Washington, DC— El 3 de mayo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, presentó oficialmente a los funcionarios electorales los planes para crear una Asamblea Nacional Constituyente, que tendría la autoridad para reescribir la Constitución venezolana de 1999. Como una organización de investigación e incidencia que ha seguido de cerca la crisis política y económica de Venezuela, WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) está profundamente preocupada por la iniciativa.
Después de suspender indefinidamente el proceso del referendo revocatorio el año pasado, y sin calendario oficial para las elecciones aplazadas de los gobernadores de los estados y de alcalde pendientes, el anuncio de esta Asamblea Constituyente es una iniciativa inadecuada, en un momento inapropriado.
“Que no haya duda, el gobierno de Maduro está convocando una asamblea constituyente como una manera de evitar la celebración de elecciones que sabe que perderá,” dijo David Smilde, Asesor Principal de WOLA. “La forma en que se ha llamado viola los derechos constitucionales de los venezolanos, y la estructura que se propone podría desempoderar el pueblo por muchos años.”
Maduro ha afirmado que este esfuerzo resolverá la actual crisis política del país. Pero el mecanismo propuesto para hacerlo está profundamente deficiente. El líder venezolano ha sugerido que aproximadamente la mitad de los delegados a esta asamblea serían seleccionados de “la base de la clase obrera”, que algunos han interpretado como un eufemismo para las organizaciones en apoyo del gobierno impopular. Juristas venezolanos también han planteado dudas serias de que la Constitución de 1999 confiere al presidente la autoridad de convocar tal proceso sin primero someterlo a un referéndum.
A nivel internacional, el interés está creciendo en el trabajo diplomático multilateral para ayudar a los venezolanos a resolver la creciente crisis en su país. En organizaciones como el Mercosur y la Organización de los Estados Americanos (OEA), esfuerzos regionales para promover resoluciones pacíficas y democráticas de la crisis de Venezuela están avanzando.
“El problema que enfrenta Venezuela no es su Constitución de 1999, sino la evidente voluntad del gobierno de Maduro de violar e incluso subvertir esa constitución para evitar someterse al voluntad del electorado,” dijo John Walsh, Coordinador Principal para el Programa de los Andes. “El único camino viable es el establecimiento de un calendario electoral claro y una negociación comprometida con los miembros de la oposición. La comunidad internacional lo ha reconocido, y es hora de que el gobierno de Venezuela también lo haga.”
A medida que la crisis venezolana se profundiza, WOLA insta al gobierno venezolano a prestar atención a estos llamados internacionales para el establecimiento de un calendario claro para las próximas elecciones presidenciales, y las elecciones regionales retrasadas.
Hacemos un llamado al gobierno venezolano que desista de cualquier iniciativa para una Asamblea Constituyente hasta que se lleve a cabo las elecciones regionales y presidenciales. Si después de ese momento se procede con esta iniciativa, debe seguir mecanismos especificados en la constitución y darle al pueblo pleno derecho a rechazar o aprobar la iniciativa antes de que pueda avanzar. Sólo el pueblo venezolano tiene autoridad para aprobar una nueva asamblea constituyente.
WOLA pide a la comunidad internacional que no se distraiga o se disuada con la iniciativa del gobierno de Maduro, sino que siga insistiendo en un calendario claro para las elecciones.
Sobre la Constitucionalidad y Plazo de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela
La iniciativa formulada en el Decreto 2830 es inconstitucional y antidemocrática en dos maneras. En primer lugar, se combina dos pasos distintos: iniciar la convocatoria para tal asamblea y convocarla en actualidad. De acuerdo con el artículo 348 de la Constitución de 1999, el Presidente tiene derecho a iniciar una llamada para una Asamblea Constituyente. Sin embargo, el artículo 347 dice que es el pueblo que tiene el derecho exclusivo de convocar una Asamblea Constituyente. Esto presumiblemente tendría lugar a través de un referéndum, como se hizo en abril de 1999. Sólo después de que una Asamblea Constituyente sea convocada por el electorado en su conjunto, podría haber un voto sobre quién estaría empoderado para escribir la nueva Constitución. El Decreto 2830 efectivamente combina el poder del pueblo de convocar una Asamblea Constituyente con el derecho del presidente a iniciar este proceso y sólo permite que el pueblo elija quiénes serán sus representantes en el proceso. Dicho de otra manera, tal como está formulado en este momento, el pueblo no está empoderado para decir si quieren o no quieren reescribir la Constitución, sólo puede establecer quiénes quieren hacerlo.
En segundo lugar, mientras la iniciativa sugiere que los participantes en la Asamblea Constituyente serán seleccionados por votación universal, directa y secreta, viola esto al sugerir que este voto ocurrirá dentro de los “ámbitos sectoriales”. Esto daría a los autoridades constituidos en este momento, por ejemplo el poder ejecutivo, poderes injustos para estructurar el voto para priorizar sus asuntos y favorecer a sus seguidores. Esta no es una manera apropiada de escribir un documento que establece las reglas básicas del gobierno y los derechos de todos los ciudadanos.
WOLA también está preocupada por la temporalidad de esta iniciativa. Las Asambleas Constituyentes se llevan a cabo de mejor manera en un ambiente de consenso significativo, generalmente después de un proceso electoral que confiere una legitimidad nueva a las autoridades electas. En el contexto actual, sin embargo, el gobierno en poder tiene un apoyo público débil y ha pospuesto tanto el referéndum de revocatoria presidencial como las elecciones regionales que habrían tenido lugar en 2016. Esto da la impresión inevitable de que está usando la iniciativa para evitar elecciones en vez de construir sobre ellos. Esto, a su vez, sugiere que una Asamblea Constituyente se utilizaría no para consolidar un momento de consenso, sino para impedir que uno ocurra.
