El 2 de octubre del 2012, WOLA hizo un llamado a las oficiales mexicanos, tanto al nivel nacional como estatal, a que garantizan la seguridad física de Israel Arzate Meléndez, un residente de Ciudad Juárez quién actualmente se encuentra en arraigo domiciliario.
En febrero del 2010, el Sr. Arzate fue detenido arbitrariamente, incomunicado y torturado con el fin de que se inculpara de haber participado en la masacre de quince jóvenes en Villas de Salvárcar, Chihuahua (el caso del Sr. Arzate fue destacado en el informe de WOLA Abuso y miedo en Ciudad Juárez, publicado en el 2010, y desde entonces WOLA ha seguido muy de cerca el caso). A pesar de que el uso de testimonio obtenido a través de la tortura sea prohibido en México, la jueza validó su confesión y rechazó sus alegaciones de tortura como mentiras. Más tarde, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) le examinó al Sr. Arzate y determinó que fue torturado. Investigaciones adicionales están pendientes.
Gracias a un amparo concedido la semana pasada por un Juez de Distrito, el Sr. Arzate fue transferido de la cárcel a su casa el 26 de septiembre del 2012. Sin embargo, desde entonces, declaraciones de Eduardo Guerrero Durán, el Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, han señalado que la vida del Sr. Arzate corre riesgo debido a un antecedente de amenaza para atentar contra su vida y que “pese a los 20 agentes que lo resguardan existe un muy alto riesgo de ser asesinado”.
El riesgo que corre el Sr. Arzate es parcialmente debido a la falta de cooperación por parte de la Fiscalía y el Juez de Garantía. El Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales requiere que se hace adecuaciones de infraestructura a la casa del Sr. Arzate para asegurar su seguridad. Sin embargo, a pesar de que su defensa haya entregado una solicitud formal, tanto la Fiscalía como el Juez de Garantía se han negado a entregar copia del acta de entrega en la que se establecieron las adecuaciones de la casa, y no han autorizado la entrada de personal, materiales o herramientas para realizar las obras. En este sentido, la responsabilidad de haber mantenido el riesgo es imputable a las autoridades quienes, hasta el 1 de octubre, no han cooperado con su abogado de defensa.
Es fundamental que se tomen medidas para asegurar la seguridad del Sr. Arzate. WOLA, junto con miembros de la sociedad civil mexicana, hace un llamado al gobierno mexicano—tanto al nivel nacional como estatal—a que garanticen la seguridad del Sr. Arzate en un marco de pleno respeto a los estándares de derechos humanos y de las disposiciones legales.
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