Foto: Ana Lucia Verduzco
Foto: Ana Lucia Verduzco
A nueve años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de las otras graves violaciones de derechos humanos cometidas el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, las familias continúan su lucha por verdad y justicia.
El caso ha sentado precedentes en materia de respuestas institucionales ante un caso de desaparición, desde la asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la creación de una unidad especial de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ).
Sin embargo, el último año también vio la renuncia del primer fiscal especial del caso ante injerencias indebidas desde otros niveles e instancias de la FGR; fuertes cuestionamientos por la publicación por la presidencia de la COVAJ de capturas de pantalla no verificadas de supuestos mensajes telefónicos; y ahora la salida del país del GIEI ante la negativa de las fuerzas armadas de compartir o incluso reconocer la existencia de toda la información que poseen sobre el caso.
Identificamos cuatro áreas de tareas pendientes para avanzar hacia el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición en el caso Ayotzinapa y en la crisis de desapariciones en el país:
En el segundo semestre de 2022, la FGR anunció la obtención de 83 órdenes de aprehensión contra agentes militares, civiles y particulares, sólo para solicitar y obtener la cancelación de 21 de esas órdenes semanas después. A mediados de 2023, ante las exigencias de las familias y del GIEI, se reactivaron la mayoría de las órdenes canceladas y fueron detenidos diversos militares, incluido el general Rafael Hernández Nieto, entonces comandante del 41º Batallón de Infantería. Hernández Nieto actualmente enfrenta su proceso penal desde la prisión domiciliaria, un beneficio que parece deberse a su identidad militar y, por lo tanto, plantea preocupaciones acerca del peso que tiene el poder de las fuerzas armadas en el desarrollo de los procesos penales.
En junio de 2023, también fue detenido el exjefe antisecuestros de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez, quien ha sido vinculado a proceso por su papel en la fabricación de la llamada ‘verdad histórica’ del caso a través de la tortura.
Las detenciones y procesos penales iniciados se suman a los procesos ya en curso contra un gran número de particulares y agentes del Estado, incluidos otros oficiales militares y el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. La litigación de los procesos abiertos será una prueba clave, pues a nueve años de los hechos no existen sentencias condenatorias por estos crímenes.
Por otra parte, sigue prófugo en Israel otra figura clave en el caso, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón, cuya extradición ha sido solicitada por el gobierno mexicano desde finales de 2021.
A finales de julio de 2023, el GIEI anunció su salida del caso, en gran parte debido a que las fuerzas armadas se niegan a entregar toda la información en su poder sobre los hechos.
En su sexto y último informe, el GIEI aporta información sobre los hechos y la participación de autoridades de diversos niveles antes, durante, y después del 26 de septiembre de 2014. Destaca la información analizada acerca de la actuación de las fuerzas armadas, incluyendo la colusión de sectores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con grupos criminales en Iguala, la falta de protección de la SEDENA a los normalistas la noche de los hechos, y el ocultamiento por la SEDENA hasta la fecha de información y materiales sobre el caso y sobre la actuación de sus integrantes.
La SEDENA niega hasta la investigación interna que realizó a partir de los hechos (recabando decenas de testimonios), así como la existencia de su Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala en 2014, a pesar de la documentación de su existencia y actuaciones. Observa el GIEI:
“Los mensajes del CRFI de Iguala de 2014 son múltiples, y algunos de ellos hacen referencia a comunicaciones y mensajes que hablan de posible destino de los normalistas y comunicaciones entre probables perpetradores de los hechos.”
El GIEI también señala un patrón de “actuación de ocultamiento doloso” por personal de la SEDENA durante la investigación:
“Las versiones de los hechos del día 26 y 27 de septiembre de 2014 han ido variando en el tiempo y adecuándose a las revelaciones que se iban haciendo por el GIEI o la UEILCA. Los miembros del ejército entrevistados inicialmente dieron una versión de los hechos que no se correspondía a la verdad de lo sucedido ni a sus movimientos, mostrando una versión colectiva congruente entre sí, pero evitando revelar hechos significativos, a pesar de que, en calidad de testigos, tenían la obligación de decir la verdad. Eso impidió contar con información relevante no solo sobre su real actuación sino sobre qué pasó con los normalistas.”
El informe también examina el papel de la Secretaría de Marina (SEMAR), incluida la detención y tortura en instalaciones navales a personas consideradas posibles perpetradores de los hechos, la muerte de algunas personas detenidas, así como irregularidades y ocultamiento de información sobre el papel de la SEMAR en diligencias realizadas en los días después de las desapariciones que implicaban temas tan clave como la búsqueda y levantamiento de restos humanos. El GIEI resume así las omisiones en la información brindada por la SEMAR durante la investigación:
“[D]e la prueba que se ha obtenido del año 2022 a hoy, podemos decir que la acción que realizó la Marina, es muy diversa a la reconocida en [sus] respuestas. Es decir, la Marina llevó a cabo numerosas acciones que no han sido conocidas ni de las que se ha dado cuenta en la investigación y se llevaron a cabo por orden de la coordinación del Estado Mayor de la Marina.”
Asimismo:
“[Personal de la Marina] cuentan con información sobre los posibles agresores y paraderos de los estudiantes, información que ha sido pedida por el GIEI desde finales de 2022 y reiterada en marzo 2023. La respuesta proporcionada finalmente, el 14 de julio de 2023, refiere que no habría más información en los archivos de SEMAR.”
La información documentada por el GIEI en su último informe complementa datos analizados en informes anteriores sobre los diversos papeles tanto de la SEDENA como de la SEMAR. Además de su relevancia para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, lo señalado por el GIEI constituye una fuente importante de información sobre prácticas de opacidad o violatorias de derechos humanos por parte de las instituciones militares, en un contexto en que el gobierno mexicano está otorgando cada vez más poder y tareas civiles a esas instituciones. Dicho proceso está avanzando sin controles civiles robustos y a pesar de ejemplos como el caso Ayotzinapa y otros que muestran el incumplimiento por las fuerzas militares de instrucciones presidenciales.
En este contexto, preocupan en extremo las revelaciones de los últimos meses en el sentido de que tanto personas defensoras de derechos humanos, representantes legales de las familias de Ayotzinapa, así como el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, presidente de la COVAJ, fueron espiados en 2022 con el malware Pegasus, operado en México por la SEDENA.
En un paso relevante, ante las últimas revelaciones de ocultamiento de información por parte de la SEDENA, las familias de las víctimas promovieron un amparo en agosto de 2023, logrando que un juzgado federal ordenara a la SEDENA no destruir documentos en sus archivos relativos al caso Ayotzinapa. Al mismo tiempo, preocupa que, en respuesta a lo documentado por el GIEI y a las exigencias de las familias de que se entregue toda la información del caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador haya afirmado en días recientes que la SEDENA ya entregó toda la información.
Como se desprende de las actualizaciones anteriores, diversas instituciones todavía no han compartido toda la información relevante que pudiera contribuir a esclarecer no sólo los hechos y responsabilidades del caso Ayotzinapa, sino crucialmente, el destino de los normalistas desaparecidos. Conocer el paradero de los estudiantes es una exigencia fundamental de sus familias. A nueve años, el Estado ha podido identificar restos de tres de las 43 víctimas desaparecidas; el último año no ha traído nuevas identificaciones.
Es esencial que las autoridades correspondientes aporten todos los datos en su poder lo más pronto posible para asegurar que no se estén desperdiciando indicios ni fuentes de información que pudieran facilitar la búsqueda de los estudiantes. Asimismo, es importante que la información en poder de las autoridades se traduzca en búsquedas planeadas y con un uso adecuado de las tecnologías disponibles, con el fin de maximizar la probabilidad de hallazgos relevantes.
El caso Ayotzinapa es una de las caras más conocidas de la crisis de desapariciones en México, que actualmente abarca a aproximadamente 111,000 personas desaparecidas y no localizadas en el país, según cifras oficiales. En la gran mayoría de casos, impera la impunidad.
En materia de búsqueda e identificación, durante el gobierno de López Obrador el Estado mexicano ha impulsado acciones para mejorar la capacidad de identificación forense del país, tales como la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y el fortalecimiento de capacidades regionales, destacando el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) en Coahuila.
Estos esfuerzos han contado con asistencia técnica internacional, así como cooperación internacional por parte de otros países, incluida por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Contrastando con lo anterior, sigue sin operar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), coordinado por la FGR, aunque este finalmente se ha creado ante las exigencias de las familias y tras un amparo promovido por la hermana de una persona desaparecida.
Falta mucho por hacer para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo mejorar la búsqueda en vida y aumentar las capacidades de las comisiones de búsqueda del país. Por otra parte, los colectivos de familias, liderados generalmente por mujeres, siguen realizando búsquedas en campo a lo largo del país, muchas veces en condiciones de precariedad y riesgo. En los últimos años, diversas personas buscadoras han sido asesinadas, incluidas varias en 2022 y 2023.
Finalmente, en los últimos meses López Obrador ha provocado serias preocupaciones entre las familias de personas desaparecidas al anunciar un nuevo “censo” para intentar localizar a personas acudiendo a sus casas o preguntando a sus familiares si han regresado. Además de los riesgos de revictimización que trae cualquier propuesta de tal naturaleza, López Obrador ha dejado en claro que, a su parecer, la cifra de personas desaparecidas durante su mandato es demasiado alta, y que el propósito del censo es bajar ese número, lo cual ha despertado alarma por la posibilidad de que se baje el conteo de personas desaparecidas sin una metodología clara, es decir, sin que existan pruebas confiables de la localización de las personas.
En medio de las tensiones sobre el nuevo censo, la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, presentó su renuncia el mes pasado. Según fuentes anónimas consultadas por medios de comunicación, la renuncia se produjo ante presiones por encontrar la manera de reducir la cifra de personas desaparecidas. En este contexto, será importante el papel tanto de la sociedad civil mexicana como de la comunidad internacional para monitorear el desenlace del nuevo censo y para exigir que los esfuerzos del Estado se enfoquen en mejorar la búsqueda de las personas desaparecidas y poner fin a la crisis, no en iniciativas motivadas por razones políticas.
