López, secretario de la Empresa Asociativa Campesina de El Tranvio y miembro del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Ninguno de estos casos ha sido resuelto. La inhabilidad de la policía de llevar a cabo una investigación efectiva, y la falta de una presencia efectiva de policía respetuosa de los derechos, han dado a violadores de derechos humanos un pase libre. Aun cuando la policía hace detenciones, el profundamente defectuoso sistema judicial de Honduras repetidamente permite que los acusados de delitos relacionados con los derechos humanos eviten el castigo por sus acciones. Por lo tanto, los delitos como el asesinato de Antonio Trejo continúan.
El gobierno de Honduras debe investigar el asesinato de Antonio Trejo—así como los muchos otros asesinatos impunes de los defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil en Honduras, como Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, Fiscal Especial de Derechos Humanos en Choluteca que fue asesinado el 24 de septiembre de 2012—y asegurar que los autores materiales e intelectuales de estos delitos y violaciones a los derechos humanos sean llevados ante la justicia. El gobierno hondureño tiene que demonstrar que posee la voluntad política de investigar y procesar el caso para demostrar que está comprometido a poner fin a los ataques en contra de defensores de derechos humanos.
Contacto:
Joe Bateman
Oficial de Programas
jbateman@wola.org
(202) 797-2171
