El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció su decisión de mantener las inhabilitaciones impuestas a la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado y al dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, impidiéndoles ejercer cualquier cargo público durante 15 años. Ni a Machado ni a Capriles se les concedió el derecho a defenderse de las acusaciones formuladas, violando así sus derechos al debido proceso y a la defensa según los estándares internacionales de derechos humanos. Como ha subrayado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las sanciones para inhabilitar candidatos solo deben imponerse mediante una condena por parte de un juez en el marco de un proceso penal.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) está profundamente preocupada por esta decisión. Si bien la confirmación por parte del Tribunal de las inhabilitaciones para que María Corina Machado y Henrique Capriles se presenten a las elecciones no es una sorpresa, estas prohibiciones violan el derecho a la participación política. Las inhabilitaciones también son contrarias al espíritu del Acuerdo de Barbados firmado en octubre de 2023 entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, un grupo de partidos de la oposición, y por lo tanto suponen un importante retroceso para una salida electoral a la crisis de Venezuela, así como para el proceso de negociación en general.
A pesar de estos retrocesos, WOLA anima a las partes a mantener el diálogo y la participación en estas negociaciones, ya que todavía ofrecen el mejor camino para revertir el autoritarismo en Venezuela y reinstitucionalizar su democracia.
En el Acuerdo Parcial para la Promoción de los Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, también conocido como Acuerdo de Barbados, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, acordaron “reconocer y respetar el derecho de cada actor político a seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre”, así como la autorización para participar en las elecciones presidenciales a los candidatos que cumplan con los requisitos establecidos. María Corina Machado obtuvo más del 90 por ciento de los votos en las elecciones primarias de la oposición celebradas en octubre de 2023.
Celebramos el compromiso de la opositora Plataforma Unitaria de permanecer en la mesa de negociación e instamos al Gobierno venezolano a cumplir otros aspectos del Acuerdo de Barbados, como fijar una fecha razonable para las elecciones presidenciales de 2024, actualizar el registro electoral a escala nacional e internacional y permitir la observación internacional de las elecciones.
Instamos a otras partes implicadas, como los Estados Unidos, a seguir defendiendo el Acuerdo de Barbados en sus múltiples artículos y animamos a los EE.UU. a hacer un llamado a la comunidad internacional para presionar al gobierno de Maduro a cumplir con sus términos. A medida que la Administración Biden evalúa la política de sanciones de Estados Unidos en respuesta a la inhabilitación de los candidatos de la oposición, instamos a los funcionarios estadounidenses a tener en cuenta los impactos humanitarios de las sanciones y a seguir presionando por una transición pacífica que esté arraigada en valores democráticos.