La independencia de los poderes judiciales en México es fundamental para juzgar casos de corrupción y violaciones a derechos humanos.
Washington, D.C.—El próximo lunes 02 de marzo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá dos controversias constitucionales que pueden afectar de forma directa la estabilidad e independencia judicial en el estado de Chihuahua, México.
En la primera controversia constitucional, los ministros de la Suprema Corte decidirán si la destitución del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (TSJ), Gabriel Sepúlveda Reyes, fue legalmente válida. En la segunda, resolverán sobre la legalidad del proceso de designación del actual Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal. Dado que, en Chihuahua y múltiples estados en México, el Presidente del TSJ es al mismo tiempo, integrante del Consejo de la Judicatura, la decisión de la SCJN sobre estos temas tendrá un impacto importante en la vida institucional del Poder Judicial de Chihuahua y sentará un precedente significativo sobre la independencia de los poderes judiciales en México.
Estos recursos judiciales abren la posibilidad de que se ordene la destitución del actual Consejo de la Judicatura. Por, ello reiteramos que la independencia judicial es una garantía fundamental de un Estado Democrático de Derecho. Las y los ciudadanos tienen derecho a que sus litigios sean resueltos por jueces imparciales, y, por tanto, ajenos a cualquier influencia e interferencia política y de cualquier otra índole. En ese sentido, no sólo es relevante la inamovilidad de los funcionarios judiciales, sino que existan las condiciones y garantías para que desempeñen sus funciones con autonomía e independencia respecto de los poderes políticos y fácticos.
La profesionalización y depuración del Poder Judicial de Chihuahua es lo que está en juego y, con ello, el derecho de las y los ciudadanos a acceder a la justicia. Por ello, exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, a ponderar el bienestar de las y los ciudadanos chihuahuenses y observar los principios relativos a la independencia judicial que constituyen, además, obligaciones para el Estado mexicano.
Organizaciones firmantes:
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Robert F. Kennedy Human Rights (RFK) Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)
